Tuesday 17 de January de 2017

Pugnan por nuevo marco de tratamiento para menores infractores

     28 Feb 2012 11:57:28

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MÉXICO.- Al menos 25 mil menores han sido cooptados por el crimen organizado en los últimos años, de acuerdo con un dictamen de la Cámara de Diputados, por lo que para atender la problemática los legisladores proponen un nuevo marco legal federal para atenderlos y rehabilitarlos, materia en la que las legislaciones estatales muestran ya algunos avances.   De acuerdo con un informe de la Comisión de Participación Ciudadana de la Cámara de Diputados, el sistema de justicia para adolescentes en el país se ha convertido en un “semillero” de la delincuencia organizada.   Los consejos tutelares, expone, han incumplido con su función de rehabilitación y reinserción social. A ello se suman prácticas que dan trato de criminales igual a niños y niñas que cometen faltas menores que a adolescentes cooptados por el crimen organizado.   El documento agrega que en los últimos años se han “formado en las filas de la delincuencia organizada al menos 25 mil menores de entre 12 y 17 años como sicarios”, y otros 100 mil son adictos a las drogas.   Además, hasta ahora se carece de un marco legal federal para atender y rehabilitar a esta nueva generación de niños y adolescentes cooptados por la delincuencia organizada, sea como “halcones”, sicarios, burreros o traficantes de drogas.   Para el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN) y secretario de la Comisión de Justicia, Oscar Arce Paniagua, ante los niveles de descomposición social se requiere un nuevo marco legal para dar un nuevo tratamiento al tema de los menores infractores.   Con la nueva Ley Federal de Justicia para Adolescentes que aprobaron la semana pasada los integrantes de la Comisión de Justicia, señaló, se deben unificar criterios, así como impulsar la creación de tribunales, jueces y ministerios públicos especializados.   “Se debe tener un sistema donde los niños y adolescentes sean sujetos de derechos, donde exista certeza jurídica en los procesos que deben tener como eje la presunción de inocencia y terminar con el antiguo modelo tutelar”, precisó.   Con ello, “ya no tendremos escuelas de niños criminales, como son actualmente muchas instituciones supuestamente dedicadas a la rehabilitación”.   A su vez, el diputado federal del PRI y presidente de la Comisión Especial para el Empleo, Josué Valdés Huezo, expuso que de acuerdo con la Organización Infancia en Movimiento, tan sólo en 2010 fueron detenidos cinco mil 602 menores por delitos federales.   Esa cifra, resaltó, implicó una tasa de crecimiento de 34 por ciento respecto a 2009.   De esa cantidad, 70 por ciento de los casos correspondieron a homicidios, secuestros, torturas, tráfico de drogas, robo y lesiones dolosas relacionadas con actividades del crimen organizado.   “Se calcula que 30 por ciento de los menores que ingresan a los consejos tutelares se convierten en reincidentes y en muchos casos tienen hasta seis ingresos entre los 12 y 18 años”.   Son datos que “exponen el fracaso del actual sistema de justicia para menores”, sostuvo el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI).   En su opinión, el sistema de justicia requiere de programas y políticas en materia de empleo para evitar que miles de niños dejen las aulas por falta de recursos.   A la par, son necesarios tribunales, jueces y ministerios públicos especializados que eviten el ingreso de niños y adolescentes por faltas menores a los consejos tutelares, en donde “se codean” con jóvenes que han cometido delitos graves.   De su lado, la criminóloga Selene Estefany Sarabia indicó que los consejos tutelares de México son inoperantes ya que se han convertido en “lugares de aislamiento” y en donde conviven lo mismo menores de 12 con adultos de hasta 29 años, lo cual es un grave riesgo.   Cuestionó que se permita que una persona próxima a cumplir 18 años, al momento de delinquir, permanezca en el reclusorio juvenil hasta la culminación de su sentencia.   Para la especialista del Colegio de Criminología del Estado de México, esta situación deriva en que en estos reclusorios hay personas desde los 12 hasta los 29 años, provocando “la contaminación de conductas”, como maltrato, abusos físicos y psicológicos.   