Sunday 22 de January de 2017

Testigos protegidos y arraigo, a revisión; Senado busca reformar medidas cautelares

     23 Jan 2013 10:10:21

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Congreso de la Unión analizará las figuras de los testigos protegidos y el arraigo para evitar que su uso perjudique a inocentes, anunció el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón.   Un día antes de que se inicie la reunión plenaria de los senadores priistas en Nayarit, el líder de la bancada resaltó la necesidad de revisar a fondo las medidas cautelares, debido al cúmulo de anomalías registradas en los últimos años.   De acuerdo con Gamboa Patrón, de ser el caso, su partido propondrá en el próximo periodo ordinario de sesiones una reforma legal de ambos instrumentos jurídicos.   Explicó que precisamente en la junta de este grupo parlamentario, para conformar una agenda de temas prioritarios, los legisladores se reunirán también con el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, para conocer su opinión y determinación sobre ambos temas.   “He platicado con el señor procurador. Está muy atento a esto, muy comprometido con no defender a nadie que haya cometido algún ilícito, pero tampoco meter a la cárcel o someterlo a un juicio, cuando no haya hecho nada”, dijo Gamboa.   El 4 de diciembre, antes de asumir el cargo, Murillo Karam anticipó la revisión de ambas herramientas jurídicas, al señalar que “el arraigo es una muestra de las insuficiencias del sistema de procuración de justicia (...) Es una medida que debería aplicarse lo menos posible y deberíamos erradicarla”.   Entre los casos más relevantes de personas acusadas y detenidas con base en testigos protegidos está el de Rodolfo de la Guardia, director de la Interpol México de 2003 a 2005, capturado en 2008 y liberado a principios de este año, exonerado de cargos por narcotráfico.   PRI revisará arraigo y testigos protegidos   Emilio Gamboa, líder de los senadores priistas, no descartó impulsar una reforma para evitar abusos contra inocentes en procesos penales.   A partir del cúmulo de anomalías que se presentaron en los últimos años, el grupo parlamentario del PRI en el Senado revisará a fondo y, de ser el caso, propondrá en el próximo periodo ordinario de sesiones una reforma legal de las figuras de testigos protegidos, así como del arraigo, para evitar a toda costa que se dañe a gente inocente.   Emilio Gamboa, responsable de la bancada priista en el Senado, anunció además que se reunirán con el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, para conocer su opinión y determinación sobre el particular.   Por lo pronto, Emilio Gamboa detalló que ya se han tenido reuniones al respecto: “He platicado con el señor procurador. Está mucho muy atento a esto, muy comprometido con no defender a nadie que haya cometido algún ilícito, pero tampoco meter a la cárcel o someterlo a un juicio, cuando no haya hecho nada”, reflexionó.   Al respecto, los senadores del PRD, Dolores Padierna y Luis Miguel Barbosa, señalaron que en el caso de los generales detenidos se debe aplicar la justicia de manera estricta y con apego a la ley.   Las figuras de arraigo y los testigos protegidos vuelven a poner en duda los procesos legales, afirmó la senadora del PRD, Dolores Padierna. “Con un solo testigo protegido se arraigó a mucha gente en el sexenio pasado, es momento de hacer justicia y que nadie, siendo inocente, pueda ser encarcelado”, resaltó.   Lo anterior, ante la postura que asumió la Procuraduría General de la República (PGR) tras reconocer, ante un juez federal, que no tiene ninguna prueba que confirme las declaraciones del testigo protegido.   Por eso, “tanto el arraigo como la figura de testigos protegidos deben ser eliminados de los procedimientos acusatorios, ya que si no existen pruebas contundentes “no puede dictarse culpabilidad”, añadió la legisladora.   A su vez, el coordinador del PRD en el Senado, Luis Miguel Barbosa Huerta, dijo que sobre el caso de los generales detenidos, se debe aplicar la justicia de manera estricta, con apego a la ley “y no como una ruta política, como se pretende”.   “No quiero señalar ninguna responsabilidad de los generales”, aseguró Barbosa, quien también se pronunció por revisar, y en su caso desaparecer, la figura de testigos protegidos y los arraigos.   En rueda de prensa sostuvo que la PGR “evidentemente se está enrutando a una sentencia absolutoria o por el desvanecimiento de datos” para la posterior liberación de los militares.   Imputaciones   Dauahare ocupó la segunda posición en la estructura militar como subsecretario de la Defensa Nacional hasta 2008. Fue detenido y procesado en 2012 por la acusación de dos testigos protegidos.   Seis altos mandos militares, incluidos cuatro generales —entre ellos Dauahare— un teniente coronel y un mayor fueron detenidos en 2012 bajo señalamientos de proteger al cártel de los Beltrán Leyva.   Ellos se convirtieron en los militares de más alto rango acusados bajo el gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012) de tener nexos con un cártel del narcotráfico.   Uno de los testigos que acusó a Ángeles Dauahare fue Sergio Villarreal Barragán, quien fue parte del liderazgo del cártel de los Beltrán Leyva, grupo que recibió diversos golpes durante el gobierno de Calderón incluida la detención y muerte de varios cabecillas.   El grupo delictivo se dividió tras la muerte de su líder Arturo Beltrán, en diciembre de 2009, durante una operación de la Marina en Cuernavaca, Morelos.   Para Raúl Benítez, experto en seguridad y temas militares de la Universidad Nacional Autónoma de México, que la Procuraduría no haya encontrado pruebas es una muestra de que la justicia en México aún carece de mecanismos para garantizar procesos adecuados.   “La recopilación de pruebas y acusaciones a través de testigos protegidos son muy engañosas, son muy peligrosas. Un testigo protegido puede perjudicar a un general o a un funcionario policiaco simplemente por lo contrario porque no lo ayudó”,  dijo Benítez.                        


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