Thursday 08 de December de 2016

Acceso a la justicia

Mara Muñoz Galván      1 Jul 2014 21:40:08

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Las policías son en gran medida el primer punto de atención para las mujeres en situación de violencia.

Son los cuerpos policiales quienes en primera instancia acuden al llamado para ayudar a las víctimas del delito; así, la coordinación entre policías preventivos y policías ministeriales es fundamental pues son las policías preventivas quienes generalmente llevan a la víctima ante el Ministerio Público para que levante una acta o denuncia contra el agresor.

De existir una denuncia que presuma la existencia de un delito, es la Policía Ministerial la que se encarga de hacer la investigación, mientras que las policías preventivas resguardan las pruebas en el lugar de los hechos para que la ministerial pueda hacer su labor investigadora.

Cuando la víctima acude ante el Ministerio Público es fundamental que exista el apoyo y coordinación de las policías ministerial y preventiva para que se pueda acreditar la existencia de un delito, y proceda a levantar una denuncia.

Un acta de hechos es insuficiente para hacer justicia, pues solo sirve como antecedente de un episodio de violencia y no tiene efectos en el desarrollo de una investigación y probable judicialización ante el Poder Judicial.

Es decir cuando una víctima se limita a levantar un acta, deja de lado su derecho a acceder a la justicia y se queda tan solo con la anécdota de la agresión.

En la decisión de presentar una denuncia influyen ampliamente los ministerios públicos y policías, pues constantemente persuaden a la víctima para que no continúe con el proceso de denuncia.

El Ministerio Público se ve desahogado en sus labores si la víctima del delito decide no presentar denuncia y limitarse al acta de hechos.

Esto reduce el número de carpetas de investigación, antes llamadas averiguaciones previas, que tiene que elaborar.

De esta manera el costo lo paga la víctima, pues si bien es cierto que en muchas ocasiones no quiere denunciar, también lo es que desiste por persuasión de la autoridad, en este caso el Ministerio Público y la policía. Esta práctica genera impunidad.

Además, es contraria al empoderamiento de la víctima quien en su estado de vulnerabilidad requiere del apoyo de las instituciones encargadas de representarla.

La violencia contra las mujeres no puede continuar siendo considerada como un delito menor o un hecho de carácter privado.

La violencia familiar es la manifestación más visible de violencia contra las mujeres, no obstante, no es la única; la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia considera también la violencia comunitaria, laboral y feminicida.

Además en casos de violencia familiar esta Ley prohíbe conciliar entre agresor y víctima.

El acceso a la justicia de las mujeres sigue siendo un gran pendiente para la procuración de justicia. Es necesario romper con viejas prácticas que limitan a las mujeres en el ejercicio de sus derechos para ello se requiere no solo de sensibilización y capacitación para fomentar la colaboración entre autoridades,
sino del fortalecimiento y creación de unidades especializadas en violencia familiar y de género dentro de los cuerpos policiales.




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