Tuesday 06 de December de 2016

Así era en el porfiriato

J. Luis Medina Lizalde      12 Jan 2014 22:00:29

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Las fallas de la justicia mexicana no obedecen a leyes inadecuadas ni a insuficiencias de recursos ni a impreparación del personal de sus diversas instancias, aunque todos estos elementos se encuentran presentes en el panorama actual.

El verdadero origen de este fenómeno es la desigualdad social, que hace que el funcionamiento de la institucionalidad que se ocupa de ella se determine por la posición económica, política y social de los justiciables; en eso también el porfiriato ha sido reestablecido.

Esperanza Reyes Aguillón se encuentra recluída en las Islas Marías, compurgando sentencia de seis años de prisión debido a que hace dos años, a la hora de pagar una libreta que en la escuela pidieron a su hija, lo hizo con un billete de 100 pesos que resultó falso a los ojos de la persona que la atendió y que llamó inmediatamente a la policía.

La pobreza de la joven de 23 años la hizo depender de un defensor de oficio que hizo muy mal su tarea, coadyuvando con su irresponsabilidad al infierno en que se encuentran Esperanza y sus dos criaturas.

Una vez que el caso adquirió el estatus de “cosa juzgada”, el colegio de Abogados, la Barra de Abogados y la Fundación Barra Mexicana, todos de San Luis Potosí, han emprendido una vasta campaña en redes sociales para persuadir a Enrique Peña Nieto de que le otorgue el indulto a la desdichada madre, toda vez que es el único recurso al alcance que ofrece la normatividad aplicable al caso.

En la profusa labor de información, los abogados han evidenciado la carencia de sustento de la determinación del Ministerio Público Federal que conoción del caso, la de los jueces de las diversas instancias que emitieron fallos notoriamente negligentes y la desprotección jurídica de la inculpada en que la hundió un defensor negligente.


Falta de compromiso
Enrique Peña Nieto probablemente no tendrá inconveniente para ejercer la facultad de indultar que le concede la ley; a lo mejor espera el tiempo suficiente para que el caso sea ampliamente conocido por la opinión pública y más gente se entere de su “talante justiciero” y luego ponga fin a la injusta reclusión de la joven señora, sin que haga nada para que la maquinaria perversa de la justicia mexicana se transforme en un sistema legal digno de ese nombre.

Las agrupaciones de profesionales del Derecho pudieran ser una instancia de contraloría social altamente especializada que previniera y corrigiera los excesos contra los débiles del aparato de justicia, pero prevalece la impresión de que en muchas de estas asociaciones priorizan las buenas relaciones con el poder público sobre la promoción y defensa de los valores de la profesión.


En un país de tan debilitada institucionalidad, no pocos litigantes suelen confiar más en la subjetividad de los nexos con fiscales y jueces que en su dominio del saber jurídico y “el mejor derecho” de la causa que representan, lo que los hace partícipes de diversas modalidades de soborno e intimidación, silencios y encubrimientos. ¿Cuántos casos de tortura conocen y no combaten?

Los gobernantes en turno son muy dados a controlar lo que no les incumbe y a descuidar lo que es su obligación controlar, por ello suelen inducir la elección de dirigentes “a modo” en instancias que por definición deben ser autónomas y democráticas, por ello controlan más a las asociaciones profesionales que a los cuerpos policiacos que son de su responsabilidad.

El daño social que provocan con esa mirada corta se extiende a toda la sociedad y en el caso de los abogados, se manifiesta en impotencia social ante el atroz funcionamiento de la maquinaria judicial que ocasiona tantos inocentes en prisión y culpables en libertad, tal como en el porfiriato.


Voz de los ilustrados
Otro elemento del desolador panorama de la justicia es la sumisión intelectual en que se encuentran los centros de formación jurídica. La renuncia a la libre deliberación de lo social que se advierte en las comunidades universitarias tiene muchas explicaciones, pero lo que es indudable es que cuando desde la academia se renuncia a la función crítica, se daña severamente a la sociedad y en lo referente a la justicia penal, se fortalece la maquinaria trituradora de los débiles “justiciables”, como sucedió durante el porfiriato.

El sistema no se regenera a sí mismo, se necesita la movilización social independiente y democráticamente direccionada. Esto será realidad cuando la clase media que accede a la educación asuma su deber histórico. Las comunidades universitarias y las asociaciones de profesionistas, valiosas herramientas de la sociedad, eran inexistentes durante el porfiriato. Hoy existen, su participación en el cambio es cuestión de tiempo.

Nos encontramos el jueves en El recreo.
 




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