Tuesday 17 de January de 2017

¿Malas leyes o malos aplicadores?

     30 Dec 2010 00:00:00

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AL PRINCIPIO
En el terreno de la vida pública, cuando se trata del examen de los males sociales, siempre se impone distinguir en dónde está la falla, si en las leyes, o en su defectuosa aplicación. El caso de los hasta ahora impunes asesinatos de Marisela Escobedo y su hija lo ejemplifican, ella, al igual que la señora Wallace, tuvo que investigar por cuenta propia la identidad del asesino de su hija, localizarlo en Fresnillo, Zacatecas, promover que la policía de Chihuahua lo pusiera a disposición de la justicia, recuperar los restos de su hija gracias a la confesión del homicida y después, escuchar cómo el Poder Judicial de aquel estado ordenaba la libertad del asesino confeso, ante lo cual, se instala en plantón frente al Palacio de Gobierno de esa entidad en donde sería arteramente asesinada pocas horas antes que uno de sus cuñados fuera “levantado” de su carpintería, la que fue incendiada antes de que su cuerpo apareciera, el último episodio de esta tragedia es el asilo en los Estados Unidos de toda la familia de Marisela Escobedo.
El gobernador de Chihuahua, en una típica operación de control de daños, hizo destituir a tres jueces que tuvieron vela en el entierro en el juicio oral que culminó con la exoneración del asesino. Exhibiendo, de paso, la subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo. Y demandando juicio político para los mencionados jueces.
Sin embargo, varias asociaciones de abogados han publicado manifiestos en contra de la postura del gobernador, manifestando que las fallas del caso se localizan en una  dependencia  del Poder Ejecutivo: el Ministerio Público.
Los zacatecanos tenemos otra historia de justicia fallida en el expediente de la infortunada jerezana Siri de la Torre, salvajemente lesionada hasta quedar paralítica por su pareja, mismo que fue puesto en libertad por obra y gracia de una consignación defectuosa.

A DEBATE
Todo esto viene a colación por la reciente iniciativa del Ejecutivo para reorganizar la Procuraduría de Justicia, creando una Subprocuraduría  de Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, lo que me parece un importante paso adelante en la evolución institucional de esa dependencia, en tiempos en que la defensa de los derechos humanos es tarea que reclama el mayor de los esfuerzos.
La iniciativa promueve que las subprocuradurías regionales se conviertan en delegaciones, y que el Instituto de Formación Profesional se traslade a la Secretaría de la Seguridad Pública.
Una iniciativa como la aludida, que en mi opinión va en la dirección correcta, aunque sólo conozco lo que los medios publican al respecto, deben ser motivo de debate informado entre colegios de abogados, maestros y estudiantes de Derecho, partidos políticos y, obligadamente, de las distintas fracciones parlamentarias, con el fin del perfeccionamiento inherente a toda propuesta, pero sobre todo, con el afán de discutir la realidad que propone modificar la iniciativa en cuestión, para saber si  la incapacidad ante los problemas que se propone atender tienen su origen en las leyes o en su defectuosa aplicación.

URGENCIA SOSLAYADA
Si  tenemos en cuenta que cambiar las leyes no significa necesariamente cambiar la realidad, evitaremos caer en la demagogia legislativa en la que vive inmerso un país en donde hay un abismo entre la legalidad y la vida real.
Las virtudes de la propuesta del Ejecutivo son insuficientes si no se inicia una rectificación urgente de lo que en mi opinión es el mayor problema de la procuración de justicia en el estado; La precariedad: casi inexistencia, de la policía investigadora.
Hay muchísimos delitos del fuero común sin resolver: robos a casas habitación, homicidios, abigeato, extorsiones, robo de autos y fraudes, entre otros.
Lo peor es que, desde que Zacatecas se incorporó al campo de operaciones del crimen organizado, hay muchos secuestros y “levantones” que simplemente nadie investiga, ni los que culminan con el regreso después del pago de rescate, como el hijo del empresario Fresnillense Salomón Ramos o como José  Quezada, comerciante de Jalpa liberado hace unos días  después de “ponerse a mano”.
Los que más resienten la ausencia de la investigación policial son los familiares de “desaparecidos”, a los que la autoridad no busca si no son casos de alto impacto, como si nunca hubiesen existido. 

AL ÚLTIMO
VISTA CORTA
La urgencia de una policía investigadora la gritan  los jueces, los abogados, lo dice todo mundo, lo señala con comedidos modos Leonor Varela, esta falla, por lo demás, aunque en distintas proporciones, la padece la procuración de justicia en todo el país, ¿por qué no se atiende? a lo mejor por la omisa actitud  de la clase gobernante ante lo de largo plazo.

Nos encontramos el lunes en El Recreo




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