Tuesday 17 de January de 2017

Tenencia: ¿por qué no otras alternativas recaudatorias?

     13 Jan 2012 04:00:00

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Fuertes cuestionamientos han derivado en contra de la determinación del gobierno de Miguel Alonso al mantener el nefasto gravamen de la tenencia vehicular. Durante la  campaña de Felipe Calderón, éste ofreció la eliminación del impuesto, creado originalmente para solventar los gastos de la Olimpiada de 1968 y que luego se prolongó injustamente.

Ya en la silla presidencial (haiga sido como haiga sido), Calderón emitió un decreto que elimina el impuesto para éste año de conclusión de su mandato, pero dejando a las entidades federativas la facultad de conservarlo con carácter estatal.
Frente al cambio de gobierno que se venía con las elecciones del año pasado, los propietarios de vehículos mantuvieron la esperanza que tal carga quedaría eliminada y aunque Miguel Alonso no lo prometió, la gente sí confió en ello al interpretar en él un discurso con expectativa social.
El gobierno de Alonso elimina y no el impuesto por tenencia de vehículos: quedan exentos aquellos muebles cuyo valor de factura no sea mayor de 200 mil pesos, aunque para acceder a tal beneficio deberán estar al corriente en el pago del predial y agua potable. Es desde luego cuestionable la mezcla de una obligación con otra, así como la inequidad del pago para unos y  no para otros. También lo es el imponer efectos retroactivos al costo de factura de años atrás para los efectos de la exención, lo que podría dar lugar a juicios de garantías, con amplias posibilidades de éxito.
Varios diputados han impugnado el mecanismo de exención y el impuesto mismo, pero no han formulado alternativa alguna que pueda sustituir la forma de recaudación, sin causar molestia e impugnación ciudadana.
Hemos dicho en muchas ocasiones, que la crítica es buena y hasta necesaria, pero la que se hace de manera propositiva es la mejor:
Zacatecas  es la única entidad federativa que conserva un régimen de tenencia de la tierra que no corresponde ni a la pequeña propiedad ni al ejido. Son los fraccionamientos rurales del estado que comprenden grandes extensiones de terreno en los municipios de Río Grande, Fresnillo, Concepción del Oro, Ojocaliente, Villanueva y Loreto fundamentalmente, donde las características de las zonas rurales son inembargables e imprescriptibles y cuya titularidad conserva el gobierno del estado, aunque la posesión esté en manos de campesinos llamados fraccionistas. Estos se encuentran organizados en la Federación Nacional de Colonias y en la Unión de Colonias Agropecuarias de Fresnillo.
Desde hace más de veinte años hay un debate en la legislatura del estado respecto si desaparece el régimen de fraccionamientos o continúa. Sin entrar al fondo de éste tema es posible y hasta deseable, que aquellas áreas de fraccionamientos rurales que han sido invadidas por la mancha urbana, se cambien al régimen de propiedad privada en beneficio de sus posesionarios, pues en tales terrenos han asentado sus viviendas. Ellos mismos así lo han estado solicitando.
El sólo hecho de cambiar el régimen de tenencia de la tierra, desincorporando de los fraccionamientos las zonas urbanas para integrarlas al régimen de propiedad privada, significarían para el erario público por concepto de derechos que incluyen el traslado de dominio y la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, alrededor de 800 millones de pesos. Esto es una suma superior a la que podría recaudarse por concepto de tenencia vehicular, sin haber exención alguna,  independientemente de quedar regularizados los inmuebles para efectos del cobro anual y permanente del  impuesto sobre la renta.
Éste sólo hecho implicaría seguridad jurídica para los fraccionistas en cuanto a sus viviendas y permitiría no aplicar nunca más el impuesto arbitrario sobre tenencia vehicular, subiendo los bonos políticos del gobierno de Miguel Alonso.
El sistema de recaudación de impuestos en el estado ha funcionado desde hace muchos años de manera deficiente, al no actualizar los padrones en la Dirección de Catastro y Registro Público de la Propiedad respecto de las condiciones que actualmente guardan las diversas colonias residenciales. Existe una gran cantidad  de registro de inmuebles como propiedad privada pero en condiciones de lotes, donde se han construido casas y hasta edificios, manteniéndose el avalúo catastral en las condiciones originales.
La actualización de los avalúos catastrales a fin de que la gente pague el impuesto predial de acuerdo a las condiciones reales de cada una de las viviendas, implicaría para el erario público un incremento bastante considerable en el sistema de recaudación.
Otra alternativa es la erradicación de la corrupción, la transparencia en el gasto público y el control de percepciones de servidores públicos.

*Profesor universitario




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