Wednesday 18 de January de 2017

¿Por qué nos hace falta el Código de Ética?

La corrupción se ha traducido en un cáncer que lentamente carcome a las instituciones públicas y privadas

     21 Apr 2011 04:00:00

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Desde el momento mismo en que un servidor público protesta un cargo, adquiere la ineludible responsabilidad de emitir sus actos dentro de los cánones que deben conducir el actuar de todo aquel que esté investido de una responsabilidad ligada a la cosa pública. En ese instante, comienza la gran responsabilidad de desempeñar el cargo con probidad, honradez y legalidad, siempre buscando el bienestar colectivo por sobre los mezquinos y reprobables intereses personales.

Esta conducta debe ser aún más pulcra cuando se trata de un cargo emanado del voto popular, como lo es la función del legislador, la cual, en sí misma, conlleva la gran responsabilidad de emitir las reglas del juego en una sociedad que demanda de sus representantes populares, resultados tangibles e inmediatos, porque en éstos descansa la noble actividad de emitir las leyes que regirán la vida en sociedad.
Por ese motivo, el legislador requiere de una postura impecable al ejercer su función, en donde la ética se convierte en un elemento esencial para su buen y probo desempeño.
La corrupción se ha traducido en un cáncer que lentamente carcome a las instituciones públicas y privadas. En los últimos años ha sido motivo de preocupación de muchas naciones, especialmente aquellas en desarrollo. Este cáncer pone en peligro la estabilidad de las instituciones y deja al garete la viabilidad de los países, porque simple y sencillamente la ciudadanía deja de creer en las mismas.
Una evidente manifestación de corrupción, sin duda, lo constituyen aquellos servidores públicos que cobardemente escondidos en la coraza que representa el ejercicio de una función pública, emiten actos que tarde o temprano terminarán por dañar la imagen no sólo de aquel irresponsable funcionario público, sino de la institución a la que representan.
Muchos han sido los esfuerzos para frenar la ola de corrupción que, como lo señalamos, afecta a un número considerable de naciones, en especial a aquellas cuya economía se encuentra en proceso de maduración como viene a ser nuestro país.
Por ello, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, emitió la resolución A/RES/51/59, que contiene una serie de medidas contra la corrupción y un anexo relativo al Código Internacional de Conducta para los Titulares de Cargos Públicos.
Asimismo, en el mes de diciembre del año 2003, en la ciudad de Mérida Yucatán, México, se aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual surge de un esfuerzo por frenar este mal que lacera a las naciones. Este tratado tiene como finalidad, promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir eficaz y eficientemente la corrupción, así como promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y bienes públicos.
Dicha convención establece en el artículo 8, párrafo 2, que “En particular, cada Estado Parte procurará aplicar, en sus propios ordenamientos institucionales y jurídicos, códigos o normas de conducta para el correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones públicas” y, en el párrafo 3 dispone que “Con miras a aplicar las disposiciones del presente artículo, cada Estado Parte, cuando proceda y de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, tomará nota de las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales, tales como el Código Internacional de Conducta para los titulares de cargos públicos, que figura en el anexo de la resolución 51/59 de la Asamblea General de 12 de diciembre de 1996”.   
De igual forma, México se ha adherido a la Convención Interamericana contra la Corrupción, misma que contiene disposiciones encaminadas al desempeño correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas, así como los mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta.
En términos de lo anterior, al aprobar el Poder Legislativo del Estado un Código de Ética acorde a los parámetros internacionales y además, apegado a los postulados constitucionales, se colocará dentro del consenso que promueve la Organización Global de Parlamentarios contra la Corrupción. Cabe mencionar que la intención del futuro instrumento, será orientar la conducta ética de los diputados que integran esta Asamblea Popular.
Para los que suscribimos el presente instrumento legislativo, es imprescindible contar con un código de conducta con estas características, por la gran importancia social que representa el Poder Legislativo, por el simple hecho de que es necesario que sus miembros cumplan a cabalidad con una función representativa y legislativa, con la misma independencia y autonomía que caracteriza a este honorable congreso local.
Por lo que, conscientes de que la presente legislatura pasa por un momento adverso debido a la percepción negativa de la que es objeto, derivado de diferentes reyertas surgidas en los últimos meses, se considera pertinente buscar un cambio en torno a la necesidad de un régimen de conducta ética, principalmente a través de un acuerdo de aceptación de los principios básicos que todo servidor público debe de cumplir.
A eso le apostamos con el Código de Ética; a cambiar nuestra mentalidad de restricciones (qué no hacer) por la de valores y modelos de conducta (qué sí hacer).

*Diputado local




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