Thursday 19 de January de 2017

Otro riesgo

     12 Apr 2012 03:20:00

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Millones de personas en todo el mundo han expresado su rechazo a las leyes para controlar el internet.
Millones de personas en todo el mundo han expresado su rechazo a las leyes para controlar el internet.

Ante las iniciativas que pretenden regular la información que se maneja en la red aparece otra que parece ser más peligrosa: la CISPA, que da poder absoluto al FBI, la CIA y el ejército de EU para ingresar a correos o cuentas de redes sociales y arrestar a cibernautas.

Desde octubre de 2011, a nivel global se han puesto sobre la mesa de la esfera pública iniciativas de leyes para crear medidas coercitivas que frenen acciones civiles en internet.


La última propuesta en Estados Unidos es la norma Cyber Intelligence Sharing and Proteccion Act (CISPA), mientras que en México el diputado federal del Partido Verde, Rodrigo Pérez Alonso, logró el dictamen de reformas penales sobre “delitos informáticos”, lo cual podría representar terribles riesgos contra la libertad de internet.


Cabe señalar que ha quedado demostrado que el valor principal de los usuarios de internet es la libertad de comunicación con otros usuarios. El poder de los cibernautas para construir nuevos canales de comunicación y modificar la tecnología existente mediante el conocimiento permitió la creación de espacios de interacción hasta cierto punto autónomos.


Así WikiLeaks se convirtió en un contrapeso en el andamiaje político y Megaupload del dominio económico de los productos culturales.


Esta libertad generó el hacktivismo: uso de la tecnología por parte de expertos con determinados fines sociales, políticos, económicos o culturales. Los cibermovimientos civiles registrados desde 2008 han terminado en revueltas callejeras, manifestaciones en plazas, derrumbe de gobiernos autoritarios y espacios de ciberresistencia. Basta revisar los casos de Egipto, Túnez, Libia y el fenómeno global de “indignados”.


El control de la red
Durante el último año han aparecido en el escenario global diversas propuestas para intentar controlar la libertad de la red y criminalizar diversas acciones civiles. Algunas normas son en Estados Unidos la Ley SOPA (Stop Online Piracy Act) y PIPA (Protect IP Act), el ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), firmada por más de 25 países en el mundo; la Ley Döring (iniciativa mexicana), SINDE (España), Lleras (Colombia) y Ley de Seguridad (Gran Bretaña).


A este desfile de iniciativas contra la libertad de la red, se suman dos nuevas. La llamada CISPA o proyecto HR 3523 comenzó a ser promovida por más de 100 congresistas en Estados Unidos.


Dicha propuesta da poder absoluto al FBI, la CIA y el Ejército para interceptar correos, ingresar a cuentas de redes sociales y arrestar a cibernautas bajo el pretexto de “seguridad nacional”.


El doble discursollega a México
En México el diputado del Partido Verde Ecologista, Rodrigo Pérez Alonso, presentó una iniciativa de reformas en materia de “delitos informáticos” que abarca algunos conceptos que son aceptados dentro de la legislación digital como es la pornografía infantil o el robo de identidad, pero esconde un doble discurso al considerar algunos aspectos de libertad de la Sociedad de la Información como crímenes.


El dictamen considera cárcel para quien copie información contenida en sistemas del Estado. Esta medida va dirigida a grupos hacktivistas como Anonymous, que han logrado penetrar a sistemas públicos para revelar en algunos casos la doble moral política.

También contempla cárcel para quien teniendo acceso a archivos del gobierno los copie y divulgue sin permiso. Aquí se pondrían en riesgo la libertad de información si un periodista publica datos de corrupción contenidos en bases digitales del Estado, entonces estaría cometiendo un ciberdelito y tendría que ser arrestado.


Si bajo estas premisas se intenta regular la libertad de internet, entonces los dirigentes de los partidos ya estarían en la cárcel por usar datos personales de los cibernautas, utilizar bots y trolls en las campañas, lo mismo pasaría para el sistema financiero que posee una cantidad de información personal y gubernamental para fines comerciales.


Sobre estos dos últimos puntos (copiar y divulgar información del Estado) más que atacar un crimen, la iniciativa parece criminalizar la libertad de información de los asuntos públicos para ocultar lo público bajo el argumento de “protección”, confundiendo el cibercrimen entre vida personal, propiedad intelectual, pornografía infantil, derechos de autor y datos públicos.


* Autor del libro
“Zacatecas y la sociedad internet”




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