Thursday 19 de January de 2017

Nombra EU a primer defensor de migrantes

Andrew Lorenzen-Strait ocupará el nuevo puesto

     8 Feb 2012 04:00:00

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WASHINGTON, DC.- El Departamento de Seguridad Nacional creó la figura de un defensor público que atenderá quejas y dudas sobre las políticas de su agencia de inmigración.
El nombramiento de Andrew Lorenzen-Strait como el primer defensor público del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) fue anunciado el martes por John Morton, director del organismo.
John Morton dijo que el cargo fue creado para garantizar que los grupos de defensa y el público en general comprendan las modificaciones realizadas dentro del departamento y las implicaciones de esos cambios para inmigrantes no autorizados que han sido detenidos por autoridades migratorias o aquellos que enfrenten la deportación.
Lorenzen-Strait, abogado que ha trabajado con la agencia desde 2008, también atenderá las dudas sobre los departamento del ICE que atiendan casos de ciudadanos estadounidenses.
Morton dijo que el nuevo rol de Lorenzen-Strait es un nuevo cambio que la agencia ha hecho para mejorar su funcionamiento.
"Hemos implementado un gran número de reformas desde una perspectiva normativa y queremos asegurarnos que son comprendidas uniformemente por el público y las comunidades de defensa al inmigrante", dijo Morton.
Lorenzen-Strait, por su parte, consideró que su nuevo cargo es el de facilitador "de un diálogo bidireccional". Se reportará ante Gary Mead, jefe de la oficina de Operaciones de Aplicación de la Ley de Deportaciones del ICE.
En meses recientes, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) anunció cambios en la forma en que las autoridades deciden cuáles inmigrantes no autorizados son deportados.
En junio, Morton explicó en qué casos los agentes y fiscales de migración pueden usar su criterio para decidir no buscar la deportación en algún caso.
La secretaria del DHS, Janet Napolitano, fue más allá al anunciar en agosto la revisión de cerca de 300 mil casos pendientes de deportaciones como parte de los intentos del departamento por enfocar sus recursos en la deportación de inmigrantes no autorizados que tienen antecedentes penales, infractores reincidentes de leyes migratorias y quienes representan una amenaza para la seguridad pública o nacional.
Los congresistas republicanos se han opuesto abiertamente a los cambios y en ocasiones han dicho que la nueva política es una "amnistía de puerta trasera".




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