Tuesday 06 de December de 2016

Con rezagos, legislación electoral

Selene Lamas      15 Aug 2014 23:00:03

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Reyes Rodríguez, magistrado de la Sala Regional Monterrey, en el cierre de conferencias.  (César Chacón)
Reyes Rodríguez, magistrado de la Sala Regional Monterrey, en el cierre de conferencias. (César Chacón)
Los congresos estatales están en posibilidades de adecuar la legislación en materia de candidaturas independientes para que sean más equitativas en relación con el sistema de partidos.

Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expuso que las candidaturas independientes aún no tienen los beneficios de los partidos políticos, como lo es el financiamiento público y el acceso espacios plurinominales.

Durante la clausura del ciclo de conferencias La Transición al Sistema Nacional Electoral, que organizó el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), comentó que, hasta ahora, entre las diferencias más importantes está que los candidatos no pueden acceder a recursos públicos antes y durante sus campañas, mientras que los partidos políticos sí tienen esta oportunidad, además del acceso a tiempos en radio y tele.

Añadió que tampoco está legislado que los candidatos independientes puedan acceder a puestos de representación proporcional.

Legislación incompleta
Los 20 artículos de la Ley General de Delitos Electorales son una copia de lo que ya existía en el Código Penal Electoral, expuso José Luis Vargas durante su conferencia.

El extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), destacó que esta ley carece de herramientas para desincentivar la intervención del crimen organizado en la organización y resultados de las elecciones ni se le da a la FEPADE la facultad de investigar recursos de procedencia ilícita.

El experto también destacó que esta nueva ley carece de medidas que frenen a los grupos de interés o poderes de facto que violentan la equidad en las contiendas electorales.

Asimismo, expresó que no se propicia una adecuada coordinación entre las procuradurías estatales y la instancia federal para investigar y sancionar los delitos electorales, además de que la legislación está encaminada a castigar al autor material de los ilícitos, no al intelectual.




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