Friday 02 de December de 2016
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Hallan anomalías en Cuenta Pública por casi $33 millones

Francisco Vargas      25 Jun 2014 23:00:07

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2.5 millones de pesos otorgados en 2012 no presentan pagaré que permita su recuperación legal 11.2 millones de pesoses el total de  irregularidades en obras públicas hechas con el fondo 3. (Imagen)
2.5 millones de pesos otorgados en 2012 no presentan pagaré que permita su recuperación legal 11.2 millones de pesoses el total de irregularidades en obras públicas hechas con el fondo 3. (Imagen)
Tras detectarse anomalías por 32 millones 928 mil pesos en la Cuenta Pública 2012 del gobierno de Fresnillo, la ASE iniciará procesos para castigar de manera resarcitoria y presentará ante la Dirección General de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas una denuncia de hechos en contra de quienes resulten responsables por el ejercicio indebido de recursos federales.

En el dictamen de la Cuenta Pública 2012, que obra en poder de Imagen, se precisa que la Auditoría Superior del Estado (ASE) con fundamento en los artículos 37, 38, 39, 42 y 43 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas, deberá iniciar el procedimiento para el financiamiento de responsabilidades resarcitorias por 32 millones 928 mil pesos derivado de la no solventación del pliego de observaciones número ASE-PO-13-2012-61/2013.

El mal uso del dinero Federal constituye la existencia de uno o varios delitos debido a que la administración anterior expidió cheques con los números 867 y 770 del 1 de agosto de 2012 por 1 millón 440 mil 511 pesos, cada uno para la adquisición de 28 mil 955 despensas.

Como soporte documental de la erogación se presentó las facturas 559 y 557 expedidas por Francisco García García y/o Prestadora de Servicios García por la adquisición de 28 mil 955 despensas por 2 millones 881 mil pesos.

Sin embargo, debido a que el municipio no justificó haber recibido los bienes, no se comprueban las operaciones del gobierno local.

En varios apartados se desglosa el uso indebido del recurso, en el que destacan como responsables a los exalcaldes Juan García Páez y Dagoberto Muñoz Álvarez, la extesorera María Trinidad Alvarado Rodríguez, la exsíndico Martha Piña Raygoza, el exdirector de Desarrollo Económico, Moisés Muñoz; el exdirector de Desarrollo Social, Juan Pérez Guardado y los exregidores, entre otros funcionarios de primer nivel.

Entre las observaciones destacan 4 millones 500 mil pesos relativo a erogación bajo el concepto Patronato de la Feria, que carecen de comprobantes.

Otra de las irregularidades es que de un total de 7 millones 735 mil pesos para despensas, se observaron 3 millones 869 mil pesos en virtud de determinar sobreprecio en la compra de 76 mil 524 despensas por 903 mil 45 pesos, así como la erogación improcedente al realizar el pago del Impuesto al Valor Agregado a la tasa del 16% en productos a la tasa del 0% por un importe de 85 mil 176 pesos y por la realización de operaciones con negocios inexistente por 2 millones 881 mil pesos.

En el apartado AF-12/13-028-01 se detalla que sin justificación se autorizó y se pagó 1 millón 671 mil pesos al presidente, síndico, servidores públicos y a los 20 regidores, cantidades en exceso en las percepciones otorgadas.

La mayoría de los regidores son responsables directos de 79 mil 999 pesos, solo Daniel Carranza, María Guadalupe Rocha Wiber y Osvaldo de León 49 mil 990 pesos y Antonio Rangel Trujillo de 94 mil 675 pesos.

Por la contratación de servicios de arrendamiento de camiones para la recolección de basura por un monto de 814 mil 319 pesos, sin la evidencia suficiente para evaluar el comparativo de la propuesta económica conformada por cuatro prestadores sin verificar cuál hubiera sido mejor.

Por 739 mil 666 mil pesos, relativo a erogaciones para cobijas que no se justifican y que fueron pagadas en cheques en efectivo sin Registro Federal de Contribuyente (RFC) en el rubro de Ayudas.

Por autorizar, erogar y ejercer 8 millones 905 mil pesos de recursos públicos, derivados de la revisión efectuada a los sueldos y prestaciones de los funcionarios de primer nivel y regidores bajo el concepto de Atención Ciudadana se consideró como usurpación de funciones.

