Sunday 22 de January de 2017

 Una senadora en apuros 

Sergio García Castañeda      10 Feb 2014 20:30:08

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Con las acusaciones hechas a la legisladora federal perredista Vianney Mendoza se abre un capítulo de denostación al parlamento ya sea federal o estatal, queriendo vincular a ciertos legisladores con el crimen organizado y con ello demeritar la actuación de los políticos.

La crisis del Estado Nacional tiene su origen en el desbordamiento de la violencia generalizada generada por el crimen organizado y, por la incapacidad de brindar protección, seguridad y certeza jurídica en los procesos penales al pueblo mexicano.

Por ello, la creación y la presencia de los grupos de autodefensa se justifican hasta cierto punto ante una realidad regional como en Guerrero y Michoacán en donde el imperio del estado de derecho parece ser una utopía, de tal manera que la potestad a defenderse se hace costumbre.

El grupo delincuencial de moda son “Los Templarios” que tienen sus fueros en la frontera norte y principalmente en Michoacán. Su poderío ha llegado a los límites de enfrentarse a una población desprotegida y a un Estado en donde los poderes constitucionales no han funcionado.

Ante la catarsis que ha desarrollado el gobierno federal para erradicar a Los Templarios y para someter al orden legal a los grupos de autodefensa, han salpicado de toda clase de lodo a la senadora Vianney Mendoza, involucrándola con el grupo delincuencial de moda.

Es entonces que tuvo que solicitar licencia, es decir propuso un punto de acuerdo para retirarse temporalmente de su cargo y ya sin inmunidad quedar en igualdad de condiciones como cualquier ciudadano para que pueda ser investigada y juzgada por la vía penal.

Ha sido muy valiente esta decisión tomada por la legisladora, toda vez que ha sido objeto de toda clase de señalamientos, por sus denostadores a través de las redes sociales.

Estos acontecimientos relajan en cierta forma la responsabilidad del ejecutivo federal para tratar de regular la presencia de los grupos de autodefensa, el objetivo es encontrarle una cuadratura apegada a derecho, ya sea darles una formalidad como policías comunitarias o rurales.

Por otro lado la presión que hace la opinión pública sobre el gobierno federal para que implemente la violencia institucional en contra de Los Templarios y justicia y gracia para los grupos de autodefensas.
Responsable o no la senadora ante las acusaciones hechas a su persona, es el momento de reflexionar sobre la necesidad de vincular la política con la ética, ya lo decía Gandhi.

El problema de México y en particular el de Michoacán es complejo, la hipótesis del “Estado Fallido” es una realidad, los poderes facticos ilegales se han sobrepuesto al Estado. Hace falta una conducta seria y responsable del gobierno para restablecer los derechos fundamentales.

 




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