Monday 16 de January de 2017

Primera llamada, primera

Tren Parlamentario

     25 Feb 2013 03:20:00

A- A A+

Compartir:

El PRI este sábado, con su predictamen de nuevos estatutos, ha presentado los trazos gatopardianos de  eso que ha dado en llamar como su nuevo rostro: “regresaremos a ser un partido de centro-izquierda”, declaró el diputado federal nuevoleonense Héctor García García. Y, urgiente, la senadora Ana Lilia Herrera, decía: “es nuestra última oportunidad”.
El documento previo que mostró el PRI, en voz de su líder nacional, César Camacho Quiroz, se convertirá sin duda en la materia prima de un debate parlamentario muy bronco en el Congreso de la Unión, en la semana que comienza, porque mucho de lo que escurre de las declaraciones y posicionamientos del priísmo tiene que ver -según la oposición- con posiciones contrarias al interés nacional.   
Desde que el PRI anunció en diciembre que modificará sus estatutos en la Asamblea Nacional propia del partido los días 1, 2 y 3 de marzo próximo, fueron revelados los motivos de la reforma, cuyos primeros trazos ahora sacan a la luz pública.
La dirigencia del PRI ha dicho que modificará sus estatutos, que prohíben a su militancia participar en reformas hacendarias que impongan mayores impuestos para los sectores más desprotegidos, y, también, en las que se plantee la privatización del sector energético.
De hecho, son los dos asuntos más esperados por el país, porque prácticamente desde los tiempos de la campaña presidencial el PRI y su candidato estuvieron trasluciendo la posibilidad de que, una vez en el gobierno, modificaran las leyes fiscales para generalizar el IVA a alimentos y medicinas y, el Artículo 27 Constitucional, para abrir de par en par la puerta de la privatización del sector energético.
Este sábado, en el predictamen de marras, el líder nacional priísta ha informado que la reforma estatutaria avanza en ese sentido, aunque también es cierto que de esa asamblea de delegados que realizaron ayer, han escapado versiones extraoficiales de que una gran cantidad de delegados priístas estatales no están de acuerdo en el sentido de las modificaciones estatutarias, para ponerse a modo con los criterios sobre los cuales se afinca el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto.
El debate en torno de estos dos temas ya está posicionado en el pensamiento de la gente. Pero ahora se incorporarán nuevas argumentaciones, como aquella, en que afirman los priístas que serán un partido de centro-izquierda, cuando opositores al PRI y gente de las universidades lo han visto pasar por linderos exactamente contrarios.
Opositores no sólo de los llamados partidos de izquierda, sino también del PAN han juzgado al PRI como un partido hipócrita, simulador, gatopardiano, porque dicen legislar para la mayoría de la población cuando en realidad estarían procurando hacerlo para minorías económicas lo suficientemente poderosas como para obligar al Legislativo a construir leyes que les beneficien a ellos y no al grueso de la población.
El Legislativo tiene herramientas que podrían evitar legislaciones contrarias al interés de la mayoría de la población. Están las técnicas legislativas, pero son pocas veces utilizadas porque casi todos dictámenes que se construyen en el Senado y en la Cámara de Diputados son resueltas por decisiones políticas y no técnicas.
Los legisladores, en lo individual, nada pueden hacer, porque las determinaciones legislativas las toman los diputados y senadores de las cúpulas. Así está diseñado el Congreso, para que lo gobiernen los dirigentes. Y es como va a funcionar la reforma estatutaria del PRI, afincándose en los controles que sus coordinadores parlamentarios tienen por sobre la mayoría de los representantes populares.
Una de las más de 300 técnicas legislativas con las que las ciencias sociales, económicas y políticas han surtido al Congreso, es aquella que en el derecho parlamentario comparado se le ha dado en llamar Técnica del Análisis Económico del Derecho.
Es un conjunto de herramientas propias de la ciencia económica, mediante la cual los diputados y senadores bien podrían definir los costos y los beneficios de una ley. ¿Quién afrontará los costos? ¿Quién los beneficios?
Una ley, por fuerza, arroja costos y beneficios. Los costos -cuando no sea una norma dedicada a las minorías sociales- necesariamente tendrían que recaer en los sectores más fuertes de la población. Y los beneficios en los de mayor vulnerabilidad. Así lo mandata la Constitución.
Pero no sucede así en la realidad, porque quienes controlan a las instituciones en México suelen legislar para que no necesariamente terminen beneficiandose la mayoría de la población.
Veremos qué sucede con el debate, en la semana entrante.

vicentebello1@hotmail.com




Lo más leído
Inauguran cancha de Capital Soccer en Guadalupe
Lamenta Gema Mercado que la educación no sea primero; "lo del salario no es una negativa"
Levanta plantón Supdacobaez; esperan pago a más tardar el miércoles
Tiroteo en un bar de Playa del Carmen deja al menos cinco muertos
Acusan anomalías en entrega de 29 concesiones
El gobierno no tiene deudas con los profesores del Cobaez: Miranda
Llama gobernador Tello a replantear continuidad del Cobaez
Abren Alcohólicos Anónimos región Norte 
Mineros, listo para recibir a Puebla en la Copa MX
Sin drenaje, algunas escuelas en municipios
Aplicaciones


Servicios
$ Dolar
Compra 21.64
Venta 22.14
€uro
Compra 22.97
Venta 23.47

Multimedia



©Todos los derechos reservados
GRUPO EDITORIAL ZACATECAS, S.A. DE C.V.- De no existir previa autorización, queda expresamente prohibida la Publicación,
retransmisión, edición y cualquier otro uso de los contenidos de este portal.




Aviso de privacidad