Friday 09 de December de 2016

En busca de un sistema incorruptible 

Miguel G. Ochoa Santos      18 May 2014 22:00:08

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(León)
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El reciente escándalo de los casinos ha mostrado que el sistema de impartición de justicia del país es una institución decadente, roída por la corrupción que debiese atacar sin piedad. Algunos magistrados, jueces y ministerios públicos eran controlados y lo siguen siendo en distintos ámbitos, por aquellos que son capaces de hacer lo indecible para ampliar sus dividendos.

¿Dónde está la sacrosanta mano invisible del mercado que supuestamente pone orden en el cuadrilátero empresarial? Tampoco existe un sistema judicial capaz de hacer respetar las sesgadas leyes que nuestros legisladores en turno tienen a bien sorrajarnos cada vez que los intereses corporativos y políticos se alinean para abrir brechas al progreso mercantil.

Sin un marco legal éticamente presentable ni instituciones asépticas ni dispensadores de justicia invulnerables, la promulgación de disposiciones y normas jurídicas es un acto vacío, es en realidad una invitación a saltarse las trancas con billetes en la mano para comprar laudos favorables y sentencias a modo.

Acaso por ello, las reformas actuales quedarán en la historia como simples artilugios retóricos de la propaganda y de los lavados de coco sexenales. Hoy podemos atestiguar cómo la modernización educativa se evapora de inmediato, quedando en los inanes cueros de siempre, esqueletos sin sustancia que más bien se asemejan a los campiranos y pintorescos espantapájaros.

Ya veremos los resultados amargos que arrojará la siguiente evaluación internacional, porque la calidad del rejuvenecido sistema educativo nacional no es un tema prioritario. Lo que realmente interesa a las élites es un arreglo político menos oneroso y mejor distribuido entre los grupos privados y públicos de poder.

Necesitan repartirse las clientelas corporativas del magisterio de forma más equitativa y funcional.

Algo similar ocurrirá en el territorio infernal de las telecomunicaciones. No tendremos más y mejores opciones de calidad en contenidos mediáticos, como tampoco se ampliará de manera significativa la cobertura de la Internet ni crecerá la banda ancha. ¿Podríamos esperar una disminución sustancial, y a corto plazo, de las tarifas? Los ciudadanos seguiremos en el desamparo, mientras que las élites reñirán entre sí para hacerse de una mayor influencia dentro de los organismos estatales de regulación.

En cuanto a la reforma energética, los sacerdotes mediáticos ya decretaron el cierre del diálogo crítico y las discusiones polémicas. El que nuestra Constitución declare que los hidrocarburos son bienes de la nación no debe entenderse mal. Su regulación, uso, efectos colaterales y posibles beneficios es un asunto que atañe exclusivamente a los expertos en el tema, no a los cineastas advenedizos, mucho menos a cada ciudadano.




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