Thursday 23 de March de 2017

¿Quién mide las encuestas?

     12 Mar 2012 04:00:00

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Las encuestas están basadas en una ciencia inexacta, pero con un rango de incertidumbre que puede cuantificarse. Hay márgenes de error que se conocen de antemano dependiendo de la metodología empleada. Y el impacto que el universo específico que se elige también se conoce (o deduce) a priori. Y, sin embargo, en una elección presidencial tan importante como esta, no hay dos encuestas iguales.

Según una revisión reciente de las encuestas levantadas en el mes de febrero que Roy Campos de Mitofsky compartió al aire con Joaquín López Dóriga (en Radio Fórmula, 6 de marzo: @lopezdoriga1, bit.ly/wn6pzw), las diferencias rebasan el margen de error.
Entre seis encuestas comentadas (de las que excluyó la de Mercaei y la de Covarrubias por quedar fuera de “rango”), en las otras los resultados en las preferencias por Enrique Peña Nieto van de 43 a 49% del electorado; las de Josefina Vázquez Mota, de 29 a 35%, y las de Andrés Manuel López Obrador, de 19 a 25 por ciento.
Las diferencias tan grandes que arrojan las encuestas podrían deberse a que las fechas de levantamiento de la muestra fueron distintas o, viéndolo más cuidadosamente, a que se hayan utilizado diferentes métodos en el diseño y la instrumentación de la encuesta.
Pero en cualquier caso la diferencia tiene una explicación científica; y todos tendrían que estar de acuerdo en las razones y los rangos de diferencia que se dan entre una y otra encuesta.
Pero no ha sido así en lo que va del proceso electoral del 2012. Ninguno de los expertos ha ofrecido una explicación técnica de las razones que generan las diferencias en los resultados.
Nadie ha querido cuestionar los métodos o los datos finales de sus otros colegas.
Para la docena de encuestadores que compiten en el mercado, las encuestas de los demás son “válidas”, aunque difieran en muchos puntos de las de ellos; a fin de cuentas, quizás pesa que sea una cuestión de gremio.
Pero las diferencias no son insignificativas. Cada punto en una encuesta representa cientos de miles de votos el próximo 1 de julio.
Y a partir de escenarios distintos de participación, se puede precisar aun más cuántas personas consideran las encuestas como probables votantes para cada candidato y cada partido.
La máxima caveat emptor puede aplicarse a quien patrocina una encuesta; a la postre el consumidor pagaría por recibir datos falsos o manipulados.
Pero no sólo existe una relación privada cliente-casa encuestadora, también hay una afectación al interés general si dichas encuestas son difundidas al público en general (de ahí la legislación en la materia, contenida principalmente en Acuerdos del Consejo General del IFE en los procesos de 1994 al del 2009; todos derivados del artículo 190 del Cofipe).
Y si bien la autoridad se ha cuidado de intervenir excesivamente en la regulación de las encuestas, no puede pasar por alto el hecho de que las encuestas no son “neutrales”, y constituyen un elemento para influir en la contienda electoral. Son también instrumentos de propaganda.
La importancia de las encuestas no radica solamente en que miden tendencias de votación, sino en su capacidad de influir en la opinión en favor o en contra de uno u otro candidato o partido político.
Su fuerza se multiplica a través de los medios y las personas que presentan, interpretan y comentan sus resultados en periódicos, radio y televisión.
Este efecto expansivo se puede observar, como ejemplo, en los informes que presentó el secretario ejecutivo al Consejo General del IFE sobre el cumplimiento del Acuerdo CG282/2005 de los meses de febrero a junio del 2006.
En ellos se da cuenta del impacto de la publicidad de encuestas en medios impresos.
De un total de 97 encuestas originales que el monitoreo del IFE detecta en el proceso del 2006, se realizaron 283 inserciones pagadas y un total de mil 924 referencias a ellas en notas periodísticas.
El quid de la cuestión, tanto política como jurídica, tiene que ver por lo tanto con el uso propagandístico de las encuestas. Aquí la disposición pertinente es el párrafo 5 del artículo 237 del Cofipe: establece que, en caso de que la encuesta o sondeo se difunda por cualquier medio, se debe entregar copia del estudio al IFE.
Pero el marco legal-electoral de las encuestas no establece responsabilidad para quienes manipulen la percepción ciudadana a través de datos falsos o alterados que no cuenten con un respaldo científico adecuado.
No existe sanción para quienes incumplen con la obligación de entregar copia del estudio. Y la ley tampoco regula la publicación de encuestas en medios de comunicación electrónica o internet.
Por todo ello, parecería necesario regular la publicación de las encuestas para evitar la difusión de información falsa o manipulada en provecho de un partido o de un candidato.
Se trata de proteger el interés general, así como de preservar la garantía individual que consagra el artículo sexto de la Constitución, el derecho a la información.

*Exconsejero electoral del IFE y director de Última Instancia, revista de estudios
jurídico-electorales
emilio.zebadua@hotmail.com




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