Thursday 23 de February de 2017

Más allá de personas, más allá de siglas partidistas

J. Luis Medina Lizalde      9 Feb 2014 22:00:04

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¿Es viable que de la sociedad civil broten iniciativas para constituir congresos populares locales, como el que, en el plano nacional, tuvo un significado el pasado 5 de febrero en la ciudad de México?

Si tomamos en cuenta que el proceso de aprobación de las reformas constitucionales impulsadas por Peña Nieto puso de manifiesto el sometimiento del “Honorable” Congreso de la Unión a la par de los congresos locales que, como el de Zacatecas, fueron incapaces de aparentar un mínimo de decoro ante la determinación del residente temporal de Los Pinos, no tenemos ninguna duda de que la ilegitimidad no es exclusiva del Congreso federal.

Lo que falta por saber es si en las entidades federativas los juristas de prestigio, los académicos de posturas críticas, artistas e intelectuales de espíritu independiente son capaces de detonar o al menos de acompañar procesos colectivos orientados a recuperar los órganos de representación ciudadana arrebatados, tal como ahora lo hacen varios de los más prestigiados miembros del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM junto con prestigiados exponentes de la ciencia y la cultura.

El texto del licenciado Aquiles González, publicado el viernes 7 de febrero en Imagen, “El Caballo de Troya en el escenario electoral”, es un temprano aviso de que las elecciones federales del 2015 y locales en 2016 seguirán siendo interferidas por la acción gubernamental.

Al ocuparse de 31 nombramientos de funcionarios menores, el exprocurador manifiesta: “el supuesto de que se otorgaron nombramientos para operadores políticos y no para servidores públicos es de fácil deducción con el simple vistazo a los nombres de los favorecidos: personajes prácticamente dedicados a la ‘grilla’ y no a funciones que tengan que ver con la administración pública. ¿Los cargos? Igual, creados a partir de un mapeo político y el nombre sacado de la manga”.


Un daño mayor
La reflexión del profesor universitario alude al funcionamiento del gobierno como partido político que se acentúa en cada proceso electoral, reduciendo a un simple juego retórico la democracia electoral; sin embargo, la visión que subordina lo institucional a la facción electoral que gobierna produce un daño todavía más grave a los intereses de toda sociedad donde eso se acostumbra.

Cuando se integra la administración a partir de requerimientos electorales o como pago a servicios en campaña se sacrifica la capacidad para la función, llenando la administración pública de improvisados que estarán solo un tiempo en el encargo, dado que su marca de origen, en la mayoría de los casos, tiene vigencia mientras el que los puso dure en virtud de que el nuevo mandón tiene sus propios compromisos.

Unos pocos se vuelven especialistas en sobrevivir porque saben traicionar al jefe que los nombró y al que “le dan el avión” hasta que vislumbran con certeza el nombre del nuevo mandón; no son de esos servidores que se integran a gobiernos de distinto signo político sin ser señalados como desleales profesionales porque su probidad institucional y su eficaz desempeño los recomiendan.


Renato Sales, el recién comisionado antisecuestros es, en mi opinión, un buen ejemplo. Pero los que su permanencia transexenal la basan en su destreza para cambiar de bando a tiempo son las manzanas podridas que hacen descender la moral pública a sus niveles ínfimos.

Otra consecuencia no menos grave consiste en la desmotivación de la fuerza laboral al servicio de un gobierno que no gratifica la capacidad, dedicación y honestidad, sino que premia la incondicionalidad.


Cambiar de timonel sin cambiar de rumbo, esfuerzo inútil
Aunque comparto la reflexión crítica del exdiputado Aquiles González, considero que sería equivocado no advertir que la incrustración de operadores político electorales en tareas institucionales es una práctica que la oposición copió del PRI cuando arribó al gobierno, haciendo fracasar la alternancia y el amorfo pluralismo que impregna la vida institucional.

El cambio de siglas y de personas al frente de los destinos públicos no elimina los vicios que criticamos; por ello, vale la pena plantear no solamente cómo lograr que en el 2015 y el 2016 los gobernantes no se asuman como jefes partidistas y respeten el libre juego democrático, sino cómo lograr que no desperdiciemos nuestras energías en cambiar unas personas por otras, unas siglas partidistas por otras y al final de cuentas todo siga igual.

¿Seremos capaces de tener algún día un Congreso local que represente al pueblo y no al gobierno y cuyos integrantes no estén bajo sospecha de vender su voto? ¿Lograremos una fiscalización del gasto público más allá de la retórica? ¿Conquistaremos un gobierno donde la capacidad, la honradez y la dedicación cuenten más que el servilismo?

Nos encontramos el jueves en El recreo.
 




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