Wednesday 07 de December de 2016

El arte de manearse solo

J. Luis Medina Lizalde      4 Dec 2013 20:30:05

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El Gobierno del Estado supo reaccionar a tiempo, cuando todo indicaba que se había metido a un callejón sin salida debido al tratamiento dado al expediente que la delegación de la PGR turnó a la Procuraduría General de Justicia de Zacatecas, poniendo a disposición a seis estudiantes de la Escuela Normal de San Marcos, como presuntos responsables de privación ilegal de la libertad, delito del fuero común.

Según fuentes allegadas a la defensa de los estudiantes, la PGJE de Zacatecas decidió cargarle a los muchachos otros dos delitos y reformular otro, adjudicándoles secuestro exprés, asociación delictuosa y robo calificado, aunque el juez que le tocó conocer solo encontró elementos para someterlos a proceso por el primero (y que, según lo que me narran, tampoco se cometió).

La PGR y la procuraduría de Zacatecas no vieron el asunto de la misma manera; el procurador de Justicia, Arturo Nahle, endureció la postura ofreciendo una versión de los hechos que no coincide con la de los estudiantes.

En un afán por predisponer a la opinión pública en contra de los aguerridos sanmarqueños, se difundió ampliamente que del total de los detenidos sólo uno era zacatecano, de Tetillas, Río Grande, como si tuviera relevancia jurídica en dónde había nacido cada uno de los implicados en un tufillo de discriminación que debería estar vedado en el discurso oficial.

Dada la cómoda preponderancia de las versiones oficiales en nuestro ámbito, donde una porción significativa del periodismo todavía no practica la desconfianza profesional respecto a dichos sin más sustento que la palabra, se generalizó rápidamente la idea de que los actos de los normalistas eran de tal gravedad que difícilmente podría encontrarse una salida negociada sin violentar el estado de derecho dejando en libertad a presuntos delincuentes secuestradores y ladrones (algunos hasta el presunto les negaron).

A desandar lo andado
La historia dio un gran vuelco cuando tuvo lugar el enésimo ridículo de los servicios de inteligencia.
Los sanmarqueños tomaron Ciudad Administrativa, Palacio de Gobierno y el Congreso local con más eficacia y contundencia que la mostrada semanas antes por los profesores inconformes con la reforma “educativa”, reprimirlos equivalía a desatar un conflicto más allá de las fronteras del estado, pues es bien sabido que las normales rurales han sobrevivido gracias a su bien aceitada organización nacional, a eso hay que agregarle el músculo desarrollado por el movimiento magisterial opuesto a la reforma falsamente educativa, en un momento en que la tensión se acrecienta por la inminencia de la imposición de una reforma antinacional de los artículos 27 y 28 constitucionales.

El procurador Arturo Nahle, en declaraciones posteriores a las tomas múltiples, deslizó la vía del perdón del ofendido, lo que finalmente se convierte en la fórmula procesal facilitadora para salir del embrollo, que conforme a lo pactado, pondrá hoy en absoluta libertad a los detenidos una vez liberados los edificios públicos objeto de la acción solidaria de sus compañeros.

Optando por el mal menor

El episodio deja lecciones aprovechables para todos: en primer lugar, el combativo estudiantado normalista no puede soslayar la existencia de una corriente de opinión crítica no con sus banderas de lucha, sino con sus métodos insuficientemente explicados y justificados ante una sociedad sumamente sensible cada vez que hay afectación de terceros y al mismo tiempo firme defensora de la libertad de manifestación.

El gobierno cayó en su propia trampa al presentar a los estudiantes detenidos como peligrosos delincuentes a los que después les gestiona la libertad promoviendo el “perdón del ofendido”, como paso previo a su decisión de desistirse.

Ante una parte de la sociedad aparece faltando a la verdad una vez que se exhibe la tenebra que hace tan distante la visión jurídica de los hechos de la PGR en Aguascalientes y el discurso oficial local respecto a los mismos hechos, ante otra parte de la sociedad, proclive a la intolerancia, el gobierno deja en la impunidad a peligrosos delincuentes.

Paradójicamente, si los estudiantes tuvieran también acceso a los medios que hacen suya la versión oficial sin investigación alguna, la postura negociadora del gobierno tendría más comprensión social.

Además, los funcionarios se enredan solos cuando suponen que su acceso a los medios de comunicación es para debatir con sus críticos y no para informar a la sociedad de lo que es de interés público dentro de su área de competencia.

Cuando se equivocan del destinatario de su mensaje, en vez de informar, sermonean, emiten juicios de valor a diestra y siniestra, ignoran que para ellos la legítima y fructífira forma de comunicación política es informando su quehacer sin quitarle ni ponerle y que la ciudadanía valore.

José Martí decía que “la mejor manera de decir es el hacer”.
Nos encontramos el lunes en El recreo.
 




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