Tuesday 06 de December de 2016

El clasismo y el influyentismo político

J. Luis Medina Lizalde      28 May 2014 22:40:07

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La juez de la sala cinco de juicios orales del Poder Judicial del estado de Zacatecas ordenó reabrir el caso de los exdiputados que fueron exhibidos en internet discutiendo detalles de un soborno otorgado a cambio del voto aprobatorio del Presupuesto de Egresos 2013.

Su resolución deja sin efecto la simulación a la que se recurrió como estrategia de control de daños de parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). La imposibilidad de dejar al margen a los presuntos sobornadores mencionados en el audio difundido y la inevitable implicación al menos política del titular del Ejecutivo pesaron más que el deber de aplicar la ley como se debe; a ello contribuyen los actuales diputados locales con su disimulo.

La denuncia interpuesta por el movimiento Yo Soy 132 y por la dirigencia estatal del PRD se conjugaron con la sagacidad y perseverancia litigiosa del dirigente Gerardo Espinoza para no matar la esperanza de un desenlace conforme a derecho si es que la negociación política en pro de la impunidad no se abre paso más adelante.

son rasgos horrendos del sistema de justicia. San Luís Potosí se estremece y estremece al mundo al destaparse la impunidad que durante 30 años disfrutó el sacerdote católico Eduardo Córdova Bautista, acusado ante tribunales civiles y eclesiásticos de abuso sexual de 100 menores de edad, expulsado de la Iglesia católica el lunes de esta semana y ahora escondido quién sabe dónde.

El sacerdote disfrutó de redes de protección en la conservadora élite potosina, se benefició de la consideración obsequiosa de no pocos políticos y sigue siendo “consejero ciudadano para la Transparencia y Vigilancia de las Adquisiciones y Contratación de la Obra Pública del Gobierno del Estado de San Luis Potosí”.

Lo que aquí es imposible en otros lados es rutina
Mientras Israel mantiene en prisión a un expresidente por “sobrepasarse” con una secretaria guapa y Brasil mandó a prisión a José Dirceu, el segundo hombre en importancia política en tiempos de Lula da Silva, su gran amigo y compañero de luchas durante décadas, por sobornar legisladores; en México y no somos capaces de aplicarle la ley a quien la viola, salvo que sea pobre, sin relieve social o político en desgracia. ¿A qué debemos tanta impotencia de las instituciones?

Un gobierno no construye su fortaleza en la ausencia de problemas, sino en la respuesta a ellos. Lula, en Brasil, se topó con la proclividad a la corrupción de varios de sus correligionarios, algunos íconos de la izquierda brasileña. En cada crisis, el presidente brasileño salió fortalecido, satisfaciendo las expectativas ciudadanas de aplicación de la ley sin distingos.

La PGJE, al no investigar en serio el vergonzoso episodio del “maiceo”, renunció a la oportunidad de fortalecer al equipo gobernante ante la ciudadanía, en un episodio en el que la opinión pública ya juzgó y sentenció con severidad a los protagonistas y lo hizo “agarrando parejo”, debido a la incapacidad institucional de deslindar responsabilidades.

La economía es una realidad sobre la cual un gobierno del estado tiene estrecho margen de maniobra. Eso no lo salva del intenso malestar social que generan los excesivos impuestos, la falta de empleos y la carestía se oriente, pero si la economía no reconcilia a un gobernador (o a un alcalde) con la ciudadanía, la política le ofrece un amplio margen para legitimarse.

En ese sentido, cada vez que se produce un hecho que involucra a políticos de mediano pelo para arriba o a un vecino medianamente pudiente, el disimulo es evidente.

Acumulación de impunidades
Clasismo e influyentismo político han escrito muchas páginas en la historia de la justicia. Su persistencia fractura la cohesión social y acentúa la distancia entre gobernantes y gobernados. Un gobierno que no lleva a tribunales a juniors que por de diversión prenden fuego a un indigente, que no encuentra a los responsables de la muerte de un minero cuyo asesinato es videograbado, que deja sin respuesta el caso del “maiceo”, tan grosero, tan revelador, es un gobierno atrofiado.

No es cosa de sexenios ni de partidos, el recuento de hechos impunes por razones de clase y de influencia política describe un lamentable estado de cosas de larga historia. Dejar esa historia atrás es el desafío. Sigue siendo realidad oprobiosa aquello de que “el derecho penal es para los pobres y el derecho civil para los ricos”.

Nos encontramos el lunes en El recreo.




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