Tuesday 17 de January de 2017

Rechazan reforma de salud en España

La medida afecta a los inmigrantes indocumentados

     2 Sep 2012 04:00:00

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Cientos de personas protestaron frente al hospital de Gregorio Marañón. (AP)
Cientos de personas protestaron frente al hospital de Gregorio Marañón. (AP)

MADRID, ESPAÑA.- Cientos de personas protestaron frente al hospital de Gregorio Marañón, en esta capital, luego de que entrará en vigor en España la reforma sanitaria mediante la cual se cancela la tarjeta de atención a inmigrantes en situación irregular.
Decenas de personas se manifestaron convocados por organizaciones y colectivos de la sociedad civil, asociaciones de inmigrantes y refugiados y de defensa de los derechos humanos, agrupadas en la Red por el Derecho a tener Derechos.
La medida, anunciada en abril pasado, afecta a más de 150 mil inmigrantes irregulares, pero aunque se les retire la tarjeta sanitaria y pierdan el aseguramiento, los extranjeros seguirán teniendo derecho a atención gratuita de urgencias.
Además de maternidad, las relacionadas con la salud pública, es decir, el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida), sarampión y enfermedades contagiosas, y también los menores de 18 años.
Por lo menos ocho comunidades autónomas de España se han negado a acatarla y aseguraron que seguirán dando atención a los extranjeros aunque no tengan tarjeta sanitaria, ya que no quieren que se les colapsen los servicios de urgencia.
El ministerio español de Sanidad espera ahorrar unos mil 500 millones de euros (mil 886.4 millones de dólares) al año con esta medida.
La víspera, Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge y la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC) exigieron que no se adopten represalias contra el personal sanitario que atienda a personas sin tarjeta sanitaria.
Las organizaciones apuntaron que con esta medida España incurre en una violación de los derechos humanos, por limitar el derecho a la salud de algunos de los colectivos más vulnerables de la sociedad y por ser una medida regresiva y discriminatoria.
También aseguraron que esta decisión vulnera el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por España.




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