Monday 23 de January de 2017

Piso mínimo al presupuesto educativo

El gasto de la educación pública y los servicios educativos en México no sólo comprende cada uno de los niveles de educación sino también la educación para adultos, el desarrollo y promoción de la cultura, el deporte

     7 Mar 2011 04:00:00

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En días pasados,  la Cámara de Diputados aprobó modificaciones al artículo 25 de la Ley General de Educación con el objetivo de que el financiamiento al sector educativo no sea inferior al que se destinó en el presupuesto del año anterior. El hecho, en sí mismo, es una buena noticia ya que permitirá que los recursos para el sector educativo vayan a la alza  año con año -o por lo menos-  se mantengan en la misma cantidad aprobada en el ejercicio fiscal previo. En otras palabras, un piso mínimo, y no menos, en términos presupuestales para la educación.

Sin duda alguna, esta modificación legislativa es una noticia positiva, -en especial  ante la reducción presupuestaria que el sector ha sufrido en los últimos años-, ya que se inserta en la ruta de construir una política educativa de Estado que apunte más allá de los ciclos sexenales.
El dictamen se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales como Cámara revisora.
La obligación del Estado para efectuar inversiones en educación está -o debería de estar- fuera de toda controversia, porque es una pieza clave en la definición del carácter y perfil de una nación.
Por eso todo proyecto nacional, necesariamente, debe de estar sustentado en un plan de obra educativo que en prospectiva identifique los bienes y servicios que requiere la educación. Implica tomar en cuenta el impacto que éstos tendrán, por ejemplo,  frente al  el crecimiento poblacional en edad escolar.
También a la calidad y cobertura a la que se aspire, a la probable extensión  de los grados escolares obligatorios,  el aumento de  la matrícula en la educación media y superior, o bien, a la  ubicación de tecnologías de la información y la comunicación emergentes que revistan mayores beneficios para la práctica docente.
El modelo educativo en educación básica, en este sentido, cuenta con proyectos y programas en esa dirección.
En busca de los equilibrios financieros
Es de esperar, por otro lado, que la crisis del financiamiento de la educación encuentre alternativas. Y éstas indudablemente conllevan a la negociación política.
El legislativo ha reconocido las deficiencias y la problemática que aquejan hoy en día al sector educativo. Se requieren mayores recursos para el mejoramiento de la infraestructura y la cobertura educativa -acorde al crecimiento de la población estudiantil-, la  actualización de la remuneración de los docentes,  así como un mayor financiamiento a los programas de formación, actualización, capacitación y superación profesional de los maestros.  
Desde que se activó la crisis económica global diversas instancias, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han instado a los Estados miembros para que no limiten el gasto educativo en aras de equilibrar sus finanzas públicas.
De ahí la necesidad de hacer planteamientos y generar iniciativas que doten a la educación de mayores recursos,  aunque es de suma importancia que el Poder Legislativo, como lo han externado los rectores de las instituciones de educación superior más importantes del país,  redefina junto con los propios actores del proceso educativo el marco conceptual del financiamiento a la educación.
En este proceso es imprescindible que las entidades federativas se sumen a la construcción de una política educativa de Estado.
El gasto educativo en México
En el periodo de 1995 a 2008, el sector educativo (véase “Evolución del Gasto en Educación en México”, AZ Revista de Educación y Cultura, Noviembre 2010, en www.revistaaz.com) alcanzó cerca de la quinta parte del gasto público federal programable, pero en 2009 recibió únicamente el 20.6 por ciento.
El gasto de la educación pública y los servicios educativos (infraestructura educativa, suministros y servicios generales) en México no sólo comprende cada uno de los niveles de educación (básica en sus tres niveles, media y superior) sino también la educación para adultos, el desarrollo y promoción de la cultura, el deporte, la ciencia y la tecnología.
La Ley General de Educación, en su artículo 25 establece que el financiamiento del Estado-Federación, entidades y municipios destinen al gasto en educación pública y servicios educativos, no podrá ser menor a 8% del Producto Interno Bruto del país, el cual también dispone que de ese presupuesto se debe asignar, al menos, “el 1% del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas”.
Los recursos asignados a la educación, como porcentaje del PIB, se encuentra debajo del 50% respecto a lo que establece  la Ley General de Educación.
El financiamiento para el sector en 2006 fue de 3.44%; en 2007, de 3.48%; en 2008, de 3.56 por ciento. Para este año, disminuyó una décima de punto al pasar de 3.8% en 2010 al 3.7% en 2011, es decir, un crecimiento casi nulo y, a la vez, una disminución real de una décima porcentual en el último periodo.
Este es el panorama donde se ubica el debate sobre el gasto a la educación pública, ante la restricción de los recursos económicos al sector. Las aportaciones e iniciativas del Congreso de la Unión para fortalecer a la educación pública son dignas de reconocer.
Se requiere, sin embargo, de una mayor inversión en la educación. La tarea pendiente, es avanzar con mayor celeridad para llegar al 8% del PIB que dispone la Ley General de Educación.

*Presidente de la Fundación SNTE




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