Sunday 22 de January de 2017

Una izquierda jubilada

     7 Jul 2011 04:00:00

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Cualquier crítica a la UNAM que venga de un panista o priísta es un 'atentado' contra la universidad pública. No importa si esa crítica tiene por objetivo la disminución de su gasto corriente, para que más jóvenes puedan gozar de una educación universitaria.

Una de las consecuencias positivas de haber abandonado mi militancia en el PRD, hace 18 meses, es poder asistir al debate público con menos prejuicios que nunca. Hoy, puedo decir con franqueza que me he alejado de la tendencia a caricaturizar al otro, a subestimarlo, a “ningunearlo”, como dice Gustavo Gordillo.

Quizás ese sea uno de los defectos más grandes que tuvieron las fuerzas democráticas en México en los últimos años. Abandonar las batallas estratégicas y suplirlas por dogmas y prejuicios.
En uno de los debates, por ejemplo, que se dieron en el Estado de México, Alejandro Encinas criticó al subsistema de Universidades Tecnológicas de dicha entidad y explicó que su propuesta sería centralizar recursos en la Universidad Autónoma del Estado de México.
Dudo mucho que Encinas haya pasado más de una hora estudiando el tema para fijar su postura; por ello lo más fácil era recurrir a su viejo prejuicio, aquél en el que las carreras técnicas son un “engaño” para los jóvenes y no tienen la suficiente carga formativa que requieren para ser felices.
En México no la propuesta, sino los prejuicios detrás de ella. Cualquier crítica a la UNAM que venga de un panista o priísta es un “atentado” contra la universidad pública. No importa si esa crítica tiene por objetivo la disminución de su gasto corriente, para que más jóvenes puedan gozar de una educación universitaria.
Lo mismo sucede en Zacatecas. El jueves pasado fue rechazada la iniciativa que Xerardo Ramírez y un servidor propusimos para ampliar los periodos ordinarios de de sesiones, en el Poder Legislativo, en un 20% más de tiempo efectivo. (Sumada a la ampliación de los días que sesionamos por semana, el incremento al tiempo efectivo es de 70%).
A nuestros compañeros el argumento que más les importó para votar en contra fue que los hemos “denigrado” ante la opinión pública, con calificativos como “flojos” e “improductivos”. Como si esos calificativos salieran de nosotros hacia la opinión pública y no al revés.
En la discusión, a la que pocos le prestaron atención, les comenté que al igual que en el caso del Tribunal de Cuentas, rechazar esa iniciativa era particularmente cobarde en los diputados de oposición, que preferían conservar canonjías aunque fuera a costa de su propia capacidad para hacer contrapeso al Ejecutivo.
Leí una opinión del gran jurista Diego Valadés, quien señala que prácticamente desde el inicio del México Independiente: “se ha optado por que el Congreso esté reunido el menos tiempo posible, para evitar el desgaste político de la crítica parlamentaria al gobierno. La tendencia que ha prevalecido ha sido la de sesionar durante pocos meses, con resultados que van más allá de lo previsto por quienes sólo se preocuparon por facilitar la acción del Ejecutivo”.
Los distintos parlamentos en el resto del mundo sesionan durante mucho más tiempo: 9 meses en Argentina, Italia, España  Brasil y prácticamente de forma ininterrumpida en países como Uruguay, Colombia, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido.
Cualquiera que haya visitado esos países sabe que esa circunstancia es benéfica, sobre todo, para los partidos de oposición. Los reflectores se encuentran más tiempo puestos en las críticas y las alternativas que se presentan a los planes y proyectos del gobierno.
Pero aquí eso no valió de nada. A la oposición no le importa perder esa posibilidad, ni la de posibilidad fiscalizadora que otorgaría el Tribunal de Cuentas. No, mientras seamos otros quienes tengamos esas propuestas y no, especialmente, mientras sean sus privilegios los que vayan de por medio.
Algo similar pasa con la iniciativa de Ley de Sociedad de Convivencia que presenté el pasado jueves. Varias organizaciones civiles, que se dicen de izquierda, han sido omisas ante la propuesta.
Durante los 12 años de gobiernos perredistas, esa iniciativa, de mínima reivindicación a las garantías constitucionales de los mexicanos, fue bloqueada desde el Ejecutivo.
Por el Congreso pasaron diputados y diputadas de todo tipo, incluyendo a las que se proclamaron como más radicales defensoras de la equidad de género. No quisieron asumir el supuesto “costo político” de defender el derecho de las minorías; y encima, ahora guardan silencio frente a los embates de las visiones más conservadoras y retrógradas en la materia.
La falta de solidaridad no debe permitirse en un país que, por su conformación multicultural, es resultado de un contrato social que celebraron muchas minorías. En México, de alguna u otra forma, todos somos minoría.
Pero eso no le importa a quienes no han tenido el valor de defender públicamente ni el Tribunal de Cuentas, ni la ampliación de periodos ordinarios de sesiones ni esta ampliación de derechos a sectores que hoy están excluidos de forma discriminatoria del marco constitucional.
Esas iniciativas no son valientes ni progresistas frente a la “izquierda” zacatecana que prefiere optar por defender lo indefendible antes que rectificar. Por eso están condenados a la jubilación prematura.

*Diputado local




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