Sunday 22 de January de 2017

Reforma política ¡Ya!

En la entrega anterior sobre el mismo tema e igual título, no me fue posible por razón de espacio abordar algunos otros asuntos que tienen que ver con la reforma política que, en mi opinión, se requieren para avanzar ...

     5 Aug 2011 04:00:00

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Desarrollo la temática a consideración de los interesados disculpándome por las limitaciones que la extensión impone:
Autonomía real del poder judicial

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 96 de la Constitución Política del Estado, “los nombramientos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán hechos por el Gobernador y sometidos a la aprobación de la Legislatura.”
Esta disposición resulta ser prácticamente una réplica de lo que establece, coincidentemente en su nomenclatura, el artículo 96 de la Constitución Federal para el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, aunque nuestra constitución con mayor contenido centralista.
Es a partir de ésta práctica legalizada, que el gobernador tiene el control político del Poder Judicial del Estado, situación que se agudiza a partir de que el presupuesto asignado y determinado en la Ley de Egresos para éste poder, es administrado y suministrado por la Secretaría de Finanzas. Así, el gobernador no sólo designa a los magistrados, dispone quién es su presidente y establece los lineamientos que debe seguir  el  Poder Judicial.
Es difícil que un gobernante acepte modificar las reglas en la designación de los magistrados, en aras de dotar de plena autonomía a un poder que requiere de tal cualidad política para garantizar la administración de una justicia con plenitud de libertad y dignidad. Un gobernador demócrata bien puede iniciar cambios de tal magnitud, aunque ciertamente ello implique la disminución de su poder de dominio. Pero no olvidemos que al mismo tiempo obtiene un crecimiento y reconocimiento como estadista, incrementando su poder político.
Ciudadanización del IEEZ y fedatorios electorales
La legislación electoral es, sin lugar a duda, la disciplina jurídica que mayor actualización ha tenido en los últimos años. Sin embargo, son cuando menos cuatro deficiencias de las que se adolece para una auténtica democratización:
La ausencia de autonomía técnica, orgánica y financiera de los agentes del ministerio público en materia electoral; la ausencia de mecanismos reales de fiscalización del presupuesto y rendición de cuentas asignado a los partidos, así como del resarcimiento correspondiente; la partidización en la forma de designación de los consejeros electorales y la inexistencia de fedatarios en la materia .
Las primera tendría solución con una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, que estableciera la autonomía técnica, financiera y jerárquica de la institución. La segunda con la creación de un nuevo ente de fiscalización y rendición de cuentas con facultades jurisdiccionales, llámesele Tribunal o como se quiera.
El Instituto Estatal Electoral debe ciudadanizarse a fin de que  no sean los partidos los que designen a libre arbitrio a los consejeros. La partidización ha generado serias inconsistencias o necedad en las determinaciones , por motivos de gratitud , intimidación, lealtad política o militancias.
Todo proceso electoral ocupa de fedatarios, cuya característica principal debe ser la libertad y autonomía en sus funciones. En su labor, el fedatario muchas veces tendrá que asentar constancia de hechos que demeriten o afecten al partido en el poder, al mismo gobierno o inclusive a funcionarios encumbrados.  
El fiat o autorización para fungir como notario , deriva de una ley, nada democrática por cierto, que faculta al ejecutivo a otorgarlo y le concede facilidades para quitarlo, lo que ha convertido al nombramiento como una auténtica gracia del gobernador en turno, que cada fin de sexenio se ejercita.
Por esta razón, en tiempo de elecciones resulta imposible encontrar algún notario que acepte dar fe de hechos que puedan afectar a militantes del partido en el poder, o al partido en el poder.
En los dos últimos sexenios, no se lograba encontrar un fedatario que testificara en contra de actos violatorios de la legalidad cometidos por perredistas, ahora será imposible localizar alguno que lo haga por tropelías que cometan priistas.
La democracia requiere un cambio radical: o se crea una nueva ley del notariado que socialice la distribución de nombramientos  a partir de otros mecanismos para el otorgamiento del fiat, o por ahora se crea la figura de fedatario electoral bajo el esquema de nombramiento ciudadano.  
Quienes hoy conducen el Estado y tienen facultad de iniciativa tienen la palabra. “El proceso legislativo es un fenómeno dinámico de la realidad social”, dice el politólogo Nino Olivetti .

*Profesor universitario




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