Saturday 03 de December de 2016

Las reformas que sí importan

J. Luis Medina Lizalde      6 Nov 2013 22:10:05

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El gobernador de Zacatecas se declara contrario a la creación del Instituto Nacional de Elecciones y la consecuente desaparición de los órganos electorales estatales. Su definición se produce después de que Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México, se pronunció en el mismo sentido, lo que sugiere la posibilidad de que Peña Nieto esté detrás del rechazo a la centralización administrativa de los procesos electorales, dado que no puede desconocer uno de los 95 compromisos del Pacto “por México”.

La hipótesis no es descabellada si consideramos que el impulsor de la creación del INE es el PAN, partido que pretende abanderar la irritación empresarial en contra de algunos aspectos de la miscelánea fiscal recién aprobada que indujo a un grupo de senadores blanquiazules a amagar con no apoyar la reforma energética que a toda costa busca imponer el presidente. El tema de los órganos electorales sería una especie de moneda de cambio.

De cualquier modo, estamos ante un falso debate porque la ausencia de autonomía de los órganos electorales respecto de los gobernadores y su anómala integración mediante cuotas partidistas son tan advertibles en las entidades federativas como en el plano federal.

Los defensores de los derechos humanos hacen similar señalamiento de las comisiones estatales de derechos humanos al señalar que los gobernadores se las han ingeniado para que tales comisiones se dediquen a legitimar su existencia mediante recomendaciones a autoridades menores en temas de poca monta y nada digan sobre el pavoroso retorno de la tortura que tantos jalones de orejas le acarrean a nuestro país en la ONU y otros organismos internacionales. ¿También en ese renglón procede la desaparición de las comisiones estatales para que una entidad federal se ocupe en exclusiva de esa problemática?

La subordinación de origen
La génesis de la atrofia de estos órganos radica en el fracaso histórico del Estado mexicano para cimentar su funcionamiento en una autentica división de poderes. Hasta ahora, es irrefutable el sometimiento en lo fundamental al Poder Ejecutivo de parte del Legislativo y Judicial.

La autonomía que ambos ejercen es en lo secundario, órganos formalmente autónomos son integrados a partir de la voluntad del Ejecutivo, así sucede con los electorales, las comisiones de derechos humanos, las directivas de los congresos, la integración de los magistrados y ministros, etcétera.

Es de risa loca pero contundentemente cierto que hasta los coordinadores de los diputados federales pertenecientes al mismo partido del gobernador de su entidad son nombrados por este último.

La reforma político electoral que se cocina en el Pacto “por México” es de cortos alcances y en algunos aspectos hasta contraproducente. Parece encaminarse a la perpetuación de una partidocracia mediocre y corrupta hasta el tuétano.

Los partidos políticos, otrora generadores de pensamiento transformador, son entes burocráticos bajo secuestro de camarillas. Ya pasaron la frontera que los llevó a dejar de ser parte de la solución para ser parte del problema. Se agotó la capacidad reformadora de las élites, es el turno de la ciudadanía movilizada en pos del cambio.


La democracia representativa no nos funciona, los representantes populares convalidan decisiones marcadamente contrarias al interés general y no pocas veces al interés nacional. Diputados y senadores de otros países trafican con su voto el igual que en nuestro país y en nuestros estados, lo que hace la diferencia es que cuando se les descubre se les encarcela.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación acude presta a apagar la ira del gobierno estadounidense anulando el amparo otorgado a Caro Quintero, pero nada hace para reparar la monstruosa injusticia que el podrido sistema judicial hizo padecer al profesor Alberto Patishtán. Hoy por hoy la consigna del Ejecutivo pesa más que la misión de garante de la legalidad.

Con tantas y tan frecuentes muestras de colapso de la justicia, las élites políticas no consideran importante una profunda reforma judicial más allá de la gradual norteamericanización en curso.


De que se puede, se puede
Reconocer que la democracia representativa no nos funciona no significa que no puede funcionar y que pensamos que la alternativa es su disolución.

No, lo que se impone es su fortalecimiento mediante la introducción de las herramientas de la democracia directa; en otras palabras, los mexicanos tendremos auténticos representantes populares cuando logremos introducir al andamiaje institucional con viabilidad operativa asegurada y no como inútil adorno, la revocación de mandato, iniciativa popular, consulta popular, referéndum y plebiscito con carácter vinculante.

Sería el principio, sólo el principio, de una auténtica división de poderes capaz de regenerar la vida nacional sin conmociones violentas. Reformas como esas no son del interés de las élites, los privilegios de que disfrutan son adictivos.

 




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