Thursday 23 de March de 2017

¿Qué hacemos con los niños?

     2 Mar 2012 04:00:00

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"Porque los niños en pobreza extrema no llegan a la escuela o tienen que abandonarla, para ayudar a la familia, en el tercero o cuarto año de primaria. Y porque, según la evaluación de Zacatecas, las zonas rurales más pobres no fueron las más beneficiadas” dice Julieta Campos en "¿Qué  hacemos con los pobres?" (P. 477).

Dos hechos de violencia recientes obligan a la reflexión y de ésta a la pregunta: ¿Qué hacemos con los niños? la muerte de no menos de 10 niños de entre 15 y 17 años de edad en Fresnillo y en Villa de Cos en enfrentamientos con el Ejército y la Policía Federal, no es asunto que pueda ser soslayado por la clase política, por las iglesias, por los universitarios, por la Comisión de Derechos Humanos del Estado y la Federal o por cualquier ciudadano que se precie de tener un poco de sensibilidad .
“El narco enrola a niños de 15 a 16 años de edad”, dicen autoridades. Cierto pero ¿por qué los enrola? ¿Qué oportunidades de subsistencia tienen? En Fresnillo se ubican más de 150 bandas de niños y adolescentes, muchos de ellos niños de la calle hijos de otros niños de la calle, sin los derechos elementales de alimentación ni educación y, lo que es peor, ni tan siquiera el derecho a tener un nombre o, al menos padres. Nadie ha reclamado sus cuerpos, dice el procurador. Tal vez nadie los reclame porque nada tuvieron en su efímera existencia.
Se menciona a Fresnillo como el lugar de mayor reclutamiento de niños para la delincuencia organizada y, como alternativa, diputados y funcionarios simplifican al extremo: Una base militar que tendrá un costo aproximado de 400 millones de pesos y que no será la solución, aunque sí las mismas consecuencias que en este artículo lamentamos y de mayores dimensiones. Escuelas, becas, comedores y talleres de artes y oficios ¿no serían una propuesta más inteligente y viable ante tal problema? Seguramente  los mandos militares no están de acuerdo con la ingrata tarea que por Felipe Calderón les ha sido encomendada y que el Gobierno del Estado retoma sin reflexión alguna.  
“Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”, enuncia el artículo 4 de la Constitución Federal.  
¿Qué hacemos con los niños?  ¿Los eliminamos o los encarcelamos? o, simplemente cumplimos con la ley y con nuestro deber, si algo de humano nos queda.

¡Qué tiempos aquellos!
“El actual gobierno estatal combate la delincuencia lo que antes lamentablemente no se hacía, ya que vehículos y delincuentes circulaban impunemente por el estado”, afirmó el gobernador Miguel Alonso el 28 de febrero pasado y agregó: “Será la ciudadanía quien debe analizar por qué se dejó avanzar la delincuencia en Zacatecas en los sexenios anteriores y por qué se generó una percepción de inseguridad”.
Esta expresión, aunque puede ser considerada como un exceso, es explicable en el contexto de los hechos violentos recientemente ocurridos en el municipio de Fresnillo, donde mueren 11 personas entre adultos y niños y resultan dos lesionados. Lo excesivo deriva de los efectos de inseguridad que el gobernador retrotrae a “los sexenios anteriores", sin delimitar tiempos ni situaciones reales y objetivas del actuar de la delincuencia en cada período de gobierno, ni del tipo de ésta.
Es innegable que la delincuencia siempre ha existido, pero no con las características de la que hoy se conoce como delincuencia organizada y que, como bien lo reconoce el procurador Arturo Nahle, apareció en la entidad hace aproximadamente seis años.
Durante el período que me honró ser procurador, de septiembre de 1998 a enero de 2004 durante el gobierno de Ricardo Monreal, la delincuencia organizada, no tenía presencia en la entidad. Tanto el mandatario como los funcionarios de todos los niveles, podían transitar sin necesidad de escoltas ni vehículos blindados. Ni siquiera el procurador ocupaba custodia de seguridad. Los zacatecanos gozaban de tranquilidad, salvo las expresiones esporádicas e inevitables de delincuencia circunstancial y por lo mismo no de alto impacto social.
La Procuraduría General de Justicia del Estado, era la institución encargada de garantizar la seguridad pública (no se había creado la secretaría correspondiente). Para el cumplimiento de tan elevados fines, se estructuró un programa de trabajo que incluyó  transformaciones fundamentales: Las zonas de riesgo donde podría operar la delincuencia organizada que amenazaba desde otras entidades quedaron debidamente blindadas y la ciudadanía protegida, a grado tal que Zacatecas fue declarado “El estado más seguro del país” por parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

*Profesor universitario




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