Wednesday 22 de March de 2017

Un órgano especial para combatir la corrupción

     20 Sep 2011 03:30:00

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La corrupción es un fenómeno que daña el funcionamiento de las instituciones públicas, que deteriora los principios y valores morales de sus servidores y destruye toda alternativa creada con miras al desarrollo social. Las repercusiones presentes de este mal dañan significativamente el porvenir de las nuevas generaciones, pues sus prácticas y vicios se convierten en patrones a reproducir.
“El que no transa no avanza” reza una de sus máximas. Este tipo de sentencias lo mismo se escuchan en el espacio local que en el ámbito global, en ambos puntos frecuentemente observamos el uso de prácticas corruptas que no sólo afectan a los gobiernos, sino a la sociedad en general. Las mordidas, cohecho, soborno, tráfico de influencias, venta ilegal de permisos, protección de aviadores, lavado de dinero, entre muchas otras, no son actos solamente locales.
Los esfuerzos de la comunidad internacional para combatir la corrupción pública arrojan un cuerpo importante de compromisos plasmados en acuerdos institucionales, cuya finalidad consiste en erradicar todo acto ilícito. Estos instrumentos están dotados de indicadores especiales que miden el desempeño de los servidores públicos y brindan dispositivos para sancionar y evitar el avance de la corrupción.
En el concierto internacional, durante los últimos tres lustros un número importante de países ha estado diseñando e implementando mecanismos anticorrupción.
En América Latina los esfuerzos por combatir la corrupción se han incrementado. Algunos gobiernos han creado cuerpos especializados para combatir tanto la corrupción pública como la privada. Por ejemplo, en Chile se ha creado la Unidad Anticorrupción. En México, el pasado 13 de septiembre el Senador Ricardo García Cervantes, del grupo parlamentario del PAN, propuso una iniciativa para adicionar un Apartado C al artículo 102 Constitucional. Esta adición comprende la figura de una Fiscalía Nacional contra la Corrupción y el Combate al Lavado de Dinero.
El senador, quien preside la Organización Mundial de Parlamentarios Contra la Corrupción  Capítulo México, plantea en su iniciativa que dicha Fiscalía debe ser un órgano con autonomía de gestión y presupuestaria, con personalidad jurídica y patrimonio propios; presidido por un Fiscal nacional, designado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en la Cámara de Senadores y con una duración en el cargo de ocho años, con la posibilidad de ser reelecto por una sola vez, quien solamente podrá ser removido a través de juicio político por violaciones a la ley y a la Constitución. Sin duda, este tipo de medidas son saludables para el estado y sus instituciones, por ello, será interesante ver el curso que tome la propuesta.

*Politólogo




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