Thursday 08 de December de 2016

Los municipios: reformar en las entrañas

Aquiles González Navarro      19 Sep 2013 21:14:37

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¡Nos dejaste un salvaje! Fue mi reclamo al hoy diputado Rafael Flores Mendoza, a propósito del sinfín de tropelías que su suplente a la Presidencia de Guadalupe hacía con la administración municipal. Como terapia de su ostracismo y megalomanía, el Presidente suplente inició funciones colocando en todas las áreas administrativas su fotografía con duración de cinco meses y, de allí para adelante… una fatalidad tras otra.

Y no era necesario que Rafael Flores heredara al municipio de Guadalupe a “un salvaje de la política”, puesto que una de sus ofertas de campaña lo fue su permanencia por tres años. El cumplimiento al mandato que en tiempo le otorgarían los guadalupenses se imponía, al recordar el triste período en el que Samuel Herrera dejó como heredero a Mario Román.

La política es de compromisos que se cumplen y el primero de ellos es el tiempo del mandato para el cual se es electo. Si son otras las aspiraciones que mueven al político, o se trabaja por aquellas, o mantiene un compás de espera.

Esos dos ejemplos (de Mario Román y de Gilberto Álvarez), como muchos otros, deber ser motivación para que la legislatura reforme la Constitución, la Ley Electoral y la Ley Orgánica del Municipio Libre, a fin de que, salvo enfermedad o auténtica causa de fuerza mayor, los presidentes municipales cumplan el término de tres años de gobierno, sin que puedan acceder a otro mientras tanto; persuadidos que al abandonar las funciones que por determinación popular les fueron encomendadas, es un acto de traición a la confianza de los ciudadanos expresada en las urnas.

El Municipio Libre que refiere el primer párrafo del artículo 115 de la Constitución Federal, tiene a su cargo entre otras de sus importantes atribuciones: Fr. V inciso f) “Otorgar licencias y permisos para construcciones”.
Para tal efecto se cuenta con las Direcciones de Obras y Servicios Públicos, pero también y, con mayor poder de decisión, de las comisiones de obras públicas, integradas por regidores.

Estas comisiones, con un presidente, un secretario y varios vocales, dictaminan sobre cambio de uso de suelo, anuencias para el trámite de prescripción positiva, algunas obras extraordinarias y fundamentalmente, para la autorización de nuevos fraccionamientos.

En el caso de nuevos fraccionamientos es importante garantizar el abastecimiento de servicios urbanos, principalmente los que tienen que ver con agua potable y alcantarillado. Evitar la descarga de aguas negras en arroyos y parte muy importante: la calidad de las casas de interés social que se ofertarán a la gente, para lo cual el municipio cuenta con inspectores de obra.

Este esquema que faculta al municipio para el otorgamiento de licencias y permisos de construcciones, ha extraviado en muchos casos su cometido social, al “comprarse” en la práctica el permiso de construcción (sobre todo de nuevos fraccionamientos), sin que el constructor ni el municipio garanticen los servicios y sin que el primero acredite calidad en las casas que se ofertarán a los ciudadanos.

El dinero que el constructor paga, generalmente no ingresa a las arcas del municipio, aunque a éste tampoco le importa el destino que se dio al recurso económico. Finalmente el cometido se ha cumplido: el permiso de construcción del nuevo fraccionamiento.

Pero es en el último eslabón del proceso empresarial donde la cadena repercute: en el comprador de la casa de interés social.

Si el constructor es despojado de recursos económicos, la calidad de la obra desmerece, presentando en corto tiempo problemas de estructura y sin que el municipio, o sus autoridades encargadas, estén en condiciones de exigir calidad en el servicio.

Las complicidades cuestan y es el ciudadano quien las sufre.

*Docente universitario
licaquilesgonzalez@hotmail.com





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