Wednesday 18 de January de 2017

Miscelánea

\"El voto de los zacatecanos en julio del 2010 fue indudablemente una expresión cargada de esperanza en aras de tener un buen gobierno, pero también significó un ¡ya basta! \"

     21 Jan 2011 04:00:00

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Observatorio ciudadano:
Se informa en los medios de comunicación, que se ha integrado el llamado Observatorio Ciudadano en materia de seguridad pública y en procuración de justicia. Una asociación de esta naturaleza, desde luego que puede ser útil si no se oficializa y si sus funciones están encaminadas a observar y analizar el quehacer de los servidores públicos en el ramo, así como de sus policías; sin omitir el ejercicio de la crítica constructiva ante el gobernador y funcionarios, recogiendo para ello las quejas y peticiones de los zacatecanos o, cuando menos, erigiéndose en su portavoz ante las instancias oficiales.

La duda que han expresado algunos ciudadanos y que comparto, es la figura anónima de los integrantes del observatorio y la estrategia privada en la toma de protesta a sus miembros.
A menos que las funciones de este órgano sean diferentes al ejercicio de la crítica y se pretenda que sea éste  quien diseñe las políticas en materia de seguridad pública y en procuración de justicia. Sólo que entonces, observatorio ciudadano debe conformarse por especialistas en la materia.
Lo cierto es que hay confusión en el carácter ciudadano del organismo recién creado que esperemos no sea sólo un instrumento para fines mediáticos y oficializado en sus objetivos.
Prerrogativas a partidos:
El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas ha asignado para éste 2011 y distribuido entre siete partidos políticos en la entidad y con registro federal, poco más de 80 millones de pesos.
Durante mi breve estancia como representante de un partido político ante el Instituto Electoral, pude percatarme de lo permisivo que es el sistema de control (si lo hay) del gasto que ejerce cada partido político: otorgamiento de préstamos personales a los dirigentes sin justificación y sin garantía de pago; informes financieros carentes de sustento documental que explique y acredite la inversión del recurso público y, lo peor de todo, con un instituto electoral que carece de instrumentos legales y de decisión política para obligar a los dirigentes partidistas a la justificación de la inversión de los recursos o a su resarcimiento en caso contrario.
Millones de pesos sin acreditar en cada ejercicio anual en éste rubro. El Tribunal de Cuentas propuesto por el ejecutivo fiscalizaría los recursos que se otorgan a los partidos políticos y, como órgano administrativo con funciones jurisdiccionales, tendría facultades para requerir con plenitud de atribuciones el resarcimiento en su caso.
Éste es otro de los motivos no confesados de quienes se oponen a la aprobación de un nuevo sistema de fiscalización.
Conflictos políticos. ¿Estériles?
En un hecho sin precedente en la historia política de Zacatecas, ha sido citada a comparecer ante la Contraloría del Estado la exgobernadora Amalia Dolores García Medina.
Igual situación enfrentan los más cercanos de sus colaboradores y en lo que parece ser inevitable, la lista de convocados a rendir cuentas tiende cada día a ser más amplia: por un faltante de 8 millones se cita a Jorge Miranda, exsecretario de finanzas, motivando éste el citatorio a Gustavo de la Rosa Muruato excoordinador de asesores, quien a su vez está induciendo con su declaración el que sea citado el primo hermano de la exgobernadora Rafael Medina Briones en lo que parece ser una reacción en cadena para repartir culpas.
Algunos perredistas piden mesura y exigen se le de vuelta a la página de la historia. El exgobernador Arturo Romo dice que “los zacatecanos rechazan conflictos estériles”, al tiempo que hace un llamado al gobernador Alonso a “no distraerse y centrar su gobierno en la resolución de los problemas que agobian a la entidad”.
El voto de los zacatecanos en julio del 2010 fue indudablemente una expresión cargada de esperanza en aras de tener un buen gobierno, pero también significó un ¡ya basta! de tropelías, de corichineros y de saqueo al erario público por aventureros de la política.
Implicaba también ese ¡ya basta! el resarcimiento del daño causado al erario público para recuperar el patrimonio de los zacatecanos y desde luego la sanción  a los responsables.
No puede el gobernador Alonso cerrar una página de la historia de Zacatecas  sin acabar de escribirla, aún cuando con ello se incomode a algunos de los beneficiarios. Los zacatecanos agraviados, que somos la mayoría, exigimos no venganza: justicia sí y la recuperación del dinero desviado del erario público.    

*Profesor universitario




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