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Lavado de dinero y lavado de pecados
Jaime Santoyo Castro
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05 de Marzo del 2018 11:21 hrs
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Liga Corta




Los partidos Políticos, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son entidades de interés público, y tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organización de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.

La misión, entonces, es darle cauce a la organización de los ciudadanos y convertirse en instrumento para que éstos accedan a los cargos públicos, y no otra. Por eso son entidades de interés público.

Torcer esa finalidad es pervertir su encomienda, atentar contra el interés público, violentar la Constitución, y despreciar la democracia.

Se tuerce la finalidad, cuando un partido es manipulado para satisfacer apetitos personales. Apropiarse de un partido es secuestrar a su militancia. Eso es delicado, pero es más grave que ese partido, sea destinatario de un proceso orquestado para lavar dinero; o prestar sus siglas a alguien que financie sus operaciones con dinero lavado, producto de triangulaciones entre empresas fantasmas.

Grave es la acusación que pesa sobre el joven Anaya, candidato del PAN a Presidente de la República, quien no sólo es acusado de engañar a la militancia de su partido para hacerse de la candidatura, sino ahora de engañar a las autoridades con operaciones financieras poco claras. Le da la característica de falso, fraudulento, ligero, e irresponsable.

Otra vertiente tan grave como la anterior, es la de prostituir a un Partido Político de nueva creación, como es MORENA, en función de los intereses de AMLO, para lavar las afrentas que ha sufrido la sociedad mexicana otorgándole candidaturas ganadoras por la vía plurinominal a personajes ligados con actividades delictivas, como es el caso de la excomandante de las policías comunitarias de Guerrero, Néstora Salgado (acusada de múltiples secuestros) y Napoleón Gómez Urrutia, líder a control remoto del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, sin haber sido  nunca trabajador de nada, y acusado de defraudar a sus agremiados a través de 34 operaciones financieras con dinero del Sindicato por 272 millones de pesos, que fueron a parar a cuentas bancarias en México y el extranjero, de familiares cercanos y haber desviado 55 millones de dólares del Fideicomiso que abrió la Minera México para indemnizar a mil 800 trabajadores de Cananea, dinero que fue a dar a las cuentas de Napoleón, a pagar cuentas de sus hijos, de su esposa, y/o a favor de algunos privilegiados del Comité Ejecutivo del Sindicato Minero.

El sistema de Plurinominales se creó para que a las diversos cargos de elección popular accedieran las minorías que no pudieran acceder por la mayoría, pero no para burlar a la sociedad y a la justicia, dándole inmunidad a quien quebrante la ley. ¡Eso no ayuda a la democracia!