En su oportunidad, el vicecoordinador jurídico del PRI en la Cámara de Diputados, Arturo Zamora Jiménez, aseveró que es urgente que el pleno de San Lázaro discuta y apruebe la nueva Ley Federal de Justicia para Adolescentes.   Esa norma, recordó, se deriva de la reforma al Artículo 18 constitucional y que fue aprobada por la Comisión de Justicia.   “La fallida estrategia en contra del crimen organizado y la falta de políticas públicas de cuidado y apoyo a la niñez han permitido que los cárteles de la droga actúen impunemente como reclutadores de miles de niños y adolescentes”.   Ese sector de la población, destacó, es “víctima de la pobreza y la desintegración familiar, y ha sido testigo de casi una década con los más altos niveles de violencia en el país”, agregó.   Un informe Alternativo sobre Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos de los Niños, elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), confirma que la participación de los menores mexicanos en la línea de producción y distribución de droga en los últimos cuatro años ha dejado un saldo de más de mil 200 niños asesinados en enfrentamientos entre las bandas rivales.   Datos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) destacan además que los jóvenes están participando más en actividades delictivas.   Ese sector de mexicanos está inmerso en bandas y el problema es que entran y salen muy rápido de los centros de tratamiento para menores para seguir delinquiendo.   La dependencia detalló que de enero de 2008 a abril de 2010, 12 mil 821 adolescentes fueron detenidos por delitos cometidos en la capital del país.   El legislador de Acción Nacional e impulsor de la nueva Ley Federal de Justicia para Adolescentes, Oscar Arce Paniagua, señaló que esta legislación busca “quitar de las garras de la delincuencia a niños y jóvenes que están siendo captados como carne de cañón”.   “Desde 2010, debimos haber aprobado esta nueva ley que sería para la aplicación en delitos federales que cometan menores de entre 12 y 18 años y que termine con la discrecionalidad de los estados que manejan la llamada justicia para adolescentes”.   Refirió el caso del niño llamado “El Ponchis”, quien dijo además de haber sido enrolado por un cártel de la droga, ha sido exhibido hasta el cansancio por los medios electrónicos.   “Sin embargo, pocos se han preocupado realmente por su rehabilitación”, y alertó el riesgo de que pudiera ser utilizado como ejemplo por otros menores.   “La nueva ley se apega a la Convención de los Derechos del Niño, por lo que estará prohibida la exhibición mediática del menor infractor y de su familia, así como que sus padres podrán participar en las diligencias y proceso”, aseguró el también vicecoordinador jurídico del PAN.   De acuerdo con el dictamen, que se prevé sea aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados esta semana, los menores de 12 años a quienes se atribuya un delito están exentos de responsabilidad penal, mencionó.   Por ello, adelantó, no serán sujetos de esta ley y estos serán remitidos a las autoridades de protección social o al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de los estados.   Asimismo, prevé crear ministerios públicos, jueces de garantías, de juicios orales, de ejecución, defensores públicos, magistrados, todos ellos especiales para adolescentes.   El dictamen también añade que “todo adolescente será considerado y tratado como inocente hasta que no se compruebe, mediante el debido proceso, su culpabilidad”.   Entre las sanciones que se prevén establecer para los menores infractores que cometan delitos del orden federal, el legislador mencionó desde la amonestación, a la libertad asistida.   Incluye también servicios a la comunidad, privación de la libertad hasta por cuatro años, privación de la libertad en su domicilio, prohibición de asistir a determinados lugares o con determinadas personas y pago de la reparación del daño.   Casi 100 mil menores cometen faltas y delitos cada año; de ellos, un promedio de 50 mil son procesados por delitos formales, enumeró el dictamen.   Además, una tercera parte de esa última cifra, es decir unos 17 mil jóvenes, son detenidos y procesados por participar directa o indirectamente con la delincuencia organizada, destacó.


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