Tuesday 17 de January de 2017

Reforma política ¡ya!

Los diputados se quejan y se autocritican de falta de productividad. Coincidimos con esto último, pero ¿cómo, habiendo tanto quehacer?Los Zacatecanos debemos decir como Sicilia: Reforma Política ¡ya!

     22 Jul 2011 04:00:00

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No es mi intención hacer referencia al planteamiento que bajo la consigna “Reforma Política ¡ya!” exigen, con razón, Javier Sicilia y jóvenes del movimiento twitero ante diputados federales. Hoy escribo sobre otra reforma, política también, pero local.

A casi un año de que Miguel Alonso asumió la gubernatura, cabe preguntarnos si habrá reforma constitucional y legal de fondo en el estado o continuaremos siendo una más de las entidades que continúan en el atraso y a la espera de los lineamientos que  la federación nos imponga en sus tiempos y circunstancias.
El cambio de gobierno generó amplias expectativas en todos los actores políticos y en cientos de ciudadanos interesados en los asuntos públicos, de que, ahora sí, el nuevo gobierno impulsaría una importante reforma que vendría a modificar las estructuras políticas y administrativas anquilosadas y daría cauce a la participación ciudadana, a la transparencia en el manejo del dinero y de los asuntos públicos, a la rendición de cuentas y al combate a la impunidad. Los planteamientos que se hicieron al entonces candidato, hoy gobernador, fueron varios, en los que él parecía estar de acuerdo.
Rendición de cuentas y auténtico combate a la impunidad fue uno de los grandes temas. El envío a la Legislatura del Estado de una iniciativa de reformas constitucionales para crear un órgano de fiscalización con funciones jurisdiccionales  -Tribunal de Rendición de Cuentas-, al parecer fue olvidado por el ejecutivo y rechazado por los diputados.
De haberse aprobado la iniciativa del gobernador, los diputados ya no tendrían facultades para aprobar o desaprobar las cuentas públicas y serían fiscalizados en el manejo de su presupuesto; los partidos políticos y los organismos autónomos podrían ser sometidos a auténticas auditorías financieras y obligados al resarcimiento en su caso y sin que hubiera simulación dadas las características del órgano fiscalizador. Tal vez esas sean razones suficientes para entender el rechazo de los legisladores a la propuesta y del aparente desinterés mostrado por los partidos.
Autonomía financiera y técnica de la Procuraduría General de Justicia del Estado respecto del ejecutivo, inclusive en su subordinación jerárquica y en la designación del titular y de sus agentes del ministerio público, fue otro de los asuntos que se comentaron.  Es la impunidad, sin lugar a duda, el factor que más influye en la motivación para la comisión de delitos y es el castigo a los responsables, la mejor medida preventiva y de disuasión.  
¿Por qué no se procede en contra de los saqueadores del sexenio pasado? Porque no es la voluntad de quien gobierna. El procurador debe sujetarse obligadamente  a las decisiones del gobernador en turno, muchas de las veces derivadas de acuerdos o intereses políticos. La orden se trasmite a los agentes del ministerio público y a los policías investigadores, quienes deben acatar: la actuación o la omisión. Por esa razón en cada proceso electoral, no resultan causas penales derivadas de delitos electorales, no porque no se hayan cometido; se negocian.
Gobierno de Gabinete fue tema obligado a propuesta de Raymundo Cárdenas. “El gobernador me instruyó para apoyarlos”, dice algún funcionario. El gobernador me instruyó para atenderlos”, dice otro. El gobernador me instruyó para que cumpla con mis obligaciones, pudieran decir muchos. En un Gobierno de Gabinete, cada funcionario cumple sus atribuciones con amplia libertad para hacerlo, sin que implique la consulta obligada o temerosa al gobernador en turno, salvo casos extraordinarios. Es decir, los funcionarios tienen poder de decisión  en sus ordinarias tareas. El gobernador deja hacer a los integrantes del gabinete.
La participación ciudadana en los asuntos públicos fue ampliamente comentada con el hoy gobernador. A finales del gobierno de Arturo Romo (como para que fuera otro el que las aplicara), fue adicionada la Constitución Política del Estado, para garantizar el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular como formas de participación ciudadana.
La Legislatura reglamentó tales figuras con una Ley de Participación Ciudadana, pero, a decir verdad, no para que fueran factibles, sino para hacerlas de imposible aplicación.
Efectivamente: El número de personas que pueden solicitar un plebiscito o un referéndum, según esa Ley, no es menor de 50 mil. Luego viene un procedimiento tortuoso y al final se establece que los resolutivos derivados de la consulta ciudadana ¡no son obligatorios para el gobernante! Mayor absurdo no puede haber.
Los diputados se quejan y se autocritican de falta de productividad. Coincidimos con esto último, pero ¿cómo, habiendo tanto quehacer?
Los Zacatecanos debemos decir como Sicilia: REFORMA POLÍTICA ¡YA!

*Profesor Universitario




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