Sunday 22 de January de 2017

Llaman a coacusados a presentarse

     21 Feb 2012 03:20:00

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Eduardo Ruiz Fierro  es acusado de tráfico de influencias.
Eduardo Ruiz Fierro es acusado de tráfico de influencias.

El procurador Arturo Nahle García instó a los coacusados por tráfico de influencias, Salvador Salado Guerrero y Miguel Guzmán Guzmán, a presentarse voluntariamente en el Ministerio Público.
La situación del suboficial mayor y el director de Compras del gobierno de Amalia García no es equiparable a la de Eduardo Ruiz Fierro, aunque los delitos sean los mismos, dijo.
El procurador hizo hincapié en que la defensa del exoficial mayor está equivocada al respaldarse en un argumento parecido al que usó la perredista para conseguir el amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Sin embargo, dijo no tener inconveniente en que finque sus alegatos de inocencia en la inconstitucionalidad de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios Relacionados con los Bienes Muebles del Estado.
Nahle García advirtió que la jueza María de Lourdes González no tendría competencia para determinar la ley es o no constitucional.
El asunto compete exclusivamente a la SCJN. Entonces, deberá responder a la defensa de Ruiz Fierro que promuevan una controversia ante el Poder Judicial de la Federación.
El delito que le configura el Ministerio Público a Ruiz Fierro existe y tendrá que responder por él ante el Juzgado de Garantías de Zacatecas, sentenció el procurador.
Explicó que la ley de adquisiciones data de 1988. Entonces, el artículo 64 de la Constitución decía que una ley debía ser promulgada y ratificada con las firmas del gobernador y el secretario de Gobierno.
En 1998, el gobernador Arturo Romo promovió una reforma constitucional.
De esa forma el artículo 64 se convirtió en el 62. Y consignó -está vigente aún- que las leyes debían ser promulgadas y ratificadas por el gobernador, el secretario general de Gobierno y el titular del área.
Fue, puntualizó Nahle García, 10 años después de que se promulgara la ley de adquisiciones vigente.
El alegato de la defensa de Ruiz Fierro, así pues, no tiene sustento legal.
Además, enfatizó el procurador, Ruiz Fierro debió, como oficial mayor respetar los lineamientos de honestidad en las compras y no, por el supuesto de que la norma es inconstitucional.




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