Thursday 23 de March de 2017

Primer informe de actividades

Mi informe, más que hacer un recuento de hechos, intenta dejar claro que mi actuar en el Congreso ha tenido el claro objetivo de combatir ambos males

     17 Feb 2011 04:00:00

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El pasado viernes, inicié mi informe con un video que expone con nitidez el momento que vive nuestro país. Voces como la de Marisela Escobedo, y la de los padres de familia de 49 niños que murieron calcinados en la guardería ABC definen la realidad en la que millones de mexicanos nos sentimos.

Primera parte

Cuando se intente hacer una revisión histórica de nuestro tiempo, esos testimonios serán mucho más útiles para entender lo que pasó que la lectura de la historia oficial y, sobre todo, que los discursos de una clase dirigente que no ha estado a la altura de su tiempo.
Hace algunos meses, cuando discutíamos la iniciativa que nos remitió el gobernador del estado para la creación del Tribunal de Cuentas, los compañeros que se oponían a ella me señalaban que de aprobarla, estaríamos reconociendo el fracaso entero de nuestro diseño institucional; que estaríamos reconociendo que el Estado había sido rebasado por el fenómeno de la impunidad.
Mi convicción era, y es, que por eso debíamos respaldar con firmeza y sin titubeos la valiente iniciativa del Tribunal de Cuentas: porque la descomposición generalizada que se expresa en forma de violencia es consecuencia del agotamiento de nuestro diseño institucional.
Marisela Escobedo fue asesinada por la impunidad que impera en nuestra patria. Fue un crimen de Estado, porque la impunidad en Chihuahua, y en México, no es un simple fenómeno de corrupción, sino que se desprende de la forma en que se ha institucionalizado.
El caso de Zacatecas no es muy diferente. Desde que, en 2008, se estableció el Código Penal Híper-garantista que opera en la actualidad, y que es prácticamente idéntico al de Chihuahua, tenemos niveles de impunidad criminales. Por cada 100 denuncias presentadas, el Poder Judicial apenas es capaz de emitir una sentencia; es decir: de cada 100 posibles delincuentes que un ciudadano tuvo el valor de denunciar, sólo 1 es sentenciado.
Y el dolor de aquellos ciudadanos que son víctimas del crimen organizado, es exacerbado por el Estado en su conjunto. Ese dolor obtiene como respuesta la incapacidad del Poder Legislativo para reformar el marco jurídico, del Poder Ejecutivo para integrar las averiguaciones previas, y del Poder Judicial para dictar una sentencia justa y bien fundada.
Pero además de la incapacidad operativa, el Estado vive una tremenda crisis de valores que sólo agrava el fenómeno de la impunidad.
¿Qué diferencia hay entre el delincuente que roba una casa y el funcionario que pide diezmo a los constructores para asignar obra?
¿Qué diferencia hay entre quienes evaden impuestos y los funcionarios que deciden evadir la ley de fiscalización, y otorgarse partidas de gestión desmesuradas sin tener que rendir cuentas sobre su aplicación?
¿Qué diferencia hay entre el patrón que viola los derechos laborales de sus trabajadores y el alcalde que decide que sus policías no cuenten, siquiera, con la más elemental seguridad social?
Incapacidad institucional y descomposición ética son los elementos que definen la crisis que vivimos en este país; una crisis que lleva el nombre de Impunidad.
Mi informe, más que hacer un recuento de hechos, intenta dejar claro que mi actuar en el Congreso ha tenido el claro objetivo de combatir ambos males.
Para dar esta explicación es que decidí rendir cuentas 5 meses después de haber tomado protesta como legislador local. Quiero alejarme de la imagen del diputado que sólo toca las puertas de los ciudadanos en época de elecciones y retroalimentar mi conducta en el servicio público con los ciudadanos a los que he visitado en colonias y comunidades.
Quiero demostrar que no sólo voy a regresar con quienes me eligieron, sino que decidí no irme nunca; la mejor forma de desempeñar un cargo es mandar obedeciendo, y reafirmar ese compromiso.
También quise ratificar mi convicción de no dejarme llevar por las inercias de nuestra cultura política ni por la mediocre visión de “dejar hacer, dejar pasar”.
Hay quienes acusan que una conducta firme y aguerrida lo lleva a uno al aislamiento.
Rechazo esa idea categóricamente; nadie puede reprocharme productividad como servidor público; en iniciativas presentadas o aprobadas, en dictámenes en los que he participado, y mucho menos en el rol desempeñado en momentos centrales de la 60 Legislatura, como la discusión del presupuesto, o la del Tribunal de Cuentas.
Cuando se ha debatido intensamente, hemos podido lograr acuerdos. La Ley de Desarrollo Metropolitano fue un claro ejemplo de un arduo trabajo de comisiones y de cabildeo con organizaciones sociales, universidades y cuerpos académicos, presidentes municipales y con el propio Poder Ejecutivo.
La zona metropolitana Guadalupe-Fresnillo tiene las bases jurídicas suficientes para su éxito administrativo y su viabilidad en rubros estratégicos como: el transporte público, la vivienda, seguridad pública, recolección de basura y tratamiento de residuos sólidos.
Sin embargo, los episodios más bochornosos de la 60 Legislatura no han sido consecuencia del debate, sino de la ausencia del mismo. En el caso del presupuesto, una perversa combinación de chantaje, cerrazón y cinismo nos llevó al repudio social y al deterioro de nuestra convivencia.
El debate no sólo no pone en riesgo la gobernabilidad, sino que es la única forma de construirla. Toda democracia debe alentar los mecanismos que permitan el consenso; pero el consenso no es punto de partida, sino puerto de llegada, y el vehículo para arribar a él es la deliberación.
En la próxima entrega, analizaremos lo más importante de lo expresado el día viernes; los proyectos, prioridades y estrategias a implementar durante el año en curso. Una mirada hacia el futuro.

*Diputado local




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