Wednesday 18 de January de 2017

Legisladores federales: reinventando la injusticia

     30 Mar 2012 04:00:00

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"Los mexicanos no son pobres. Con una tierra como esta, nadie es pobre. Su particularidad ha sido inventar la injusticia antes que la pobreza; así, esta última fue hija de la primera, no al revés.” Ikram Antaki en El pueblo que no quería crecer.

En lo que pareciera ser una mera estrategia para acotar las recientes críticas de Felipe Calderón hacia la inactividad de la Cámara de Diputados, ayer, sin razonamientos de fondo, todos los grupos parlamentarios representados en la Cámara baja (PRI, PAN PRD, PVEM Y PNA), excepto el diputado Jaime Cárdenas Gracia del Partido del Trabajo, aprobaron la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, que disminuye la edad penal de 18 a 14 años, con lo que los niños podrán ser encarcelados y condenados por la comisión de delitos federales. Si no es que muertos en los operativos de persecución y captura.
Durante el mes de noviembre de 1959, la Organización de las Naciones Unidas elaboró y consensó entre los estados miembros (entre ellos México), la Declaración de los Derechos del Niño. En esta se definió: “Niña o niño, son todos aquellos seres humanos menores de 18 años”. En febrero de  1988, más de 30 organizaciones no gubernamentales, entre ellas “Oficina internacional Católica de la Infancia” y “Salven a los niños y las niñas”, colaboraron con la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para la redacción final de la propuesta para la Convención sobre los Derechos de la niñez, donde se ratifica el concepto de niño y niña de la Declaración de 1959 y se establece “todo tipo de derechos”, tales como la no discriminación, el derecho a la vida, supervivencia y el desarrollo, identidad, contra los traslados y retenciones fuera de la ley, a la seguridad social, a un nivel de vida adecuado, a la educación, al descanso, al juego, al arte y la cultura, contra el trabajo peligroso, contra los tratos crueles y la pena de muerte, trato digno y justo en asuntos de justicia, entre otros.
Finalmente el 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad el documento. México lo suscribe en términos del artículo 133 de nuestra Constitución Federal, por lo que el tratado se convierte en Ley Suprema de toda la Unión.   
Este diario ha venido señalando y denunciando la situación económica y social en los distritos electorales de nuestra entidad: desempleo, miseria, marginación, migración, inseguridad, abandono escolar y hambre. Todo agravado por la sequía.
Miguel Concha alerta sobre “el trance de pobreza alimentaria en que viven 28 millones de personas” y  hace referencia al índice de desnutrición infantil que reporta el Instituto Nacional de Salud Pública que padecen 42.7% de los niños menores de 5 años.
En 2004, ya con el gobierno de Fox, la Secretaría de Desarrollo Social, publicó un estudio cuyo título, por sí sólo refleja el vínculo causal entre situación económica y delincuencia. Pobreza y violencia fue el nombre dado al documento que, citado en el libro Pobres y delincuentes, de Nelson Arteaga Botello, se señala al pobre y al delincuente como “dos figuras contemporáneas que definen hoy en día los puntos extremos tanto de la disfuncionalidad económica como de las normas sociales”.
Este libro: Pobres y Delincuentes, de Nelson Arteaga Botello, de lectura obligada para todo interesado en políticas públicas en materia de inseguridad; fue publicado en coedición de la Universidad Autónoma del Estado de México y la Cámara de Diputados de la 59 legislatura Federal, de una serie denominada:  Conocer para decidir.
Estos antecedentes nos llevan a la formulación de una serie de interrogantes:
1.- ¿Se deslindará el gobierno de México del Tratado Internacional suscrito en 1959 y ratificado en 1989?
2.- ¿Y en qué condiciones queda el principio de igualdad ante la ley, que consiste en la posibilidad de que gozan las personas que se encuentran colocadas en un supuesto legal determinado de adquirir los mismos derechos y contraer las mismas obligaciones, es decir, de ser tratadas de la misma manera? Porque al considerar que el menor de 18 años y mayor de 14, dispone de lo que en derecho penal se conoce como capacidad de entender y querer como fuentes de la culpabilidad; por consecuencia, debe reconocerse también dicha capacidad para votar y ser votado, administrar sus bienes y hasta de contraer nupcias sin necesidad de permiso especial.
3.- ¿Leerán los diputados el libro  Pobres y Delincuentes como una forma de conocer para decidir?

*Profestor universitario




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