Sunday 04 de December de 2016

No hay “capitalismo de compadres” sin “debilidades institucionales”

J. Luis Medina Lizalde      2 Nov 2014 20:29:30

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Sumergidos en la crisis, en vísperas del paro nacional de 72 horas convocado por el estudiantado para exigir la aparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa víctimas de desaparición forzada, el quehacer institucional continúa su rutina de simulación sin dar visos de enmienda, a pesar de que la acumulación de problemas amenaza con el desbordamiento general.

Los partidos firmantes del Pacto “por México”, continuando con su uniformidad de criterios en coyunturas de máxima trascendencia, han suscrito el acuerdo de “blindar” el proceso electoral del próximo año de los riesgos de infiltración del narcotráfico como si en verdad tuvieran posibilidad de hacerlo.

Los narcos no portan uniforme y la clandestinidad de sus actividades los hace indetectables para quienes no disponen de los elementos para la investigación del delito y cuando los que sí disponen de tales elementos, en virtud de que su tarea consiste en eso, no son capaces de dar la alerta solicitada.

Si la Procuraduría General de la República (PGR) resultó incapaz de advertir los nexos del expresidente de Iguala, José Luis Abarca, cuando se le incluyó en la lista de candidatos entregada por el PRD, según lo dijo su actual vocera, ¿cómo harán los dirigentes partidistas para detectar lo que la PGR no puede?

¿Cómo se aseguran de no excluir a víctimas de rumores esparcidos por adversarios de mala fe o narcotraficantes para afectar a quienes no ven moldeable a sus intereses? Optar por la simulación es eludir una verdad amarga: la inoperancia de la instancia que persigue el delito.

La terrorífica disyuntiva de muchos
El crimen organizado requiere de los servicios más diversos: médicos y hospitales, servicios funerarios, policías, custodios carcelarios y peritos, jueces y taxistas, prestanombres y notarios, operadores financieros incrustados en el sistema bancario, informantes en el Ejército y la Marina, periodistas y presidentes municipales, políticos y curas, abogados no se diga.

La historia del crimen organizado revela que la colaboración social que logra la consiguen poniendo en práctica una variedad de estrategias que van desde la creación de un entorno amigable en zonas de marginación social mediante el reparto de electrodomésticos (como lo hizo El Lazca en Calera en concurridísimo evento).

También con la entrega de maíz, frijol carnes frías, ropa, zapatos y demás mercancías contenidas en vagones de tren y trailers que caen en sus manos, hasta la intimidación violenta.

Plata o plomo es la amarga disyuntiva que enfrentan cotidianamente muchos mexicanos, algunas veces se paga con el descrédito y el final de una carrera (el corresponsal de Televisa en Michoacán es un probable caso), otros con años de cárcel y buena parte con la vida.

El reclutamiento forzoso de jóvenes para emplearlos como sicarios o informantes ha sido puesto al descubierto en no pocas ocasiones. La capacidad de infundir miedo es inmensa, como lo hace evidente el silencio de los familiares de desaparecidos.

La telaraña de complicidades es tan densa que impacta severamente la respuesta de la justicia. Se investiga sesgadamente, concentrando todo el peso de la ley en el perro más flaco, como es evidente en el caso Tlatlaya.

Ahí, los militares de bajo rango son sacrificados, haciéndose los disimulados con las probables responsabilidades de los altos mandos y del encubrimiento en que fueron pillados el gobernador del estado de México.

También el comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia; el procurador general de Justicia del estado de México, Alejandro Gómez, y el personal del Ministerio Público y de los servicios forenses de esa entidad que tomaron conocimiento del caso y avalaron la falsa versión del enfrentamiento.

Nuevos compadres al asalto
Cada vez que nos invade la sensación general de caos invocamos el estado de derecho, pero ¿qué hacemos ante las reiteradas muestras del régimen de incapacidad para cumplir y hacer cumplir la ley?

El dinero público se emplea delictuosamente en procesos electorales y nadie va a la cárcel por eso. La alternancia se pudrió cuando el Pemexgate tuvo que dejarse sin el castigo penal correspondiente a cambio de no hacer olas con las ilegalidades recaudatorias de los “amigos de Fox”.

Nuestras élites apoyan el fraude electoral siempre que el que quede se ponga a su servicio. La corrupción se come cualquier presupuesto, por grande que sea. La apertura al capital privado nacional y extranjero para la explotación de los recursos naturales se hace en el momento más agudo de “debilidades institucionales”.

Eso nos deja indefensos ante al avasallante poder corruptor de las grandes corporaciones. Las cúpulas de los tres poderes de la República viven nadando en privilegios que los vuelven sordos y ciegos. Nos encontramos el jueves en El recreo.




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