Saturday 21 de January de 2017

Sin sentencia, 37 militares supuestamente vinculados con crímenes contra civiles

     6 Aug 2012 11:56:27

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El Ejército Mexicano investiga a por lo menos 37 militares involucrados y vinculados con asesinatos y detenciones extrajudiciales de civiles.  Se trata de casos emblemáticos ocurridos hace poco más de 2 años y que siguen sin recibir sentencia en los tribunales militares.   En esa situación se encuentra el expediente que se abrió contra militares involucrados con la supuesta detención y desaparición de los hermanos José Luis y Carlos Guzmán Zúñiga, presuntamente sacados de su domicilio en Ciudad Juárez la mañana del 14 de noviembre de 2008. Testigos aseguran que a los hermanos los retuvo un pelotón de 50 militares, pero el Ejército sólo reconoce el involucramiento de cuatro de ellos. Por estos hechos, la Procuraduría Militar inició una averiguación previa por la detención extraoficial de los hermanos Guzmán, en la que a tres años de los hechos dice “no” tener a “ningún militar detenido o sentenciado”.   De acuerdo con una serie de solicitudes de transparencia hechas por Animal Político  a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), además de los cuatro militares involucrados con la supuesta desaparición de los  Guzmán, existen otros 35 que son investigados o que esperan una sentencia por el asesinato y agresión de seis civiles.   De los que esperan sentencia, cinco son militares presuntamente involucrados con el asesinato del indígena  Juan Alberto Rodríguez de 18 años de edad, detenido en el pueblo de Tlacotepec, Guerrero, el 12 de febrero de 2010. Testigos aseguran que al joven, así como a un menor de 15 años que lo acompañaba y que resultó herido,  los detuvieron 15 militares, de los cuales la Sedena reconoce el involucramiento de una tercera parte de ellos.   La misma suerte tienen 12 militares vinculados con las detenciones extrajudiciales y asesinatos de Alejandro Gama Habif, Ismael Amaya y Aarón Rojas de la Fuente, ocurridas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en marzo de 2009, así como siete que participaron en el homicidio del médico naturista Jorge Otilio Cantú, ocurrido en Monterrey, Nuevo León, en abril de 2011.   En contraste, existen nueve militares que gozan de libertad aun cuando están acusados de la desaparición y homicidio de Saúl Becerra Reyes, de 31 años, presuntamente detenido extrajudicialmente en octubre de 2008  en Ciudad Juárez. Tuvieron que pasar varios meses para que las autoridades encontraran el cuerpo sin vida de Saúl. El reporte del médico forense estableció que murió por traumatismo craneoencefálico, a las pocas horas de su detención.   “No se encuentra ningún militar detenido o sentenciado” por la muerte o desaparición de Saúl Becerra, respondió el Ejército.   Los crímenes contra estos civiles son casos documentados por organismos defensores de los derechos humanos a nivel nacional e internacional como Amnistía Internacional (AI), que han hecho señalamientos sobre el actuar del  Ejército y la falta de resultados por parte de la institución para esclarecer las muertes y desapariciones extrajudiciales.   Para conocer la postura de la Sedena sobre el retraso en las sentencias y la falta de resultados en estos casos, Animal Político buscó una entrevista con el Ejército, pero no se obtuvo una respuesta de la institución.   La semana pasada organismos e instituciones internacionales como la Universidad de Stanford, la Universidad de Harvard, la Comisión Colombiana de Juristas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en México y el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan (entre otras),  entregaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una serie de escritos en calidad de “Amigos de la Corte”, para ofrecer a los ministros del máximo tribunal elementos de análisis sobre los límites que el derecho internacional impone al fuero militar.   Lo anterior porque los ministros de la Corte, en los próximos días, tendrán que resolver 30 amparos cuyo aspecto central será analizar la constitucionalidad de la competencia de la justicia militar para casos en que los militares hayan incurrido en violaciones de derechos humanos contra civiles.   Entre los amparos se encuentra el del indígena Bonfilio Rubio Villegas, presuntamente asesinado extrajudicialmente por militares de Guerrero que abrieron fuego contra el autobús de pasajeros en el que viajaba en 2009. Organismos de derechos humanos y familiares de Bonfilio han impugnado el ejercicio de la competencia del sistema de justicia militar por este homicidio, argumentando que juzgar a los involucrados en sus tribunales  viola garantías individuales reconocidas en el derecho internacional, de ahí la importancia de que sean los tribunales ordinarios y no los castrenses, los que juzguen el asesinato.   “La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene hoy en sus manos la posibilidad de adoptar una histórica decisión que no sólo contribuirá con el reclamo de justicia de las y los familiares de víctimas de abusos cometidos por integrantes de las fuerzas armadas, sino que también abonará al cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las cuales ordena al Estado mexicano reconocer que todos los abusos cometidos por integrantes del Ejército y de la Marina deben ser investigados y juzgados por autoridades civiles y no militares”, dijo Alberto Herrera Aragón, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México, quien el viernes 3 de agosto hizo un pronunciamiento sobre la decisión que tendrá que tomar la SCJN durante los próximos días.  


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