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Responsabilizan a 10 exediles por el desvío de $28.9 millones
Francisco Gabriel Reynoso Torres
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26 de Octubre del 2016 08:41 hrs
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Liga Corta




La Auditoría Superior del Estado demanda la devolución de 28.9 millones de pesos a 10 exalcaldes. 

Solo uno de ellos, Arturo Zamora Ramírez, de Sain Alto, tendría que restituir 20.2 millones de pesos a la Tesorería de su municipio.

La Comisión de Vigilancia de la 62 Legislatura, presidida por el panista Arturo López de Lara, presentó ayer, ante el pleno cameral, los dictámenes, aprobados ya en comisiones, de las cuentas públicas 2014 de Sain Alto, Valparaíso, Teúl de González Ortega, Florencia de Benito Juárez, Mezquital del Oro, Genaro Codina, El Salvador, Joaquín Amaro, Momax y Santa María de la Paz.

En términos generales, las irregularidades financieras y administrativas en los 10 municipios se repiten: gastos no comprobados ni justificados, pagos excesivos a regidores y funcionarios, cheques cobrados por personas diferentes al beneficiario y erogaciones en bienes y servicios que no tienen nada que ver con el funcionamiento del gobierno municipal.

Humberto Muro, expresidente de Teúl de González Ortega, aparece como responsable de la pillería más grande. La Secretaría de Finanzas le entregó 525 mil pesos para la compra de una casa que se convertiría en museo arqueológico. Al momento de la fiscalización, los peritos de la ASE no hallaron el inmueble, ni el dinero ni ninguna justificación de por qué no se hizo la adquisición.

También Arturo Zamora generó problemas con la adquisición de un bien inmueble, aparentemente para el municipio. Pagó 250 mil pesos por una finca, pero no se escrituró a favor del ayuntamiento.  Y el exalcalde de Sain Alto no justificó el paradero de 636 mil pesos de recursos del 3x1 de migrantes destinados a la entrega de becas escolares.

Proponen freno a deudas irresponsables
En otro asunto, el diputado Carlos Peña presentó al pleno del Congreso una iniciativa para reformar la Constitución del estado e impedir que los gobiernos estatal y municipales contraten deuda pública irresponsablemente, sin planeación y la debida autorización.
 
También propuso fincar responsabilidades de carácter penal a quienes violen estas disposiciones y pongan en riesgo la estabilidad financiera de la entidad o sus municipios.

Con estas modificaciones a la Carta Magna, explicó el legislador, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el gobierno de Alejandro Tello podrá iniciar la reestructuración y renegociación de su deuda pública que asciende a 7 mil 400 millones de pesos.

Y es que –abundó- la iniciativa busca que el marco jurídico local se armonice con el federal. Concretamente con la Ley de Disciplina Financiera de los Estados y los Municipios.

Esta ley federal, explicó, precisa bases para que estados y municipios puedan recurrir al endeudamiento, impone límites y modalidades y la obligación de inscribir en la Secretaría de Hacienda absolutamente todos los pasivos y consigna responsabilidades para los funcionarios públicos que violenten las reglas en el manejo de deuda pública.

En la reforma al 122 de la Constitución –destaca Peña- se consignarían las consecuencias de un mal manejo o inadecuado procedimiento de endeudamiento. Diría: “Cuando las acciones constituyan delito, conocerán las autoridades competentes…”.

Piden que sea obligatorio presentar iniciativas
En la primera de la doble sesión de la 62 Legislatura, la diputada Geovanna Bañuelos llevó a tribuna una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo y que sea obligatorio para los diputados presentar cuatro iniciativas, al menos, en cada uno de los periodos ordinarios de sesiones.

Podría ser de puntos de acuerdo, leyes, decretos o reformas  a la Constitución del Estado.
A juicio de la coordinadora de la bancada del PT, la mala imagen de los diputados proviene de que los ciudadanos están ciertos de que ganan mucho y trabajan poco. Remediar esto último se puede lograr con relativa facilidad y de inmediato.

Luis Medina, coordinador de la bancada de Morena, presentó una iniciativa para reformar el artículo 114 de la Constitución de la República, a fin de que los delitos graves cometidos por funcionarios públicos sean imprescriptibles.

Omar Carrera, también de Morena, propuso un punto de acuerdo para solicitar a la PGR un informe detallado de las investigaciones sobre las denuncias que se presentaron contra Miguel Alonso. Y también para solicitar a la procuradora Areli Gómez ordene el arraigo domiciliario del exgobernador.     

El diputado migrante del PRI, Felipe Cabral, llevó a la tribuna una iniciativa de reforma constitucional para que en el cabildo de los 58 municipios haya un regidor migrante.