Tuesday 17 de January de 2017

Por una administración más transparente: Huizar

     28 Feb 2013 04:00:00

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El secretario de la Función Pública platicó con parte del equipo editorial de Imagen. (Bryan Rostro)
El secretario de la Función Pública platicó con parte del equipo editorial de Imagen. (Bryan Rostro)

La entrada en vigor de la Ley Orgánica de la Administración Pública, además de evitar duplicidad de funciones del gobierno, permite una mejor gestión de recursos y, por ende, un uso más transparente, aseveró Guillermo Huizar Carranza, titular de la Secretaría de la Función Pública, extinta Contraloría Interna del Gobierno del Estado.
Huizar Carranza asistió a La Mesa de Imagen, donde precisó cómo fue que Zacatecas se embarcó en la “difícil” tarea de modernizar la administración pública.  
Explica que con la nueva Secretaría de la Función Pública (SFP), el 65% del personal que ahí labora se dedica a la prevención de la corrupción en tiempo real, principal diferencia que sostiene con la antigua Contraloría Interna, que resolvía los problemas de corrupción “ya cuando habían pasado”.
En cambio, una de las nuevas propiedades de la actual Secretaría de la Función Pública es que sólo mediante denuncia ciudadana es que se pueden iniciar procedimientos administrativos contra una dependencia o un funcionario, lo que significa que la dependencia que coordina no tiene facultad para abordar investigaciones de oficio.
Huizar Carranza lamenta que Zacatecas sea el único estado cuyo órgano auditor carece de esta potestad y detalla que anteriormente seis de cada 10 procedimientos arrancaban por iniciativa de los mismos funcionarios de la extinta Contraloría Interna.
Agrega que la modernización de las secretarías, propuesta por la Ley Orgánica de la Administración Pública, se orienta, además, a eficientizar los trámites de los servicios de las dependencias estatales.
Incluso, aclara, aunque todavía se revisan algunas aplicaciones, el atraso del Plan Operativo Anual de varias secretarías, se debe a una situación de competencia federal, dado que en 2012 el Presupuesto de Egresos federal fue entregado hasta mediados de diciembre por el cambio en el Ejecutivo.  
El titular de la SFP también afirma que con esta ley entró en vigor también una nueva plataforma informática en varias secretarías que permite realizar diversos trámites en línea, lo que representa un ahorro sustancial de tiempo.
“En ocho meses, Zacatecas ha sido el estado que mayor número de trámites ha reducido en el país; ya se tienen talados un 45% de trámites obsoletos”, refiere.
El funcionario estatal también destapa que con este cambio fueron varios los burócratas que se resistieron a los cambios.
“El Coprovi (Consejo Promotor de la Vivienda Popular) y el Inzace (Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas) fueron los puntos más complicados de esta nueva administración; hubo mucho pataleo porque al final fueron absorbidos por la Secretaría de Infraestructura (Sinfra)”, explica.
Pero también se enfrentaron a cuestiones de oportunidad, ya que tras ser aprobada la ley por el Congreso local en junio de 2012, para agosto de ese mismo año, ya cuando Enrique Peña Nieto había sido nombrado Presidente, la Secretaría de la Función Pública Federal desapareció.
Confiesa que dicha acción desanimó a varios funcionarios, incluyendo al propio gobernador, sin embargo, al final la entidad continuó con el proceso de modernización administrativa.
El secretario enfatiza que precisamente por el reacomodo administrativo los recursos para obra pública se podrán manejar mejor y asegura que la Secretaría de Infraestructura es precisamente una de las que más se revisa por el volumen de obra pública asignada, así como también se audita en corto a dependencias con una amplia cartera de programas de apoyo, como son el DIF estatal y las secretarías del Campo, de Desarrollo Social y de Educación.
A propósito de obra pública, reconoce que en muchas ocasiones la gestión de ésta ha tenido que ver con situaciones políticas; ahora, dice, el proceso de designación recae directamente de la nueva Unidad de Planeación (UP), que depende directamente del gobernador.
“En Zacatecas las obras se decidían o bien por una presión ciudadana muy fuerte o por intereses políticos que nada tenían que ver con marginación ni con los indicadores reales”, razón por la cual, dice Huizar Carranza, se optó por separar funciones entre la UP y la Sinfra.
Es a la UP a la que le compete, previo a la designación de una obra, elaborar un estudio detallado basado en indicadores reales y en el Plan Estatal de Desarrollo; la Sinfra sólo es la ejecutora.   
La nueva Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que apenas entró en vigor hace tres semanas, es también una de las piedras angulares de la gestión de Huizar Carranza como “vigilante” de la Función Pública.
En el caso de la Ley de Responsabilidades, el secretario de la Función Pública menciona que urgía tener una ley que permita dar seguimiento jurídico a procesos administrativos que se emprendieran contra algún funcionario.
Con una Ley de Responsabilidades sin validez, puesto que en el mandato de la perredista Amalia García Medina la ley se había aprobado a falta de la firma del entonces contralor interno, quedaba expuesta la enorme necesidad de que existiera un documento que normara la administración de los servidores públicos.

No hay punto final para AGM
Huizar Carranza asegura que, al ser una ley de carácter procesal, tiene el atributo de abrir nuevas auditorías, “incluso a exfuncionarios”, aunque advierte que existe una prescripción de tres años para emprender una investigación.
En caso de que se retomara el caso de García Medina, “sólo podríamos investigarle el último año de gestión, ya que estamos en el límite” e insiste en que no podría ser por las mismas irregularidades por las que ya se le acusó.
Sobre la posibilidad de promover una denuncia penal, agrega que la acción de demandar por esta vía a un exgobernador es siempre un proceso difícil, dadas las enormes implicaciones políticas que representa, por lo que, previo a esto, siempre se tiene que realizar una valoración con diversas instancias.
Aunque con voz firme sostiene que si en sus manos estuviera, emprendería un proceso penal contra García Medina.  

