Friday 20 de January de 2017

Reformas o conflictos:la disyuntiva

     12 Apr 2013 04:00:00

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“El Gobierno del Estado a cargo de Miguel Alonso Reyes pide cuotas partidarias a los trabajadores, luego de que los obliga a afiliarse al Partido Revolucionario Institucional”, afirma el presidente del Comité Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Gerardo Espinoza Solís.
El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), se ha visto atrapado en un remolino de denuncias de parcialidad en favor del partido en el gobierno (PRI) y de sus candidatos. Se acusa de intromisión en el proceso electoral al gobernador Alonso y se pide la destitución de la consejera presidenta del órgano electoral.
Las acusaciones en contra de un gobierno por favorecer a su partido no son nuevas, como tampoco lo son la veracidad de tales conductas: durante el gobierno de Arturo Romo, el PRI se llevaba el carro completo tratándose de legisladores federales, destacando así en el Centro Histórico mantas que señalaban a Zacatecas como un estado cien por ciento priísta; luego, con Ricardo Monreal, el carro completo se hizo perredista y continuó así con Amalia García, aunque con los perredistas de ella, para ubicar ahora el triunfo en favor de los priístas de Alonso.
Obviamente el rumbo que sigue el carro completo no es casual. Se orienta según corra el dinero del erario público, las consignas y las presiones en favor del partido en el poder que se convierte en partido de Estado y que la izquierda, cuando fue gobierno no quiso corregir porque le era conveniente conservar los mecanismos de control priísta. Ahora se queja de los mismos males que propiciaba y que en mala hora no atendió.
Una legislación electoral democrática y leyes afines se convierten en una necesidad ineludible y urgente, tanto que de no crearse hace potencialmente peligroso cada proceso. La gente necesita creer en la democracia y en sus valores y para ello los cambios mínimos podrían ser:
La creación para los trabajadores del Gobierno del Estado y de los municipios, del Servicio Profesional de Carrera, lo que, además de generar estabilidad laboral y estímulos, evitaría el uso, abuso y presión a la burocracia para fines electorales.
La creación de un órgano fiscalizador autónomo y con facultades jurisdiccionales (un tribunal de cuentas puede ser) que, libre de influencias y presiones, revise las cuentas del Ejecutivo estatal y de los municipales, así como de partidos políticos y de la legislatura.
Autonomía técnica, financiera y jerárquica de los órganos de procuración de Justicia respecto del Ejecutivo, en especial al Ministerio Público que se encargaría de perseguir los delitos electorales.
La creación de una nueva Ley del Notariado, que establezca nuevos mecanismos de designación de los notarios y que garantice la independencia de estos del gobernador, o bien la creación de la figura de fedatarios electorales, lo que permitiría dar fe de irregularidades que cometan los participantes en los comicios.
No estaría de más pensar en una nueva generación de políticos que destaquen por su capacidad y que asciendan al poder por lo mismo y no por su cercanía o fidelidad con el dueño de la franquicia de partido.
Imponer la obligación ineludible de presentar en acto público cada candidato a diputado, su agenda legislativa y la explicación y trascendencia de cada propuesta, abonaría a la democracia y a garantizar las ofertas de cada candidato. Lo mismo harían los candidatos a presidentes municipales, respecto a su proyecto de gobierno, iniciando con un diagnóstico sobre las condiciones sociales de su municipio.
Es importante la obligación de cada servidor público de elección popular, de concluir el período para el cual fue electo y la prohibición tajante de abandonar el cargo para buscar otro, con lo que se evitaría ingobernabilidad y se obliga al funcionario a la rendición de cuentas al final de su mandato, sobre todo a los presidentes municipales.

* licaquilesgonzalez@hotmail.com




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