Thursday 23 de March de 2017

Pierde el gobierno juicios laborales por descuido

Falta capacitación e interés a los jurídicos, coinciden funcionarios

     4 Jan 2012 03:40:00

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En ocasiones los procesos legales se alargan porque la Junta Local de Conciliación y Arbitraje tiene mucho trabajo.
En ocasiones los procesos legales se alargan porque la Junta Local de Conciliación y Arbitraje tiene mucho trabajo.

La falta de seguimiento, el desinterés para comparecer y ofrecer pruebas e incluso contestar las demandas laborales son las principales causas por las que los ayuntamientos y el Gobierno del Estado pierden los juicios que entablan los trabajadores en su contra.
A esto se suma, explicó el presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Zacatecas (Fecaaz), Pablo Mercado Solís, la falta de capacitación del personal para atender los casos.
Sin embargo, el problema empieza desde antes, advirtió Aquiles González Navarro, exprocurador de Justicia del Estado, cuando los responsables de los departamentos se eligen por compadrazgo y amiguismo, no por capacidad profesional.
En esto coincidió el coordinador jurídico del Gobierno del Estado, Uriel Márquez Cristerna, aunque sólo se refirió a los abogados de los ayuntamientos, no de las dependencias estatales.
“Lo que pasa es que los presidentes municipales ponen de jurídicos a las personas menos adecuadas, a los amigos, y no tiene la misma eficacia”, dijo.

Desconocen el trámite
González Navarro explicó que, desde hace unos años, los burócratas han aprendido a defender sus derechos como trabajadores y ya no resulta tan sencillo como antes despedirlos sin justificación.
Sin embargo, aseguró que la capacitación de los patrones no ha mejorado y desconocen que deben sustentar los despidos con actas administrativas.
“Los funcionarios no tienen el conocimiento necesario de la ley para saber la manera y las causas por las que se puede despedir a un trabajador y no elaboran actas administrativas”, declaró el exprocurador.
Por este motivo, expuso, acuden al juicio sólo con su palabra, sin documentos que avalen lo que defienden, por lo que el despido se convierte en injustificado y así es como el trabajador asegura su victoria, manifestó González Navarro.

Desconocimiento
La poca capacitación que tienen tanto los patrones como los encargados del departamento Jurídico provoca una ausencia de seguimiento y un desinterés en el desarrollo de los casos, aseguró Pablo Mercado Solís, presidente de la Fecaaz.
“Falta que los jurídicos atiendan con profesionalismo cada uno de sus asuntos y, como un abogado particular, hagan suyos los casos y pongan todo su empeño para defender los intereses del gobierno”, declaró.
El problema llega al extremo de que las autoridades del estado o municipios ni siquiera se presentan en los juicios laborales y a veces ni contestan las demandas, explicó.

Deben acortarse los juicios
Los errores en materia judicial laboral son como eslabones que forman una cadena de inconvenientes para las dos partes involucradas.
Esta serie de perjuicios empieza con la falta de capacitación que genera una ausencia de interés y seguimiento, lo que provoca, a su vez, que los juicios se alarguen innecesariamente.
Esa tardanza es la razón por la que muchas veces se ven condenas resarcitorias en los municipios de 4 o 5 millones de pesos para un trabajador, manifestó Aquiles González, pues deben pagar salarios caídos.
Por ello, dijo, es urgente reformar la ley a fin de establecer un plazo máximo de tres meses para resolver un juicio laboral y evitar más gastos.
No obstante, el motor de fondo que provoca el alargamiento de los juicios y, por ende, su lentitud en la resolución, es la carga de trabajo que tienen tanto la Junta como el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

Urge reforma política
La lentitud de esas dependencias no debe ser atacada tan sólo con modificaciones superficiales a la ley, sino que es necesaria una reforma política que descentralice sus funciones, por lo que “urge una judicialización de los órganos laborales”, aseguró González Navarro.
La Junta depende del Ejecutivo, por lo que en un juicio que tenga tintes políticos, declaró el regidor, el gobernador puede influir en la decisión de los jueces.
Este sería el primer problema que se encuentra con la centralización que existe en esta materia jurídica, mientras que el segundo es la dificultad para los trabajadores de los municipios para trasladarse hasta la capital del estado a fin de interponer una denuncia, así como para asistir a las distintas audiencias que se realicen.
Un tercer inconveniente es que para realizar una reforma de esta naturaleza debería analizarse a profundidad la situación jurídica del estado y tener de antemano una propuesta muy clara.
Los presidentes municipales también se quejan, declaró Uriel Márquez Cristerna, ya que la carga de trabajo provoca que las audiencias tengan que aplazarse hasta que se encuentre un espacio para tratar el nuevo asunto, lo que genera mayores salarios caídos en los juicios.




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