Alrededor de 320 mil pesos, que la exsíndico utilizó para recuperación de gastos como consumo en restaurantes, recargas de saldo a celular, mantenimiento de vehículos, adquisición de refacciones, pago de casetas, adquisición de medicamentos, la compra de una charola de plata, cemento, ventiladores, funda, Ipad, pago de fotocopiado, pintura y herramienta para pintar, entre otros se consideran como gastos personales y no propias del municipio.

Por préstamos por 2 millones 541 mil pesos otorgados en 2012 que no presentan pagaré que permita su recuperación legal, la administración pasada también recibió observaciones.

Dos cheques, con los números 699 y 734 con fecha del 15 de noviembre de 2012 por 100 mil pesos que se le dieron al excontralor Alejandro González Cosío tampoco se justifican. El 22 de junio del mismo año, mediante el cheque número 956, se le asignaron 164 mil pesos de manera indebida al exfuncionario.

Sin justificar, también están 231 mil 531 pesos que se destinaron del Fondo 4 para la visita de las reliquias del beato Juan Pablo II, el traslado de pinturas de arte sacro, suministro para reconocimientos a deportistas, arreglos florales, coronas mortuorias, servicios de autolavado a vehículos de Desarrollo Social, servicio de transporte, de promoción turística y asesoría en mercadotecnia.

En el apartado PF-12/13-073-01 se detalla que 2 millones 103 mil 523 pesos que se destinaron del Fondo 4 por concepto de pago de publicidad que no se justifican.

Los exfuncionarios presentaron la documentación comprobatoria financiera, así como los contratos y/o convenios. Sin embargo, no se justificó el destino y aplicación de los recursos erogados en actividades propias del municipio. No se presenta evidencia digital de spots, cintillas, entrevistas, notas del mes, entre otras.

Por el uso injustificado de 738 mil 281 pesos para el pago a proveedor por el servicio de transporte aéreo para los participantes de la cuarta Muestra Nacional de Cine de Fresnillo (Munacifre) y servicio de alimentación. En esta cantidad también está el evento de charreada por el día del padre y la Expo Venta Escolar Fresnillo 2012.

Para la adquisición de equipamiento para las cocinas de los Centros de Desarrollo Comunitario El Vergel y El Centro, la presidencia expidió el cheque 1159 por 60 mil 415 pesos para comprar una procesadora de alimentos, una licuadora, cacerolas, refractarios, hervidor, coladeras, entre otros instrumentos.

Sin embargo, las facturas fueron expedidas por un ingeniero que se dedica a consultoría y supervisión, además en los comprobantes no aparece el RFC de quien expide la factura.

Problemas en obras
Por inflar costos, pagar recursos sin ejecutar obras, anticipo no amortizado y falta de acreditación de la propiedad donde se hicieron trabajos, el municipio recibió observaciones por 11 millones 298 mil pesos.

En el documento presentado por la Comisión Legislativa de Vigilancia, Presupuesto y Cuenta Pública, se detalla que en más de 40 obras públicas en colonias y comunidades de El Mineral hay irregularidades.

Con observaciones por más de 6 millones de pesos, se destacan obras que se hicieron en bienes inmuebles en los que el municipio no pudo acreditar la propiedad.

La inflación de obras corresponde alrededor de 3 millones 300 mil pesos en trabajos de drenaje, pavimentación, red de agua potable, energía eléctrica, construcción de espacios y equipamiento de un pozo de agua.

Los legisladores también detectaron que se pagó 1 millón 722 mil pesos son del concepto de trabajos pagados, pero no ejecutados y por anticipo no amortizado fueron 92 mil 399 pesos los que no se justificaron.

La mayoría de las obras se ejecutaron con recursos del Fondo 3.

Los exfuncionarios podrían enfrentar procesos penales

Usurpan funciones
Los 20 ediles están bajo la mira de la ASE por usurpar funciones al autorizar, erogar y ejercer 8 millones 905 mil pesos del recurso público de sueldos y prestaciones de los funcionarios de primer nivel bajo el concepto de Atención Ciudadana.




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