Friday 24 de March de 2017

Naturaleza jurídica del presupuesto

Tren Parlamentario

     24 Dec 2012 03:30:00

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Autorizar el Presupuesto de Egresos de la Federación ha sido, todos los años, la actividad legislativa y parlamentaria más importante del Congreso General, porque sus efectos recalan, para bien o para mal, en todas las actividades de la República.
La revisión y autorización del Presupuesto en México es una labor exclusiva de la Cámara de Diputados desde los tiempos del Constituyente de 1857, cuando éste mandató que el Congreso General (el nombre formal del Congreso de la Unión) se convirtiera en unicamaral (periodo que sólo duró de 1858 a 1874); es decir, que tendría que desaparecer la Cámara de Senadores para ser representado solamente por la Cámara de Diputados.
La autorización de marras es la función de control político por antonomasia. La función que estudiosos del derecho parlamentario mexicano y comparado consideran como la más importante, y a la que subordinada debería estar siempre  la función legislativa.
Por supuesto, la revisión y aprobación del gasto público nunca ha estado exenta de polémica, ni en México ni fuera de éste. Por ejemplo: un debate sobre la naturaleza jurídica del presupuesto, tan centenario como cíclico, irrumpe de vez en vez. Y podría sintetizarse en la siguiente pregunta: ¿es el presupuesto en México un asunto político o administrativo?
Quienes opinan que es un asunto político, afirman que el presupuesto siempre debe estar  indefectiblemente sujetado a los criterios políticos de quienes asumen la condición de representantes del pueblo. Y, por tanto, el presupuesto debe responder a los intereses de la mayoría de los representados y no a los intereses de quienes lo aplican, ejercen o ejecutan.
La revisión del gasto público es también un símbolo del contrapeso político, expresado en las instituciones del Congreso.
A lo largo de la historia de México, y en el resto del mundo, siempre hubo gente que afirmaba que el acto de autorización del presupuesto no es político, sino meramente un acto administrativo.
En torno de estas dos consideraciones tan históricas como centenarias, el Congreso mexicano ha navegado en mar picado cada que se pone a revisar las partidas públicas con fines de autorización.
No hay excepción estos días, por supuesto,  en que fue autorizado el presupuesto de egresos 2013.
La Cámara de Diputados fue criticada con severidad por miembros de la oposición, que han asegurado que la institución sólo hizo el trabajo de una Oficialía de Partes del Ejecutivo federal, porque se puso a autorizar sin más lo que la Secretaría de Hacienda remitió en el paquete económico aquel, compuesto por la Ley de Ingresos, los Criterios Generales de Política Económica y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Y comparar a la Cámara de Diputados con una Oficialía de Partes es también algo así como afirmar que asumió solamente una condición administrativa; como lo podría estar haciendo una dirección  general de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Año atípico, suelen tildar así el primer año sexenal, cuando el paquete económico -que en años normales acostumbra el Ejecutivo entregar al Congreso, vía Cámara de Diputados, a más tardar los días 6 de septiembre de cada año- aparece en San Lázaro en los días inmediatos posteriores al relevo presidencial de los días 1 de diciembre.
Traslapado al paquete llega la justificación: como es poco tiempo para su revisión, hay que trabajar con celeridad y con grandes dosis de negociación cupular.
Así ocurrió esta vez. El paquete económico fue negociado, cabildeado, en los territorios del Ejecutivo federal y no en los de la Cámara de Diputados, cuyas comisiones ordinarias de Hacienda y de presupuesto -las estelares en cuanto a estos temas- sólo asumieron el papel de observadoras si no es que hasta de alcahuetas, ante los conciliábulos que protagonizaron para estos efectos del presupuesto la Secretaría de Hacienda y los gobernadores.
Por esto tiene tanto peso la argumentación de quienes aseguran, desde la oposición, que la revisión y autorización del paquete económico 2013 fueron instrumentadas todo el tiempo por el Ejecutivo.
Han remachado quienes critican que un ejemplo de ello ha sido el hecho de que la gran mayoría de los diputados federales, la noche del jueves, día en que se aprobó el Presupuesto, no sabían realmente qué habían autorizado.
No obsta decir que quienes han pretendido siempre que la Cámara de Diputados asuma una condición servil, meramente administrativa, son aquellos legisladores que en turno de ejercicio de la Presidencia de la República están sus partidos políticos. Y que son los opositores quienes opinan que es la actividad del Congreso que más cumple con las características de ser una función de control político.
Tren Parlamentario desea a todos lo mejor. Hasta pronto y gracias.

vicentebello1@hotmail.com




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