Sunday 04 de December de 2016

La autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos

Arnulfo Joel Correa Chacón      27 Aug 2014 21:30:03

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se fundó por decreto presidencial el 5 de junio de 1990, como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con la finalidad de promover y vigilar el cumplimiento de la política nacional, debido principalmente al aumento de las violaciones de los derechos humanos cometidas principalmente por los ministerios públicos y policías federales.

Aún y cuando su marco jurídico inicial no era el apropiado, poco a poco y con pasos firmes, la CNDH se ganó la confianza y el respeto de la sociedad, que desde sus inicios, aceptó su existencia y sus efectos benéficos. En el primer semestre, expidieron 33 recomendaciones, entre las más importantes, las dirigidas a la Procuraduría General de la República, por casos que eran verdadera preocupación nacional.

En el segundo semestre, fueron 51 recomendaciones, en el tercero, aumentaron a 75; destacaba desde entonces, que las investigaciones se realizaban con profundidad y seriedad, las recomendaciones estaban bien estructuradas, fundamentadas en estricto derecho y perfectamente bien redactadas.

Se crearon también, durante este primer periodo de vida institucional, programas especiales de atención como el de agravio a periodistas, presuntos desaparecidos, contra la tortura, el sistema penitenciario, la defensa de la niñez, los trabajos migratorios, asuntos indígenas, entre otros. Una de las actividades básicas que desarrolló la CNDH, paralela a la atención de las quejas, consistió en el fomento a la cultura de los derechos humanos.

Este trabajo y los excelentes resultados obtenidos, generaron la urgente necesidad de elaborar una Ley Orgánica que otorgara mayor certeza jurídica a la CNDH, esta propuesta de Ley, fue presentada al presidente de la República, quien públicamente la aceptó y adicionalmente manifestó que consideraba que había llegado el momento para que se discutiera la idea de incluir la figura del Ombudsman a nivel constitucional, proyecto que fue aprobado por el Senado de la República y la Cámara de Diputados, el 28 de enero de 1992.

Sin embargo y a pesar de los logros alcanzados, la preocupación por la intervención del presidente de la República en la designación del presidente de la CNDH, se consideraba el principal obstáculo, para que la CNDH obtuviera su plena autonomía.

Es por ello, que después de una serie de proyectos de reforma constitucional, encaminados todos a perfeccionar el sistema de protección no jurisdiccional de los derechos humanos, el 13 de septiembre de 1999, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que reformó el apartado B del artículo 102 constitucional, el cual contiene las disposiciones principales que ampara el orden jurídico mexicano, sobre los organismos de protección de los derechos humanos a nivel nacional, que incluye la CNDH, la del Distrito Federal y las entidades federativas.

A partir de esta importante reforma, positiva en términos generales, no solo por lo que incluyó, sino también por lo que excluyó, se aseguró la autonomía de los organismos protectores de los derechos humanos y el fortalecimiento de sus actividades.




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