Tuesday 06 de December de 2016

Ley de Víctimas y Derechos Humanos

Arnulfo Joel Correa Chacón      28 May 2014 21:00:10

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Continuando con el tema relativo a la Ley de Víctimas, abordaré en esta ocasión de manera muy breve, la experiencia institucional de las víctimas.

Una vez definido el término víctima, entendemos pues, que todo individuo puede pasar fácilmente durante todo el proceso judicial, de imputado, detenido, procesado o delincuente, a víctima.

Generalmente se hace violentando los más elementales derechos que como ya dijimos, están previstos en el orden legal y que abarcan, desde que se presenta una denuncia hasta que se concluye con la sentencia.

Es por ello que considero necesario insistir en el importante papel que juega el debido proceso, orientado a garantizar que no se prive a ningún individuo de la oportuna tutela de sus derechos.

No es el hecho de cumplir con un trámite cualquiera o dar la apariencia ordenada y simplista de seguir el procedimiento, impone la necesidad de actuar con la debida diligencia para evitar que se transgredan los derechos de los involucrados.

Esto implica ciertas garantías mínimas que aseguren al imputado, primero su dignidad como persona y segundo la posibilidad de ejercer su derecho de defensa.

Es igualmente condenable que un inocente esté en prisión, como lo es también que un delincuente salga a la calle.

Sin duda, cuando la actuación de las autoridades falla derivado de excesos u omisiones, dichas circunstancias dificultan el esclarecimiento de los hechos, incluso en alguna medida puede ocasionar severas distorsiones en ellos.

De ahí la necesidad de que existan consecuencias jurídicas a todo desvío del ejercicio del servicio público, como la mejor manera de evitar su repetición.

La víctima, sobre todo el que resultó directamente ofendido, puede arrastrar al padecimiento de daños y perjuicios a sus familiares directos, o a las personas relacionadas con ella durante la contención del delito.

Un ejemplo es el delito de secuestro, entre otros motivos por haber sido negociador en su nombre, haber fungido como mensajeros, testigos, etcétera, poniendo en riesgo grave no solo su seguridad personal, sino también el patrimonio y la estabilidad de sus familiares y amigos.

Las víctimas de violencia familiar y sexual han sido de alguna manera privilegiadas, abriéndose espacios, albergues y refugios, pero a las víctimas de secuestro que fueron incomunicadas, torturadas física y mentalmente, en ocasiones mutiladas y finalmente despojadas de su patrimonio, ¿dónde, cuándo y cómo se les está atendiendo? Aún no lo sabemos.

No perdamos de vista que la negativa a presentar denuncias, es por la lentitud para recibirlas, por la falta de resultados y desde luego por temor.

La víctima no tiene la confianza en que la autoridad le garantizará su seguridad personal y mucho menos la de su familia, amigos y testigos que declaren a su favor.

Los delincuentes lo saben y por ello, amenazan siempre a las víctimas para que no los denuncien.
Debe hacernos reflexionar que la víctima le cree más a su victimario que a la autoridad. La sensación de inseguridad se acentúa cuando la víctima no recibe atención, información y respuesta adecuada a su grave situación individual, familiar y social.




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