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El Recreo
Gobernar torciendo la ley
J. Luis Medina Lizalde
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09 de Agosto del 2018 05:00 hrs
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Liga Corta




No fue la casualidad sino la malicia del agonizante régimen lo que determinó que la exoneración de Elba Esther Gordillo coincidiera con la entrega de la constancia mediante la cual se reconoce a López Obrador como Presidente electo. Inducir la idea de que la otrora poderosa dirigente sindical salía en libertad  por voluntad de López Obrador, era cuestión de esperar a que trascendiera la noticia.  Por si las dudas, conocidos voceros del orden establecido como Carlos Loret De Mola, se encargarían de remarcar “la conexión”.

Más allá de las inducciones, es indudable la proclividad de los mexicanos a suponer que los gobernantes tuercen las leyes a voluntad y que delinquen cada vez que sirve a sus intereses, y muchas de las veces no se equivocan.

El 17 de julio de 1928 fue asesinado el general Álvaro Obregón, recién había resultado vencedor en las urnas y se disponía a cumplir un segundo mandato presidencial, las crónicas relatan  la popularidad de un juego de palabras entre multitudes cuando un gracioso lanzaba la pregunta a voz en cuello: ¿Quién mató a  Álvaro Obregón?  Para  que en coro le respondieran “callés….eeeee” , era claro que el tribunal de la opinión pública había dictado su sentencia. 

El mensaje central de López Obrador al momento de ser declarado Presidente electo es el de que su prioridad será el Estado de Derecho, que no presionará a los otros poderes ni dará  consigna al aparato de justicia, lo que significa encaminar a la nación a vivir por fin conforme a las normas establecidas, algo extraordinariamente revolucionario en un país en donde se nos ha hecho normal que los gobernantes cometan delitos cuando lo juzgan necesario, y no nos referimos solamente a que se embolsan de diversos modos el dinero público, sino a que resuelven problemas políticos cometiendo delitos.

Gobernantes delincuentes

Porfirio Díaz puso el ejemplo, cuando algún crítico estridente era metido al redil,  “ese gallo quiere  maíz”, desviaba dinero público para calmarle las ansias,  décadas más tarde, esa misma visión se expresaba diciendo que “si un problema se soluciona con dinero, sale barato”. 

Resolver problemas políticos matando tiene en Porfirio Díaz a su más notorio precursor, los militares zacatecanos veteranos de la lucha contra la invasión francesa Trinidad García de la Cadena y Juan Ignacio Lizalde fueron ejecutados en castigo a la aspiración presidencial del primero. 

 Resolver diferencias políticas mediante asesinatos se internalizó como algo normal al grado de que algunas muertes “oportunas” fueron tomadas, sin evidencia consistente, como crímenes ordenados desde la cima del poder, mucho se dijo que Maximino Ávila Camacho fue envenenado para sacarlo del juego sucesorio de su hermano, el presidente Manuel Ávila Camacho, la muerte en un avionazo de Carlos Madrazo para muchos de sus contemporáneos fue obra de la voluntad del presidente  Díaz Ordaz, otro accidentado “oportunamente” fue Manuel Cluthier, (recientemente reafirmo esa convicción su hijo) y el asesinato de Colosio se registra en la memoria colectiva como ordenado desde la cima del poder.

 A los anteriores ejemplos añada usted las incontables matanzas, represiones, torturas, encarcelamientos mediante cargos inventados y demás violaciones al Estado de Derecho atribuibles a los gobernantes, entenderá las razones por las cuales somos proclives a encontrar la consigna del poder detrás de sentencias judiciales como la que liberó de toda culpa a Elba Esther Gordillo.

Salinas De Gortari encarceló torciendo la ley al líder petrolero Joaquín Hernández Galicia  para matar varios pájaros de un tiro, se vengaba del apoyo de los trabajadores petroleros a la candidatura del Cuauhtémoc Cárdenas, del posible patrocinador del libelo “un asesino en el gabinete” que difundió un trágico episodio de la niñez del entonces aspirante a candidato presidencial y lo que era más urgente, mandaba un mensaje de fuerza a los que resistían la forma fraudulenta con la que se hizo de la Presidencia.  

Encumbró torciendo la ley a Elba Esther Gordillo y acabó con Carlos Jongitud Barrios  en el mismo año del “quinazo”.

Deformación cultural

Peña Nieto torció la ley para deshacerse de Elba Esther Gordillo  no porque no tuviera cola que pisarle, como lo dijo con gran acierto Gabriel Guerra: si es la delincuente que nos dijeron  y ahora la liberan por razones políticas se violenta el Estado de Derecho, si es inocente como lo resolvió la sentencia judicial definitiva, se violentó en su perjuicio el Estado de Derecho.

Tanto tiempo de ser gobernados violentando leyes nos produjo la deformación cultural que ahora se manifiesta en la exigencia a López Obrador de que encarcele a figuras del sexenio de Peña Nieto, cuando es a otro poder, el Judicial, al que le corresponde la tarea.

Se nos hizo normal ignorar la ley. 

Nos encontramos el lunes en El Recreo