Friday 24 de February de 2017

¿Entre más ambiciosos, mejor?

J. Luis Medina Lizalde      17 Nov 2013 20:30:06

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Que yo recuerde, es la primera vez que sale a la luz pública una modalidad de corrupción de reciente cuño que tiene como protagonistas a diputados federales. 

Aparece en la edición del pasado jueves del diario Reforma, donde da cuenta de la denuncia de alcaldes, directivos de asociaciones de alcaldes, exalcaldes, diputados y exdiputados, en el sentido de que el proceso de “bajar recursos” es aprovechado por el diputado que hace la gestión para cobrar un porcentaje del monto implicado, para condicionar a que se gaste en obras de su distrito o escoger a la empresa constructora que habrá de realizar la obra.

Esas historias  circulan desde hace tiempo en Zacatecas. Hace unos meses un alcalde de los que salieron en el pasado septiembre se justificó ante un constructor con el que mantiene lazos de amistad porque no le pudo asignar una obra determinada, como era su propósito, debido a que el diputado que consiguió los recursos también puso la empresa encargada de la obra.

Al tiempo que Reforma difundía lo anterior, sale a la luz que la Secretaría de Hacienda recurrió a la asignación de dinero para obras a cada diputado como estrategia para asegurar la aprobación del presupuesto, oscilando la cantidad entre los 10 y 24 millones por legislador, consagrando una práctica ajena a la naturaleza del quehacer legislativo de nocivos efectos en la salud de la República.


El plural acatamiento
Aun los que en un inicio saludaron con entusiasmo el Pacto “por México”, advirtieron con preocupación la ausencia de acuerdos básicos para combatir la corrupción. La omisión es explicable en el PAN, pues recién concluían 12 años de gobierno salpicados de escándalos de corrupción, por lo tanto, el tema les resulta incómodo.

En el caso del PRD, se explica por el ya legendario pragmatismo de su actual dirigencia y en el caso del grupo en el poder, no cabe otra explicación que la decisión de utilizar la corrupción como resorte de poder.

Para colmo de males, el episodio de aceitamiento de conductos aprobatorios del presupuesto anual contó con la anuencia de prácticamente todas las bancadas, según las diversas notas al respecto, resaltando la soledad de quienes votaron en contra, muy pocos por cierto, y de los que estuvieron ausentes.

Son muchos los daños que se derivan de esta práctica que, por fortuna, no incluye a todos todavía. El mal mayor estriba en la dilución de la fuerza de contrapeso al Poder Ejecutivo que recauda y gasta lo que la sociedad creadora de riqueza pone a su disposición para el cumplimiento de sus fines inherentes.


Si México nunca ha podido meter en cintura institucional es debido a que de un modo u otro los representantes populares no se asumen como tales. Las legislaturas locales disponen de costosos aparatos burocráticos investidos de un grado formal de autonomía para que vigilen el uso eficiente y honesto del gasto público.

En el ámbito federal, el órgano técnico llamado Auditoría Superior de la Federación ha puesto en la mesa el diagnóstico más crudo imaginable en torno al flagelo de la corrupción y esta no cesa ni disminuye.

De los ricos, los pesos; de los pobres, los votos
¿Se puede confiar en diputados que reciben favores desde la administración pública para que queden bien con sus electores? ¿Los que reparten clientelarmente becas que en sus manos pone la administración pública, que les corresponde vigilar, podrán cumplir con autenticidad su papel?

Los gestores son un producto social fresco y abundante; con frecuencia las comunidades tienen en el profesor a un eficaz gestor. A veces el cura desempeña mejor la tarea o un sobresaliente miembro de la comunidad se vuelve un vocero fiel.

Su labor suele ser desinteresada y generosa, hasta ser enganchado para conseguirle votos o asistentes a actos a cierto político o partido. Entonces el aparato corruptor penetra hasta disolver la capacidad autogestora para establecer la cultura mercantil del voto que los afianza en su pobreza. Tal es el fruto más representativo de quien asume el cargo de diputado con mentalidad de traficante de influencias y no para legislar ni para integrar un colegiado vigilante de que marche bien la administración pública.

Hay elementos para pensar que se promueve la avidez por el dinero entre los practicantes de la política para obtener lo que se requiere y mantener el régimen de privilegios. Ninguna administración pública, por corrupta que sea, tiene que temer de diputados tocados por la ambición.

Nos encontramos el jueves en El recreo.




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