Sunday 04 de December de 2016

Primero los derechos, luego el futbol

Carlos Miguélez Monroy      13 Jul 2014 23:40:07

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Con las protestas en las calles de Brasil contra la Copa del Mundo en su apogeo, Joseph Blatter, presidente de la FIFA, anunció en marzo que la elección de sedes mundialistas tomará en cuenta los derechos humanos.

Blatter matizó, sin embargo, que este criterio tendrá vigencia del mundial de 2026 en adelante, pues los de 2018 y 2022 ya están asignados respectivamente a Rusia y a Qatar. Ambos han sido cuestionados en los últimos años por temas relacionados con los derechos humanos.

En Rusia hay leyes que criminalizan las “manifestaciones públicas” de homosexualidad, mientras en Qatar, las condiciones de trabajo, los derechos de la mujer y de libertad de expresión preocupan a los defensores de los derechos humanos.

Iniciado este mundial, han perdido fuerza las protestas en “el país más futbolero del mundo” por el despilfarro y porque el gobierno antepuso el cumplimiento de las exigencias de la FIFA al bienestar general.

La oposición de muchas personas que se consideran amantes del deporte rompe con el prejuicio de que el pan y circo mueven a las masas.

Federico Mayor Zaragoza, que se refiere al siglo 21 como al siglo de la gente, sostiene que hay una ruptura respecto al siglo anterior en la forma de entender los derechos humanos. Algunas de las mayores atrocidades las cometieron los propios Estados o con su complicidad.

El sistema internacional y de derechos humanos que surgió tras la Segunda Guerra Mundial dio al Estado la principal responsabilidad de respetar y hacer respetar, proteger y promover los derechos humanos.

Desde hace años proliferan nuevos actores que escapan al control de los gobiernos. La actividad de ciertas empresas influye en las condiciones de trabajo, en el acceso a la vivienda y a derechos básicos como el agua y el derecho a la protesta.

La ONU acaba de aprobar una resolución que establece la creación de un grupo de trabajo de cara a establecer normas vinculantes que obliguen a las empresas transnacionales a rendir cuentas por sus actividades. Se trata de un paso más firme que los dados en 2005 con el Pacto Global para empresas multinacionales con el fin de que adoptaran ciertos principios.

Sin embargo, se trataba de principios “voluntarios” que, al final, no podían reclamarse ante los tribunales en caso de violaciones de derechos humanos en las que se vieran implicadas empresas.




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