Wednesday 07 de December de 2016

La autonomía de los organismos públicos de derechos humanos

Arnulfo Joel Correa Chacón      12 Mar 2014 22:17:40

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El 10 de junio de 2011, entró en vigor la reforma más importante a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, relacionada particularmente con la apertura y afianzamiento del respeto y protección de los derechos humanos en el país. Entre sus disposiciones se encuentra la modificación del artículo 102 apartado B, que regula constitucionalmente aspectos básicos de estructura y funcionalidad de los organismos protectores de derechos humanos en México. Les reconoce autonomía constitucional de gestión, presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonios propios, así como, la no vinculación laboral ni jerárquica a ninguno de los poderes de gobierno.

Las constituciones de los estados y el estatuto de Gobierno del Distrito Federal, establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos. Por lo que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en su artículo 23, establece que en el Estado de Zacatecas, funcionará una Comisión de Derechos Humanos, como organismo descentralizado de la administración pública, de carácter autónomo, con personalidad jurídica, autonomía presupuestaria y de gestión.

Esta importante reforma vino a establecer también, la exigencia constitucional de garantizar esta autonomía con la designación de los presidentes de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos, determinando que dicha designación deberá ajustarse a un procedimiento de consulta pública, que cumpla con ser transparente en los términos y condiciones que determine la ley. El tipo de independencia que le confiere la autonomía, debe complementarse con la calidad apartidista del presidente del organismo, de los miembros del consejo y de sus funcionarios, que en congruencia con sus actuaciones deben gozar de total independencia en el ejercicio de sus funciones, sin estar sujetos a mandatos imperativos ni recibir instrucciones de ninguna autoridad ni poder estatal, estando solo sometidos a la Constitución y la Ley del organismo. La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas en su artículo 10, establece que su presidente, no estará sujeto a mandato imperativo de autoridad alguna y desempeñará sus atribuciones con autonomía, sin más restricciones que las que señalan las constituciones Federal y local y las leyes que de ellas emanen.

Entendemos entonces, que los organismos protectores de derechos humanos son “organismos públicos autónomos”, con total independencia de los poderes tradicionales, además de los partidos políticos o de otros grupos o factores reales de poder. Hoy en día, el poder de la Federación se divide para su ejercicio en ejecutivo, legislativo, judicial y organismos constitucionales autónomos, lo que no significa que entre ellos no deba existir coordinación, auxilio y colaboración. Lo que no hay es subordinación de uno hacia el otro si no una plena autonomía de gestión; sus órganos actúan con la más amplia libertad dentro de los marcos indicados por la Constitución y la ley. Los organismos públicos de derechos humanos son necesarios para cualquier Estado democrático y auxiliares para el control constitucional.
 




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