Friday 09 de December de 2016

Freno a los abusos salariales de los funcionarios 

Aquiles González Navarro      3 Apr 2014 21:00:06

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Los diputados zacatecanos de la 61 legislatura, están considerados entre los que mayor salario (dieta) perciben en el país. La cantidad que mensualmente reciben y que lo es por el orden de los 95 mil pesos, solamente es rebasada por la que se entrega a los legisladores del estado de Guanajuato con 103 mil 908 pesos. Este es el dato oficial.

Lo cierto es que entre la dieta y los bonos; que para el Día del Niño, de la Madre, del Discapacitado, de Navidad y sin faltar los de estímulos (todos llamados eufemísticamente herramientas de trabajo) y sin rendición de cuentas, la suma se eleva por arriba de los 200 mil pesos.

Esto sin contar las gratificaciones, chuletazos o moches, como quiera usted llamarles, a los “pagos” por voto útil a los intereses del ejecutivo y que pueden variar entre 100 mil a 300 mil pesos, según se trate de aprobar una ley cualquiera o las especiales de ingresos, de egresos, o bien, algún otro asunto importante que requiera ser autorizado bajo dos expresiones solemnes: el dedo índice apuntando hacia el cielo y las palabras ¡a favor!

Esta práctica de los chuletazos, fue denunciada por el que esto escribe desde los primeros años del gobierno de Amalia García, incluso fue un asunto que personalmente traté con ella y cuya reiteración motivó mi renuncia al PRD, ante el desentendimiento de los líderes nacionales.

De verdad, muchos creímos que con el nuevo gobierno se daría fin a la nefasta subcultura de los moches, pero el asunto de los 100 mil pesos que se entregaron a diputados hace meses que trascendió y fue motivo de una denuncia penal por parte del grupo de jóvenes del #132 resultó decepcionante. Más la ausencia de resultados en la indagatoria.

Respecto al aumento en el salario, los diputados trataron de justificar que oficialmente reconocen por 95 mil pesos, bajo el siguiente argumento: “el incremento lo basaron en la homologación de salarios por responsabilidades similares (sic) y tomaron como referencia las percepciones de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia…”


¿Conocerán los diputados que hicieron tal homologación, las responsabilidades de los magistrados? ¿Serán conscientes del nivel de preparación académica que en el área del derecho se requiere para ser magistrado, así como de los horarios inflexibles? ¿Llevarán trabajo a casa, tal como lo hacen los magistrados? ¿Sufrirán por los requerimientos que se hacen a los juzgadores para el cumplimiento de las sentencias de amparo, con términos fatales?

Estas y otras interrogantes sería necesario que los diputados se formularan, antes de llegar a la pretensión de hablar de responsabilidades similares con las de los magistrados y mucho antes de homologar los sueldos: magistrados-diputados.

Ya hemos señalado antes que la corrupción, la impunidad y los excesos en los sueldos de funcionarios de alto nivel, se debe en mucho a la carencia de herramientas jurídicas y a la ausencia de una auténtica reforma de estado que ponga límites, principalmente al ejecutivo: una Ley de Tribunal de Cuentas, autónoma con funciones jurisdiccionales, una Procuraduría General de Justicia con autonomía técnica y orgánica del ejecutivo, autonomía plena al Poder Judicial y una Ley General de Tabulador de Sueldos serían el inicio de una auténtica renovación hacia un estado juarista de probidad y honrada medianía.

Mucho se ha hablado de una Ley de Salarios Máximos para evitar el abuso en la asignación de sueldos exagerados, solo que la ley es burlada al no cuidar el asunto de los llamados bonos (complemento de sueldos, encubiertos). En cambio, una Ley de Tabulador General de Sueldos, determinaría la cantidad que cada trabajador al servicio del estado o de los municipios, recibiría anualmente, incluyendo aguinaldos, bonos y cualesquier otra prestación. Ni un centavo más y bajo ningún concepto, so pena de incurrir en hechos delictivos que se tipificarían en el Código Penal.




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