Friday 09 de December de 2016

¿De cuál Zacatecas hablan?

J. Luis Medina Lizalde      16 Jul 2014 20:20:06

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Cuando el Gobierno del Estado se regodea con la idea de que Zacatecas “es de los cinco estados más seguros, no de los menos inseguros”, confía en que no trascienda lo sucedido la noche del pasado lunes en la cabecera de Francisco R. Murguía cuando un grupo armado sembró el terror entre los infortunados transeúntes a los que se les quitó dinero, celulares y algunos de ellos fueron obligados mediante brutales golpizas a conducirlos a su hogar en busca de objetos valiosos.

El impacto en el ánimo de la población fue tal que se suspendió la ceremonia de clausura de cursos de la escuela normal programada para el día siguiente y el baile que con el mismo motivo estaba convocado para esa misma noche. Días antes, el vecino municipio de Juan Aldama fue testigo de una incursión de similares características, según los azorados testigos presenciales.

Los triunfalistas declarantes seguramente confían en que muy poca gente sabe que apenas el pasado viernes fue asaltado violentamente el maestro universitario jubilado Cristóbal Gómez en un traumático episodio en donde su señora esposa fue asesinada; los hechos ocurrieron en su domicilio de la colonia Agronómica.

Confían los ufanos declarantes oficiales que sea muy poca la gente que sabe del secuestro de conocido abogado litigante, cuya familia ha peregrinado los dos últimos meses buscando compradores de bienes inmuebles propiedad del secuestrado para reunir la millonaria cantidad exigida.

Poco importa discutir si es cierto o no que la situación de inseguridad es más mala que la nuestra, cuando seguimos instalados en la vulnerabilidad extrema y gobernados por expertos en ofrecer excusas en vez de resultados.

Pasmados como al principio
Transcurridas dos terceras partes del sexenio estatal seguimos en la reproducción automática y acrítica de las líneas de acción notoriamente fallidas que se gestan en el gobierno federal.

En Zacatecas tomaron la iniciativa los delincuentes desde el 28 de diciembre del 2007, cuando en Jerez fueron masacrados con lujo de crueldad siete agentes del orden y la delincuencia organizada sitió las instalaciones de la 11 Zona Militar, dejando, desde entonces, pasmadas a las autoridades.

La más grande omisión estratégica en que ha incurrido el régimen local tanto en la etapa de Amalia García como en la de Miguel Alonso es la del combate a la impunidad.

Un régimen que no se ocupa de prevenir y castigar la corrupción abre amplias avenidas a la infiltración delincuencial en las instituciones; cuando la sociedad se da cuenta, se inhibe a la hora de denunciar o de brindar información y es en ese clima donde desaparecen los obstáculos para que las bandas delictivas aprovechen la pobreza reinante para reclutar ojos y oídos, mensajeros y sicarios ansiosos de salir de la miseria.

Seguimos instalados en el silencio de los medios de comunicación, los periodistas saben que no hay eficacia protectora de parte de las instituciones, las víctimas también se atrincheran en el anonimato, pues pocas son las que dejan constancia pública de su particular infierno cuando sobrevivieron al mismo.

Los familiares de los desaparecidos, en su mayoría, esperan el milagro del santo de su devoción y guardan más fé en las esperanzas provenientes de la brujería blanca que en las vueltas y vueltas a las instancias burocráticas.

La falla de óptica es monumental cuando suponen que combatir el crimen es contratar más y más policías, repiten hasta el cansancio el ínfimo número de policías estatales que recibió la presente administración para inducir la comparación entre los irresponsables del pasado y los actuales próceres.

Lo malo es que con pocos o con muchos policías la realidad es la misma, cuando no es el Ejército son los policías federales y periódicamente los marinos los que dan la batalla (cada quien por su cuenta la mayoría de las veces).

Relumbrón e impunidad
Con frivolidad excelsa disponemos de apantallantes oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado y una planta de peritos sin medios idóneos y raquíticamente remunerados, con impresionantes limitaciones en viáticos para los agentes y con instalaciones del Servicio Médico Forense, sin terminar y tan “saladas” como el tristemente célebre rastro TIF de Fresnillo.

Arturo Nahle parece convencido de que la investigación de los delitos no tiene para cuándo dar frutos cuando destina una gran parte de su tiempo a dictar conferencias en cuanta institución educativa le brinda acceso.

Un gobierno que no combate la corrupción en la esfera pública, le hace a la delincuencia común y a la organizada lo que dicen que el viento le hizo a don Benito Juárez.

Nos encontramos el lunes en El recreo.




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