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Detectan presuntas anomalías por $323 millones en gobierno y $51 millones en la UAZ
Redacción
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05 de Septiembre del 2018 05:00 hrs
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Liga Corta




Archivo / El auditor Raúl Brito.

ZACATECAS.- En el dictamen de la cuenta pública 2016, la Auditoría Superior del Estado (ASE) observó presuntas irregularidades por 323 millones de pesos en Gobierno del Estado y 51 millones en la UAZ.

En el caso de la universidad, 39.8 millones de pesos corresponden al periodo del rector Armando Silva y el resto al actual, de Antonio Guzmán. 

Las observaciones más graves en este caso sería el manejo de 4.8 millones de pesos del  Convenio de Coordinación para la integración de Programas Sociales Estatales al Sistema de Información Social Integral, que involucran a Nicolás Castañeda, como gestor de proyectos y al exrector Silva.

La ASE advierte que hay pagos no justificados y solicita interponer una denuncia ante la Fiscalía.

Otra anomalía que contempla otra denuncia es por conceptos no justificados en el Contrato para la Prestación de los Servicios consistentes en Asesoría denominado “Análisis de Áreas de Oportunidad para potencializar la Cultura del Deporte y Actividad Física a nivel Nacional” celebrado entre Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y la UAZ.

Otras observaciones involucran a Emilio Morales Vera, secretario Administrativo, y Miguel Ángel Flores, por el pago de bonos y prestaciones “no procedentes” y el tema de universitarios con doble plaza.

En el caso del Gobierno del Estado, 208 millones observados corresponen  a la pasada administración y de la actual son 114 millones 865 mil pesos.

De lo más grave está documentado un presunto desvío de materiales en la Seduzac, en la Coordinación Estatal de Tiempo Completo, Departamento de Recursos Materiales y Servicios, Regionales No 11, Departamento de Servicios Regionales No 5 A y la Primaria 20 de Noviembre, durante la pasada administración. El cálculo de daño al erario es de 9.7 millones de pesos y amerita una denuncia de hechos, al igual que  692 mil pesos para mantenimiento de edificios en la Seduzac que no están justificados, de la pasada administración.

En el caso de los materiales, están involucrados el excoordinador Administrativo José Luis Santoyo y Rafael Pedroza Bernal.

De Sinfra, cuando la dirigía Francisco Ibargüengoytia, hay observaciones por deficiencias de obra, como un auditorio en Tepechitlán; sobreprecios en un programa de bacheo y otros conceptos sin justificar. También se observaron cientos de casos de burócratas de Seduzac on doble plaza.

En la cuenta pública de Valparaíso del 2016, del periodo de Eleuterio Ramos, también se contemplan denuncias por pagos a empresas  de los que no hay certeza que hayan prestado servicios: Luzbi y  a Sistema IDS, por 317 mil y 179 mil pesos.