Friday 20 de January de 2017

Los rostros del carbón y el año de gracia

     12 Apr 2013 03:20:00

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La aprobación ayer, en San Lázaro, de la prohibición del trabajo en las minas de carbón conocidas como “pocitos” y “tiros verticales”,  corresponde a una historia truculenta y pendiente de aclarar, que comenzó el 8 de noviembre de 2012, cuando el Pleno de la Cámara de Diputados mandató prácticamente lo mismo que ahora ha vuelto a mandatar,  con la reforma a la Ley Federal del Trabajo.
Aunque hay, entre la reforma del 8 de noviembre y la de ayer, 11 de abril, una diferencia que podría dar luz sobre los motivos que tuvieron hace cinco meses, gente desde la clandestinidad, para meter el pie al proceso legislativo: de última hora el Pleno, por propuesta del PRI, insertó un artículo transitorio en el que dan un plazo máximo de 12 meses a los concesionarios de minas de carbón para suspender definitivamente la extracción de carbón en los tiros verticales. Entre tanto, podrán continuar trabajando.
Aquel día, jueves 8 de noviembre, el Pleno ordenó que el artículo 343-A en su párrafo segundo, dijera expresamente lo siguiente: “queda prohibido el trabajo en tiros verticales (los llamados ‘pocitos’) para la extracción de carbón, a profundidades menores de 100 metros mediante el empleo de botes; en este caso, la extracción de carbón deberá realizarse mediante tajos a cielo abierto y tiros inclinados.
Este párrafo -que ayer otra vez fue incluido- congratuló prácticamente a tirios y troyanos, a pesar de pertenecer a una ley controvertida por todos sus flancos. Se trataba de hacerle justicia a cientos de trabajadores, la mayoría del estado de Coahuila, que han muerto o sufrido accidentes con secuelas permanentes por causa del trabajo en los “pocitos” de carbón.
Los 65 trabajadores de la mina de carbón de Pasta de Conchos, que perdieron la vida el 16 de febrero de 2006 y que literalmente continúan insepultos, permanecieron ayer, en el Pleno, fantasmales, aupados en la memoria del Congreso de la Unión.
Pero, ¿por qué otra vez legislar exactamente lo mismo, como si lo que mandataron el 8 de noviembre no hubiera tenido la menor validez? El día en que la presidencia de la mesa directiva -a cargo entonces de Jesús Murillo Karam, actual procurador general de la República- envió la minuta aprobada al Senado de la República, para su refrendo o modificación, aquel párrafo segundo del 343-A desapareció. Había sido borrado literalmente de la minuta.
¿Quién fue? Murillo dijo que él no, y desde entonces el Pleno se ha hecho el desentendido, para no ordenar una investigación de porqué un mandato legislativo tan importante fue suprimido ilegalmente del cuerpo de la minuta. Y optó mejor por dejar que continuara así el proceso legislativo: el Senado aprobó la minuta de la Ley Federal del Trabajo sin considerar el párrafo de marras, y sin insertarlo otra vez en el 343-A, aún cuando hubiera podido hacerlo, como ahora sí lo hace la Cámara, cinco meses después.
Lo que ayer se dijo en la tribuna, en torno de los pocitos, fue algo así como la reedición de lo que se debatió, a propósito del caso, entre septiembre y noviembre de 2012. Con excepción, claro, de lo que se dijo en torno de la inclusión del transitorio de marras, propuesto por el PRI en voz de Fidel Pacheco, y que la mayoría plenaria -compuesta por PRI, PAN y PVEM- aceptó de inmediato.
Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, atajó: “nos preocupa que se esté planteando darle 12 meses. Ya vienen aquí los atenuantes para no tocar intereses que se quieren proteger y que, evidentemente, lastiman la vida laboral en algunas regiones del país, particularmente la región carbonífera de Coahuila”.
Y restallaba Mejía: “les doblaron la mano a algunos legisladores y están presionando los grupos de interés que trafican con el coyotaje, con la explotación infantil para que les den plazo, y ahorita hablamos de 12 meses y quizá al rato venga una reforma para ampliar el plazo porque no tienen condiciones para generar la infraestructura. Y así la explotación minera en los pocitos seguirá postergándose. En vez de un año, proponemos 60 días, que es tiempo razonable”.
 

Posicionamientos
Jorge Acosta, del PRI: “las reformas de hoy pretenden proteger a los trabajadores de prácticas laborales abusivas e inhumanas…”; José Caamal, de Nueva Alianza: “el 31 de marzo de 1969 explotó la mina de carbón Guadalupe, en Barroterán, Coahuila, con saldo de 153 muertos. En Pasta de Conchos murieron 65 en 2006; en mayo de 2011, 14 fallecieron en San Juan de Sabina. Sería inadmisible otro accidente fatal...”; José López, del PT: “mina La Escondida, Saltillo; mina Tayau, en Zacatecas; mina Dolores, en San Luis Potosí, y La Florida, La Esmeralda, Pasta de Conchos… Deben terminar las tragedias…”; Lourdes López, del PVEM: “evitemos desgracias como la de Pasta de Conchos, Coahuila...”; Luisa Alcalde, de Movimiento Ciudadano: “inadmisible que en esas minas de Coahuila haya condiciones de esclavitud…”; Trinidad Morales, del PRD: “sigamos pugnando por más protección a mineros…”; Esther Quintana, del PAN: “pues sí, algún duende esfumó el articulado…, pero lo importante es que estamos de vuelta”. Y el PRI en voz de Jorge Acosta: “es urgente prohibir los tiros verticales...”.
Pero, ni tan urgentes, porque el PRI se sacaba de la manga lo de los 12 meses.

vicentebello1@hotmail.com




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