Tuesday 06 de December de 2016

Imprescindible, actualización de hospitales

Redacción      29 Nov 2013 00:10:04

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Autoridades del HGZ aseguran que el hospital no violó ni violentó ninguna ley.  (Archivo)
Autoridades del HGZ aseguran que el hospital no violó ni violentó ninguna ley. (Archivo)
Cuando en los hospitales se tienen unidades de cuidados intensivos o de urgencias es imprescindible estar actualizados tanto en materia de biotecnología como en las modificaciones o avances legislativos, afirmó Genaro Ortega Monjarás, director de la Unidad Académica de Medicina Humana de la UAZ.

Esto en relación a la violación a la Ley General de Salud por parte del Hospital General de Zacatecas en el caso de María Teresa Pacheco, quien presentó muerte cerebral el pasado viernes y ante lo cual autoridades del nosocomio prefirieron conectarla a un respirador, contraviniendo el deseo de los familiares de desconectarla, el cual ampara la ley.

Cabe destacar que los familiares denunciaron que los doctores condicionaban el alta de la paciente a que accedieran a donar sus órganos, acusaciones que el director del hospital, Jesús Reyes Bustamante, desmintió al aclarar que ella nunca fue candidata a ser donante.

El doctor expuso que la desconexión por muerte cerebral fue un asunto largamente discutido y que finalmente se legisló en los artículos 343, 344 y 345 de dicha norma.

“Desconocer no nos justifica a no poder llevar a cabo ciertas maniobras; si no se sabe, se pregunta. En la actualidad los hospitales están obligados a tener un seguro contra demandas; hay muchas cosas que antes no se veían y sobre las que ahora es necesario estar preparados“, advirtió el doctor.

Además, comentó que en los hospitales, los comités de biotecnología, en un determinado momento, deben encargarse de la divulgación de las modificaciones que se hacen a las leyes.

Se justifican
En un comunicado que autoridades del Hospital General de Zacatecas hicieron llegar a Imagen este jueves, se dice que “el hospital no viola ni violenta ninguna ley” y se asegura que se conoce “perfectamente el artículo 345 de la Ley General de Salud, en donde se dice que el familiar puede solicitar y autorizar el retiro del soporte artificial”.

Y se añade: “Sin embargo, no se precisa (en el artículo) quién es el que tiene que hacerlo, además de que dicha ley contradice a nuestro máximo ordenamiento legal, que es la Constitución, cuyas disposiciones están por encima, respecto al derecho a la protección de la salud”.

Al respecto, el Artículo 4 de la carta magna se estipula el derecho de toda persona a la protección de la salud, pero en ninguna parte la Constitución precisa cómo proceder en casos de muerte cerebral.

Tampoco se puede interpretar desconectar a un paciente con diagnóstico de muerte cerebral como un homicidio, porque está científicamente comprobado que dicho diagnóstico es irreversible y equivale a la pérdida de la vida; es decir, ya está muerto.

En cambio, esta situación de muerte encefálica sí la contemplan la mencionada Ley General de Salud y los protocolos de práctica clínica de la Secretaría de Salud, los cuales desatendieron autoridades del Hospital General.

Si bien el Artículo 345 de la Ley General de Salud no especifica quién debió haber desconectado físicamente a María Teresa Pacheco, tampoco el artículo 344 precisa quién debió haber practicado el electroencefalograma que habría de certificar su muerte cerebral; sin embargo, en este caso, las autoridades interpretaron que era el cuerpo médico quien debía hacerlo.


Aun cuando queda claro que las autoridades sanitarias optaron por no desconectar a María para evitar un supuesto compromiso legal, también aseveran en escrito remitido a este medio que la familia de María nunca se presentó una solicitud formal y por escrito para el retiro del respirador.

Sin embargo, Joaquín, el esposo de la hoy difunta, aseguró que en repetidas veces hizo la solicitud de manera verbal y que nadie lo orientó al respecto, pues no le explicaron que debía entregar una petición en papel.

En el mismo comunicado y ante la controversia que se considera, se agrega que “el hospital se reserva el derecho de crear políticas propias en este tipo de casos (a ello tiene todo el derecho)”.

Por ello, no se retiró el ventilador artificial, ahonda el documento, “a sabiendas que el corazón de un paciente con muerte cerebral dejará de funcionar unos días después de que esta fue diagnosticada (5 en el caso de la paciente en cuestión)”.

Sin barreras para desconectarla
El catedrático en Medicina insistió en que cuando la muerte cerebral está diagnosticada no existen barreras legales que impidan desconectar a las personas  del respirador artificial.

“Si se diagnostica un paciente con muerte cerebral independientemente de que sea o no candidato a donar órganos, porque no es una obligación, algún familiar, esposa, hermano, concubino, concubina, decidirá si se le retira el aparato que lo mantiene con vida”, expuso.

Al respecto, Ortega Monjarás refirió que en la unidad académica a su cargo existe un comité de bioética e investigación que actualmente pugna porque en la curricula se incluya una materia sobre bioética, pues a la fecha solo se tienen esbozos en Filosofía e Historia de la Medicina.

“En los ámbitos médicos el que no cae resbala y para eso es necesario estar preparados; actualmente para todo existe una ley, todo está normado y por ello es necesario conocer esas leyes, pues eso nos protege”, afirmó.

En CDHEZ no procedió queja de oficio
P or otro lado, en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) no procedió una queja de oficio, debido a que cuando personal del organismo acudió al hospital, ya no se encontró a los familiares, debido a que María Teresa ya había muerto y por consecuencia no se pudo acceder a la información que pudiera haberle dado sustento a la investigación.

Con información de Selene Lamas y Beatriz Martínez 




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