El origen
 “Cuando tomé el caso de Amalia ya se había descubierto que la Ley de Responsabilidades tenía un gran problema: no estaba firmada; y se hizo una valoración jurídica entre Uriel Márquez Cristerna, (coordinador general jurídico), Arturo Nahle García (procurador de Justicia) y yo sobre los precedentes jurisdiccionales y encontramos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había tenido cinco casos similares y en uno solamente no se había respetado la constitucionalidad de la ley”, detalla.
Así que, prosigue el secretario, “sólo nos quedaron dos opciones: defender la constitucionalidad de la ley o promulgar una nueva que también le daría la opción de amparo”; tras varias consultas con diversos doctos en el tema, se optó por sostener la ley para tratar de procesarla, explica.
Sin embargo, el contador comenta que jamás se imaginó la enorme escalada política que dicho proceso tendría.
“Amalia estaba furiosa”, cuenta y el asunto se politizó a pesar de que tras varias auditorías se habían encontrado 55 irregularidades, de las cuales tres eran directamente contra García Medina.
“Las tres fueron por créditos irregulares en Banamex, por una ampliación presupuestal por mil 800 millones de pesos y por el otorgamiento de préstamos particulares como si hubiese sido una institución bancaria”, detalla.
Huizar Carranza lamenta que diversos poderes políticos intervinieran en el juicio e impidieran que éste se realizara bajo total apego a la ley.
Además, agrega, tras el amparo que le fue concedido a García Medina, el resto de imputados que también seguían un proceso jurídico, acudieron al mismo recurso y se perdieron los procedimientos.
“Había en total 62 funcionarios que estaban siendo investigados; de esos, 50 habían estado entregando documentos y demás recursos para aclarar la situación, sin embargo, una vez que Amalia se amparó, todos hicieron lo mismo y se perdió”, reseña Huizar Carranza.
A pesar de haber sido secretario de Finanzas en la Administración de Ricardo Monreal, explica que pese a que las circunstancias mantienen un rumbo distinto entre él y Monreal, expresa su respeto y gratitud al hoy coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, ya que, detalla: “con él inicié mi vida política”.
Además de la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Responsabilidades y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que ya tiene año y medio de vida, forman parte del programa de modernización administrativa emprendido por Miguel Alonso Reyes al inicio de su mandato, recuerda Huizar Carranza.

Dos nuevas leyes
El funcionario estatal agrega que como parte de esta modernización, aún faltan dos leyes más por aprobar: la Ley de Adquisiciones y la Ley de la Obra Pública, que, dijo, espera estén listas y aprobadas por la 60 Legislatura para septiembre de 2013.
“Con la Ley de Adquisiciones podremos detener la corrupción que existe desde las mismas proveedurías, que atienden en muchas ocasiones a favoritismos; con la Ley de Obra Pública se pretende evitar la asignación discrecional de obras", dijo.
Además, Huizar Carranza explica que de aprobarse, la Ley de Obra Pública constituiría comités de vigilancia ciudadana en los que los propios ciudadanos, emulando el puesto de un auditor, tendrían el poder, previa capacitación, de verificar, supervisar e incluso detener una obra si no se apega a los objetivos, tiempos y presupuestos.

La Pecera

¿Se considera usted un buen “chapulín”?
No me siento “chapulín” ni bueno ni malo, porque no lo soy. Considero que he participado en la vida política y para ello me he tenido que afiliar a un partido; si hubiera podido participar sin afiliación, lo hubiera hecho.

¿Qué similitudes y qué diferencias aprecia usted entre su cargo y el de un cancerbero?
Encuentro muchas similitudes, entendiendo el concepto de cancerbero como un guardián, ya que mi función principal es cuidar que la casa esté limpia y lo puedo hacer enseñando a limpiar, pero también con una regla, como antiguamente la empleaban los maestros en México para imponer disciplina, por ello, encuentro muchas, muchas coincidencias.

¿Qué significa para usted su esposa y su familia?
Es mi segunda esposa y no me arrepiento de la decisión que tomé, puesto que fue para bien. Tengo una excelente relación con mis hijas de mi primera familia.
A pesar de que la separación se dio en una etapa muy difícil para ellas, ya que la más grande tenía 15 años, logré mantener la ascendencia con mis hijas y estamos muy a gusto.

¿Qué canción considera usted que debe usar Benjamín Medrano como tema de su campaña?
Me parece difícil encontrar la canción, sé qué estrategia tiene que usar Medrano, pero no encuentro la canción. Medrano tiene que ser capaz de que los fresnillenses lo sientan propio. Si no lo hace, las elecciones se le van a complicar.
Tiene que transmitir el mensaje de “aunque soy de fuera, soy de aquí”.
Sin embargo, creo que por las características de Medrano sí lo podrá hacer posible, ya que tiene características camaleónicas y puede llegar a ser el presidente de Fresnillo sin ser de Fresnillo.
Ya fue presidente del Patronato de la Feria de Fresnillo y siento que si convence a los fresnillenses, los va a conquistar.



Participaron en la Mesa de Imagen:
Luis Enrique Mercado, Paulina Díaz, Heraclio Castillo, José Manuel Barrón, Marycarmen Salazar, Melina González, Beatriz Martínez
y León.

mgonzalez@imagenzac.mx




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